Las acusaciones y sospechas de corrupción envuelven a autoridades de todos los órdenes de gobierno.
En Baja California se ha escuchado del enriquecimiento acelerado de más de un político, de sobornos, de desvío de recursos y otros delitos, pero poco sobre sanciones.
José María Ramos, Profesor investigador en Temas de Administración y Gerencia Pública de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), considera que es falta de voluntad.
“Se quedan así, en suposiciones, porque desafortunadamente las instancias correspondientes que deberían hacer las justificaciones o las comprobaciones correspondientes de los recursos desviados, no cumplen su papel”, dice.
En los últimos 10 años, seis ex alcaldes de los cinco municipios fueron acusados de desviar cientos de millones de pesos. Descontaron de la nómina de los trabajadores las cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), pero no las entregaron.
Únicamente el ex alcalde priísta de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, y su tesorero José Fernando Martín del Campo, están hoy frente a tribunales.
La paradoja es que cuando se trata de acusaciones de corrupción, lo más común es que se desvanezca el escándalo y los funcionarios sospechosos tengan otro cargo público.
En medio de escenas como esas nace el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En Baja California los diputados cumplieron la orden federal creando la versión regional: el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Pero todavía falta mucho para comprobar su efectividad.
Abogados aseguran que sus resoluciones pueden ser nulas porque sobrepasan la instrucción federal, y también desconfían de la participación de empresarios como propuesta ciudadana.
Los legisladores que aprobaron el nuevo aparato para contener la corrupción celebran la participación ciudadana, pero no descartan demandas de inconstitucionalidad contra su reforma.
“Si hubiese alguna situación, que sea la corte la que nos lo instruya. De eliminar la participación de los ciudadanos”, dice Alejandro Arregui, líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El SEA tendrá que investigar, sancionar administrativamente y demandar penalmente a autoridades y particulares. Incluso buscar la extinción de empresas vinculadas a daños graves a las arcas públicas.
El entramado reúne a todos los órganos internos de vigilancia y fiscalización del dinero público en los Ayuntamientos y el estado para trabajar bajo los mismos lineamientos.
El Órgano de Fiscalización del estado (Orfis), será ahora la Auditoría Superior del Estado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde particulares y autoridades dirimen controversias, cambia a Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Los dos nuevos titulares serán nombrados por mayoría calificada del Congreso.
También nombrará al responsable del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Baja California, (IEEBC), y a un Magistrado Especializado en Combate a la Corrupción. Estas dos figuras son nuevas, igual que el Fiscal Anticorrupción.
“Nosotros calculamos que esto nos va a llevar a inicios del 2018. Porque después del 18 de julio, lo que sigue es expedir convocatorias para todos esos procesos de nombramiento”, dice el diputado Andrés de la Rosa Anaya.
A inicios del mes pasado, Coparmex pidió al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid que retirara su iniciativa, y pidió apoyo para la propia. Vega dijo que su iniciativa se quedaba, y así fue. FOTO: NEWSWEEK EN ESPAÑOL BAJA CALIFORNIA
El ordenamiento federal dice que a más tardar el 18 de julio, el Sistema Estatal Anticorrupción debe también tener sus leyes secundarias. Allí vendrá el hilo fino para tejer los nuevos nombramientos.
Igual que a nivel nacional, la pregunta es quién va a ocupar en el estado el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
El acuerdo de los legisladores es que habrá una convocatoria pública. Los interesados se presentarán ante una Comisión Especial formada por tres diputados y cuatro ciudadanos, que presentarán a los seleccionados al Congreso.
Es allí donde el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho A.C., de Mexicali, dice que hay una inconstitucionalidad.
“Si el fiscal anticorrupción te judicializa, te puedes amparar contra efectos del fiscal anticorrupción. Porque no está legitimado”, asegura su presidente, Juan José Castro Crespo.
En el Comité de Participación Ciudadana habrá 15 civiles en lugar de los cinco designados a nivel federal. En el Comité Coordinador serán 11 y no uno.
En ese segundo comité también están todos los órganos de vigilancia de los servidores públicos en municipios y estado.
