Aunque el más reciente informe sobre la pobreza que emitió el órgano autónomo Coneval señala que, entre los años 2014 y 2016 el número de habitantes en pobreza disminuyó en un 0.9 por ciento, es decir, 1.9 millones de personas, México sigue siendo emblema de los contrastes sociales y económicos. Así, mientras en territorio nacional se aprecian ciudades con pequeños rascacielos, a unas cuantas cuadras se puede ver la enorme pobreza que aún tiene el país, sin dejar de tener en cuenta que las zonas rurales mantienen su ancestral subdesarrollo a la par de las naciones más pobres del mundo. Este país puede tener un clúster de alta tecnología aeroespacial muy cercano a áreas de pobreza extrema y marginación. El ser país eslabón entre naciones como Canadá y Estados Unidos y Centro y Sudamérica no ha hecho nada más que dejar en un mayor relieve los contrastes que durante siglos hemos venido creando sin que pareciera que esta terrible historia tenga un buen desenlace en el tiempo. Los centros de negocios o de alta tecnología desentonan con lacerantes zonas de miseria y abandono. Hay zonas de inversión y empleo e incluso bilingües que chocan con zonas presa del abuso clientelar de partidos políticos, la inseguridad y la marginación social y económica.
Es cierto que para muchos el tema del desarrollo y progreso es un mito como lo señala atinadamente Héctor Raúl Solís Gadea en su pertinente mención de la tesis del inglés Gray, en el sentido de que los ictiófilos buscan siempre ir hacia adelante a costa de todo y nunca mirar atrás, aunque en ello pierdan lo más elemental, ello en alusión a los buscadores del desarrollo. Al mismo tiempo, atina Wallerstein cuando nos enseña que el desarrollo es un mito y una ilusión porque el hombre siempre busca más haciendo que el estadio de bienestar sea inalcanzable. Sin embargo, al margen de estas consideraciones profundas y relevantes, la realidad es cruel. Hoy y ahora estamos ante más de 53 millones de personas que dentro de una nación viven en condiciones diametralmente distintas a las de la otra parte de la población, buscando satisfacer las necesidades básicas como alimentarse. No estamos ante el pensamiento de Hegel que señala que quien todo lo desea en realidad no quiere nada y, por tanto, no conseguirá nada; nos encontramos ante la presencia de seres humanos que no poseen lo más mínimo para vivir.
Al comienzo de este sexenio, el acuerdo fue el Pacto por México; se trató de un llamado político, económico y social para impulsar el crecimiento, construir una sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigualdad social en el país. Estos propósitos son, para todos, loables. Empero la realidad de pobreza en México y el conflicto sobre las cifras de la pobreza deben preocupar. Hay dudas sobre los mecanismos de medición de la pobreza, y hay aún más dudas sobre la eficiencia de muchos programas sociales para su combate, en tanto, los ciudadanos marginados y pobres están ahí esperando sentados desde hace décadas.
Según la teoría económico-social, una sociedad inequitativa —desde el punto de vista económico— tiende a generar instituciones económicas y sociales que defienden los privilegios de aquellos con mayor influencia. Es el caso de México. Existe una conveniente relación entre poder y los privilegios que genera que los excluidos de los beneficios aumentan en número y gravedad de sus carencias. Lo anterior se debe a la falta de acceso a recursos y activos, y notablemente a la falta de empoderamiento para incidir socialmente en la redistribución del poder y beneficios económicos. Esta lamentable realidad es la que se vive en este momento sin que parezca que siquiera se estén estableciendo las bases para revertirla.
La sociedad se siente en el desamparo al mismo tiempo que impotente y con mucho miedo. A esta realidad se suma la tradición y deformación muy mexicanas en el que se da por sentado que en el país es el gobierno quien soluciona o debe solucionar todos los males sociales y económicos y, por añadidura, acabar con la pobreza. Hace unos días, bastó con el afrontar la doble tragedia, generada por el sismo y huracanes en el sureste de México, para que salieran a relucir las limitaciones institucionales y financieras del Estado mexicano, aunadas a la corrupción y manipulación políticas de todo, incluida la propia tragedia. Lo anterior se hizo más grave cuando las sociedades afectadas fueron las de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que lamentablemente llevan siglos de marginación.
A la realidad que tenemos y que estamos obligados a afrontar se suma la debilidad institucional acumulada por años. Ello junto a la más reciente noción de que pobreza no nada más es falta de alimento, vivienda o vestido, sino a otros elementos igualmente relevantes como el asegurar la protección a la dignidad y libertades humanas. Actualmente, de acuerdo con organismos internacionales, la pobreza bien entendida no se trata solo de la falta de ingresos, sino también de la privación del acceso a los derechos necesarios para poder disfrutar de un nivel de vida adecuado. Esto se plasma en la falta de comida, trabajo, agua potable, tierra y vivienda, pero también en el aumento de la desigualdad, la falta de participación social, la xenofobia, el racismo, la violencia y la represión, todos, aspectos tristemente presentes en México. La pobreza en nuestro país lleva años existiendo y años presente en los discursos de todas las materias. Cuando la metodología para su medición y la entrega de reconocimientos políticos por su eficaz combate están dibujándose, nos enfrentamos a la realidad que nos presentó el sismo y los huracanes, en donde los ciudadanos pobres siguen ahí presa de todo y de todos, menos de la eficiencia.