Fue un momento raro de optimismo en Washington, y uno que ambos partidos pudieron disfrutar.
En un fresco día otoñal de 1986, el presidente Ronald Reagan se sentó ante un escritorio, en una tarima, en el Prado Sur de la Casa Blanca y firmó una ley histórica que cambió el código fiscal estadounidense. Entre sus partidarios más grandes estaban Bill Bradley, senador por Nueva Jersey y demócrata, y Jack Kemp, representante por Nueva York y republicano. Notablemente, la ley bipartidista logró lo que legisladores de izquierda y derecha habían propuesto desde hacía mucho: eliminar las deducciones locas y usar ese dinero para reducir las tasas fiscales. “Millones de trabajadores pobres serán retirados de las planillas de impuestos de plano”, dijo Reagan. “Vamos a hacer que sea económico criar a un niño de nuevo. Las tarifas más planas significarán que todas las personas y todas las corporaciones pagarán su parte justa”.
Más de 30 años después, republicanos y demócratas tratan de revivir ese espíritu bipartidista, y algunos son optimistas —por lo menos públicamente— de que una ley tributaria de gran amplitud es posible. “Es hora de desatar todo el potencial de la economía estadounidense mediante crear un código fiscal que en realidad funcione para la clase media”, dice Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, está de acuerdo: “Esto se trata de crear un sistema fiscal justo que sea bueno para la persona promedio de clase media”. Previamente este verano, decenas de senadores demócratas se ofrecieron a trabajar con los republicanos en una ley fiscal, siempre y cuando no afecte a la clase media.
Ahora, la realidad: el plan de la Casa Blanca de cambiar el sistema fiscal estadounidense posiblemente termine como el intento republicano de derogar y remplazar el Obamacare, un desastre partidista en el que poco o nada se haga. Si el presidente Donald Trump en verdad quiere cambiar el sistema fiscal de alguna manera significativa, tendrá que sumergirse en la parte más pantanosa del pantano: el lugar donde los intereses especiales vigilan sus balances finales.
YA BASTA DE PAGAR A MEDIAS: La ley fiscal que Ronald Reagan firmó en 1986 logró lo que ambos partidos habían propuesto desde hacía mucho: eliminar las deducciones locas y usar el dinero para bajar las tarifas. FOTO: BOB DAUGHERTY/AP
El equipo de Trump probablemente está consciente de contra qué se enfrenta, pero eso no lo hace más fácil. Por ejemplo, Mnuchin dice que está determinado a derogar la deducción federal para impuestos sobre la renta estatales y locales. Más de 88 por ciento de ello va para quienes ganan más de 100,000 dólares. (Mnuchin, quien ganó más de 1,000 millones de dólares en Wall Street, ha bromeado que sus amigos en Nueva York y Connecticut serán los más afectados.) Eso es exagerar las cosas, pero esta es la sexta laguna jurídica más grande, según la no partidista Tax Foundation; le cuesta al gobierno federal casi 100,000 millones de dólares al año, lo cual la convierte en un objetivo principal de un recorte.
Pero los legisladores de estados con altos impuestos sobre la renta estatales, sin mencionar sus votantes, van a combatir esa acción. Ya 70 miembros de la Cámara de Representantes han firmado una carta a Mnuchin instándolo a dejarlo por la paz. Otras grandes exenciones tributarias que posiblemente estén en la mira son los planes de retiro como el 401(k), los cuales son cercanos a 200,000 millones de dólares anualmente. Pero estas deducciones también tienen sus partidarios.
Atacar los intereses especiales será todavía más difícil para el presidente. El código fiscal ofrece incontables exenciones para todo, desde pequeñas aseguradoras hasta gastos de profesores. Casi todo artículo debe ser escudriñado si la Casa Blanca espera recortar las tarifas. Y estos intereses especiales contraatacarán. La industria del etanol se prepara para proteger su trato favorable en el código fiscal. Las tribus indígenas estadounidenses trabajan duro para asegurarse de preservar su exención en ciertos tipos de tributación federal. Muchos otros hacen lo mismo.
El gran problema es los números. El presidente quiere reducir la tarifa del impuesto sobre la renta corporativo a 15 por ciento de su tarifa actual de 35 por ciento, la cual, a primera vista, está entre las más altas del mundo. Pero hacer eso es tremendamente costoso. Reducir las tarifas a 15 por ciento aumentaría el déficit federal en más de 2 billones de dólares en una década. Ello son muchas deducciones de intereses especiales que tendrían que recortarse. Si Trump va a reducir las tarifas, por lo menos tendrá que abordar algunos de los artículos populares como la laguna jurídica del 401(k), como hicieron los legisladores en 1986. E incluso los aliados de Trump en el Congreso han cuestionado si la tarifa tributaria corporativa podría caer incluso a 25 por ciento sin expandir considerablemente el déficit.
