El 91 por ciento de las personas desaparecidas en Nuevo León, México, entre los años 2005 y 2015 no contaban con antecedentes criminales, reportó el Observatorio sobre la Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El reporte está basado en el análisis de 548 casos de desaparición, documentados por la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y complementado con la revisión de notas de prensa sobre casos de desaparición publicados entre 2010 y 2016.
Con base en estos datos, el informe arrojó una proporción de nueve casos de desaparecidos inocentes por cada uno ligado a criminales. De acuerdo con el análisis, la mayoría de los registros son de víctimas sin evidencias de algún vínculo con el crimen organizado. “Hay razones distintas al ajuste de cuentas detrás de la desaparición”, expone el organismo.
Sin embargo, advierte el Observatorio, este resultado puede deberse a un sesgo de la información disponible, “pues pudiera ser que mayoritariamente llegasen a CADHAC aquellos casos de desaparecidos no vinculados con actividades criminales”.
El organismo también encontró que detrás del 46.76 por ciento de las desapariciones ocurridas en Nuevo León entre 2005 y 2015 agentes estatales fueron señalados como responsables, en un 46.04 por ciento agentes estatales y en un 7.19 por particulares.
La mayoría de las víctimas de este delito son hombres, y representan el 86.7 por ciento de los casos; mientras que 13.3 por ciento restante son mujeres. Las desapariciones que arrojaron información disponible sobre la edad muestra que la mayor parte son personas de entre 18 y 33 años.
“El análisis de los casos de desaparición en este informe refuta ese imaginario oficial y social como lo han sostenido las organizaciones de derechos humanos y de víctimas en el que se asegura que a los desaparecidos ‘por algo se los llevaron’ o ‘se fueron por su propio pie’”, detalló el reporte.
Esta entrega del Observatorio sobre la Desaparición e Impunidad presenta los datos del caso inicial de Nuevo León y seguirá la revisión de cinco entidades más.