Ante la duda de quién ocupará el cargo de Fiscal Anitcorrupción, el diputado Raúl Castañeda dijo que el nombramiento lo hará el Congreso del estado de forma abierta y transparente. FOTO: COMUNICACIÓN SOCIAL PODER LEGISLATIVO.
El panista De la Rosa Anaya dice que rectificarán si lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero sostiene que no van en contra del sistema nacional.
“La reforma federal no prohíbe que haya más ciudadanos. Entonces nos permite a nosotros poder confeccionar a la altura de lo que quiere Baja California esa participación ciudadana”, argumenta.
El Comité de Participación Ciudadana será seleccionado por cinco ciudadanos, y estos serán elegidos por el Congreso.
Para los diputados esos espacios son un motivo para aplaudir, pero para el abogado Castro Crespo, fue darle “demasiado juego a la iniciativa privada”.
El logro fue de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con su iniciativa presentada junto al Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC), la Asociación de Criminología del Noroeste, Cetys Universidad, Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), entre otros.
“Son grupos afines. Definitivamente son ciudadanos, pero todos sabemos que iniciativa privada y gobierno es lo mismo, porque en esos grupos no está el común de la gente”, afirma el presidente del Colegio de Abogados en el ejercicio libre del derecho.
El incremento de espacios ciudadanos en el sistema estatal fue parte de la discusión de los diputados al aprobar la creación del SEA.
Jorge Núñez, diputado del Partido de Baja California (PBC), dice en entrevista que propondrá al congreso local una iniciativa para que la federación cambie los lineamientos, y cada estado defina el número de espacios ciudadanos que prefiera.
Pero también es necesario garantizar que esa participación ciudadana sea lo más amplia posible, asienta.
“Aunque yo vengo del sector empresarial, hay muchos más sectores igual o más importantes que deben de estar involucrados”, indica.
Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex Mexicali, fue uno de los voceros empresariales para la iniciativa. Fue contactado en más de una ocasión para una entrevista, pero no respondió.
Para la creación del SEA fueron combinadas cuatro iniciativas: una del ejecutivo, otra del Partido Acción Nacional (PAN), una más del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la de Coparmex.
En conferencia de prensa en los primeros días de junio, Coparmex solicitó al gobernador Francisco Vega de Lamadrid que retirara su iniciativa, y pidió apoyo para la propia. El gobernador dijo que su iniciativa se quedaba, y así fue.
Los empresarios y asociaciones civiles como la barra de abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco, consideraban que el gobernador buscaba que el fiscal anticorrupción fuera designado por el ejecutivo en turno.
Él respondió que la elección sería una responsabilidad del Congreso. Allí su partido, el PAN, tiene mayoría de diputados.
“Ese sistema de selección yo lo estoy dejando, ¿a qué lo estoy dejando?, a que los ciudadanos como los que ya presentaron su iniciativa y demás, digan, propongan”, dijo entonces.
El seleccionado de entre las propuestas que haga la Comisión Especial formada por ciudadanos y diputados tendrá que obtener los votos de la mayoría calificada del Congreso. Esto equivale a las dos terceras partes de los legisladores que estén presentes en la sesión.
El investigador José María Ramos advierte que el método genera escepticismo porque aunque sigue la línea federal, es también el modelo que reproduce las cuotas de poder entre los partidos.
“El problema que vemos es que en algunos o varios casos, los conocimientos que tienen las instancias legislativas no es tal. Por lo tanto en muchos de los casos se eligen a personas que van a responder no tanto a una autonomía o una capacidad efectiva”.
Los casos exitosos a nivel internacional, compara, son de Fiscalías completamente independientes.
El diputado Jorge Núñez asegura que buscaron otras opciones para la elección como dejarla a empresarios o académicos, pero “está muy complicado”.
Lo que queda, subraya el legislador del PBC, es dejar muy claro en las leyes secundarias el procedimiento de selección para que el nombramiento no se convierta en moneda de cambio.