EL CONGRESO QUE NO HACE NADA: El senador republicano Bob Corker habla con reporteros en el Capitolio de EE UU en julio. Él y sus colegas republicanos fallaron en derogar y remplazar el Obamacare, a pesar de años de promesas. FOTO: CHIP SOMODEVILLA/GETTY
Para complicar las cosas, los demócratas insisten en que ningún votante de clase media sea exprimido. Ellos han dicho que cualquier plan fiscal no puede reducir o aumentar la cantidad general de ingresos fiscales que el gobierno federal recibe. Ambas metas serán difíciles de lograr, dado cómo la clase media se beneficia de las deducciones fiscales sin siquiera saberlo. Uno de los obsequios más grandes es la exención de las contribuciones de los empleadores al seguro de salud. No te gravan la parte que tu jefe paga de la cuenta, incluso cuando en esencia es un ingreso con otro nombre. Ello le cuesta al gobierno 260,000 millones de dólares anualmente.
Para disgusto de Trump, los líderes del Congreso ya perdieron una manera de potencialmente aumentar el ingreso. Para finales de julio, los legisladores consideraban un ajuste al impuesto fronterizo a los artículos producidos en el extranjero, sin importar si fueron hechos por una compañía estadounidense. Pero los republicanos en el Congreso y la administración de Trump no pudieron ponerse de acuerdo en los términos. Rechazar este tipo de impuesto es una victoria para los multimillonarios conservadores Charles y David Koch (varios de los grupos conservadores que ellos financian lo combatieron). También es un golpe a la promesa de campaña de Trump de aplicarles tarifas a los artículos hechos en el extranjero.
Otro gran problema para Trump es que ha dedicado tan poco trabajo en desarrollar un plan. Parte de la razón por la que la ley de 1986 tuvo éxito fue que el Departamento del Tesoro, con los secretarios James Baker y Donald Regan, elaboró propuestas detalladas que ayudaron a acelerar el proceso. Sin embargo, la administración de Trump ha estado enredada en caos y controversia. Esta primavera pasada, Trump sorprendió a su equipo económico al decir que iba a revelar un plan tributario muy pronto. Mnuchin y otros altos funcionarios garabatearon y luego publicaron una declaración risiblemente vaga que incluía cosas como “eliminar deducciones fiscales en la mira que principalmente benefician a los contribuyentes más acaudalados”. Pedir recortes vagos sin saber cómo pagarlos es como decir que vas a perder peso sin hacer dieta y ejercicio.
Para ser justos, hay unas cuantas razones para ser optimista. Muchos de los grupos cabilderos quieren cambiar el código fiscal. Estadounidenses por la Prosperidad, el grupo apoyado por los hermanos Koch, tiene un plan elaborado (y costoso) para fomentar el apoyo a una reforma fiscal, incluido el comprar anuncios de televisión en los estados y distritos de residencia de miembros del Senado y la Cámara de Representantes que podrían estar titubeando. Inició su campaña en un evento el 2 de agosto en el Newseum en Washington. Mientras tanto, la Red de Acción Estadounidense, un grupo de inclinación republicana, habla de gastar 20 millones de dólares para que se apruebe una gran ley fiscal. Y grupos empresariales convencionales como la Cámara de Comercio y la Mesa Redonda Empresarial están presionando especialmente duro para reducir la tarifa corporativa, algo que muchos demócratas también favorecen.
Pero para que pase un plan tributario por los comités, la Cámara de Representantes y el Senado este otoño, el Congreso debe resolver primero una polémica batalla presupuestal. Y eso va a ser un desastre partidista. El gobierno federal necesitará aumentar el techo de deuda para el 29 de septiembre para evitar un golpe potencialmente catastrófico a los mercados financieros, lo cual pondría en duda la fe y el crédito de EE UU al pagar sus deudas. Como las administraciones anteriores, la Casa Blanca de Trump quiere un aumento “limpio” del límite de deuda, uno sin condiciones previas. Pero republicanos y demócratas tienen mucho en mente, especialmente los republicanos, quienes quieren usar el techo de deuda para recortar el gasto y financiar un muro fronterizo. Si el calendario del Congreso se abarrota mucho, olvídese de un nuevo plan tributario.
El Congreso no era puros abrazos y besos en 1986, pero era un lugar mucho menos dividido. Los líderes de partido tenían mucho más control sobre sus miembros rebeldes. Había muchos centristas dispuestos a trabajar con el otro bando. E incluso entonces, los cabilderos casi destruyeron la ley, y luego tuvieron éxito en estrangular el código fiscal con nuevas deducciones.
Va a ser mucho, mucho más difícil esta vez, y Donald Trump no es Ronald Reagan. Con toda probabilidad, lo más que podemos esperar es una reducción en la tarifa corporativa. ¿Pero cambios verdaderos al código fiscal para empresas e individuos? El pantano prevalecerá.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek