Desde hace más de una década en México se ha alentado un proceso de paramilitarización en diversas zonas de gran importancia geoestratégica. Y detrás de una supuesta guerra del Estado bueno contra los delincuentes malos hay una brutal disputa por territorios, mercados y recursos. En el marco de esta violencia civil molecular de todos contra todos, la violencia reguladora se ha utilizado para acabar con el “enemigo interno” y los “competidores” en la economía criminal, pero también para controlar a la ciudadanía.
El tristemente célebre “pelotón de la muerte” en Ojinaga, los estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por militares, el tema de los hermanos Almanza en Tamaulipas, las masacres de Tlatlaya y Tanhuato y las desapariciones de los normalistas en Iguala son algunos de los casos de una incesante serie de atrocidades donde han estado involucrados agentes del gobierno mexicano y que el analista Carlos Fazio documenta en su nuevo libro, Estado de emergencia.
Publicada bajo el sello de la casa editorial Grijalbo, la investigación del periodista uruguayo también evidencia un patrón histórico de encubrimiento e impunidad, cuyo resultado es un complejo vínculo entre grupos armados, élites políticas y económicas y una población que ha vivido ya demasiado tiempo entre el agravio, la indignación y el miedo.
“Una de las hipótesis del libro es que la guerra de las drogas no es tal guerra”, explica Carlos Fazio, entrevistado por Newsweek en Español. “Más bien tiene que ver con todo un proceso iniciado en la década de 1970 y que ahora está entrando en una nueva fase de acumulación capitalista por desposesión o despojo”.
Esta pretensión —añade el también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México— está relacionada directamente con la contrarreforma al artículo 27 de Carlos Salinas de Gortari de 1992, el cual refiere que la tierra que está bajo propiedad ejidal o comunitaria puede ser enajenada.
“Antes la Constitución lo prohibía, y ahora tiene que ver con la última fase de la privatización del petróleo, el gas natural y los hidrocarburos, pero también del agua. De este modo, lo que planteo es que esta violencia responde a una nueva fase de acumulación capitalista que se expresa mediante esta violencia encubierta del Estado”.
FOTO: Antonio Cruz/NW Noticias
—¿Qué ejemplo le parece que ilustra bien esta teoría, Carlos?
—Por ejemplo, el caso de tanta violencia en Tamaulipas. ¿Qué hay en Tamaulipas? Desde 1992 se señala que en ese territorio está la cuenca de Burgos y que es muy rica en gas. Tamaulipas limita al norte con Texas, donde está la zona petrolera de Estados Unidos, donde está el clan Bush, y al costado está el Golfo de México, en donde está el hoyo de dona, el tesorito perdido en el fondo del mar del que hablaba Felipe Calderón en 2008, cuando quiso hacer lo que finalmente logró Peña Nieto. La violencia atribuida a Los Zetas en realidad es una dinámica dirigida a romper el tejido social, desplazar a la población mediante el terror. Los grupos de la comunidad criminal no son sólo cárteles de la droga, funcionan como máquinas de guerra entrelazados con las máquinas de guerra oficiales. Muchas veces se confrontan y muchas veces colaboran, el caso más claro es el de Iguala, agentes municipales, policías federales, ejército, policías ministeriales hacen operativos con grupos criminales de Guerreros Unidos.
La obra de Fazio también aborda la ocupación integral encubierta de México por Estados Unidos como parte de una guerra de espectro completo del Pentágono, que abarca una política donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural, incluida la educación, tienen objetivos comunes.
Además, diagnostica la institucionalización del nuevo modelo de exterminio, el cual combina el accionar de la estructura del Estado mexicano con el de corporaciones transnacionales y grupos de la economía criminal a los que el Estado les cedió parte del monopolio de la violencia, lo que derivó en un entrelazamiento de máquinas de guerra para generar muerte masiva, ejecuciones selectivas por lista y un terror paralizante necesario para el control de la población.
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—¿Ese modelo oficial de exterminio cómo pudo ser instituido en México?
—Es parte de un proceso en donde hay actores encubiertos. Si tomamos de referencia el año 2006, existía una violencia criminal, tenía determinadas características, pero es a partir de 2007, con la guerra de Calderón, con la falsa guerra a las drogas, que comienza a haber degollados, descuartizados. Esos procedimientos no los utilizaban los narcos, que rara vez se metían con las mujeres, los niños, las familias. Alguien introdujo esa forma de violencia, la metodología del horror en México se fue remozando en Colombia, un país con 30 años de guerra de contrainsurgencia; durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe se profundizó esa metodología, que luego también se exportó a Afganistán, Irak, Libia, Siria.
En Estado de emergencia el investigador aborda también la continuación de la guerra de exterminio por Peña Nieto y disecciona el caso de Michoacán con la irrupción de grupos de civiles armados que enfrentaron a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios en el marco de un plan encubierto del ejército. Asimismo, reflexiona sobre los casos de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanhuato, los cuales desnudan la política de los grupos de seguridad como máquinas de guerra al servicio de un Estado terrorista que genera, además, aberraciones como la tortura, la detención y la desaparición forzada de personas.
—¿Cuál es su conclusión sobre el actual Estado mexicano y la lucha contra la delincuencia?
—El primer saldo de esa lucha, en marzo de 2012, lo dio el jefe del Pentágono, en una visita, después de una reunión con el secretario de la Defensa, con el almirante de la Secretaría de Marina y con el procurador general de la República. Dijo que era todavía temprano para evaluar el resultado de la guerra contra las drogas en México después de seis años, pero lo que veía como un problema era el alto número de muertos, iban 150 000. Desde 2012 para acá el número se ha incrementado —concluye—. Se habla de que, al final del sexenio de Peña Nieto, sumados los dos sexenios, podría haber más de 320 000 muertes vinculadas con esta guerra fraticida.