“No te dice si no tenemos las dos terceras partes, qué es lo que sigue. En la ley secundaria hay que aclararlo, y esa aclaración debe de ser muy precisa para evitar que digan: ‘Si no se pudo con dos terceras partes, vamos a hacerlo por mayoría simple’. Obviamente no lo vamos a permitir”, advierte.
El Fiscal Estatal Anticorrupción durará cuatro años en el puesto y podrá ser ratificado una vez. El Magistrado especializado en combate a la corrupción podrá permanecer seis años y repetir otro período igual.
El Sistema Estatal Anticorrupción no solo actuará contra funcionarios públicos. Los particulares coludidos con ellos en casos de corrupción también pueden ser sancionados.
Igual que los servidores públicos tendrán que restaurar el daño económico, y serán inhabilitados para firmar contratos con dependencias de gobierno.
Lo mismo sucederá con las personas morales cuando un particular actúe en su nombre y para su beneficio.
Incluso el Tribunal de Justicia Administrativa podrá buscar la disolución de una empresa “en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves”, según el dictamen que los diputados aprobaron por unanimidad.
Lo que no han acordado es la creación de la Fiscalía General de Justicia Estatal, para sustituir a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).
Donde no habrá cambios es en el método de selección del fiscal general que seguirá a cargo del Congreso, dice Andrés de la Rosa Anaya.
“Se sostiene jurídicamente que el Congreso puede ser quien nombre al fiscal anticorrupción, dado que estamos amarrando el nombramiento del fiscal anticorrupción con la creación de la fiscalía general del estado”, justifica.
El diputado panista refiere que en el transcurso de esa discusión legislativa acordarán sobre la salida o permanencia de la procuradora de justicia, Perla del Socorro Ibarra, al frente de la nueva fiscalía general.
“Si hubiera que expedirse un nuevo nombramiento, pues ella también estaría en facultad para poder participar en ese proceso”, adelanta.
La reforma aprobada por el Congreso local tiene que ser respaldada al menos por tres de los cinco Ayuntamientos. Después viene la publicación en el Periódico Oficial para entrar en vigor.
El Cabildo de Tecate fue el primero en aprobar la reforma constitucional, menos de una semana después de la votación de los diputados.
Pero el abogado Juan José Castro Crespo cree que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid podría corregir la plana del legislativo.
Dice que la ley es discriminatoria cuando pide a los interesados en la fiscalía y otros nombramientos nuevos, tener tres años sin vínculos con partidos políticos o gubernamentales.
“Si el gobernador se pone a analizar bien esa ley, de acuerdo con sus asesores, pienso que va a llegar a la idea de que es violatoria de derechos humanos, y que le impide el derecho a participar a cualquier persona”, opina.
Los cambios que permitieron la creación de la Fiscalía Anticorrupción también provienen de propuestas realizadas en los foros organizados por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Andrés de la Rosa Anaya. FOTO: COMUNICACIÓN SOCIAL PODER LEGISLATIVO.
De las leyes que faltan para terminar de construir el andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción todavía no hay novedades.
Esta vez no hay tantas iniciativas y por eso el diputado priísta Alejandro Arregui destaca que su partido ya tomó la delantera. Presentó la propuesta para la ley del SEA, del Tribunal de Justicia Administrativa, cambios al Código Penal, y otros.
Allí quedarán definidos los detalles de delitos y tipos de sanción, así como nuevas atribuciones y responsabilidades de los órganos de fiscalización y vigilancia para servidores públicos y particulares.
“Ya la comisión puede empezar a trabajar en los dictámenes correspondientes, ya están las iniciativas presentadas. Somos el único partido que las presentó”, afirma.
La iniciativa privada ha conseguido colocar a algunos empresarios en diferentes espacios como el Consejo Estatal de Seguridad Pública y un regidor en Tijuana. Coparmex en su iniciativa contemplaba también participación ciudadana en los nombramientos de todos los titulares de los órganos de control, pero esto quedó fuera.
Para conocer el origen del nuevo fiscal anticorrupción, habrá que esperar las propuestas de los ciudadanos elegidos por el Congreso para ser parte del SEA.