EN LAS PELÍCULAS o en la televisión, las cosas suelen suceder así: un auxiliar de justicia, actuando como un torpe mensajero en bicicleta, le entrega apresuradamente a alguien un citatorio mientras la persona sale de una tienda. Pero no ocurrió así en 2004, cuando me encontré en medio de otra investigación realizada por un asesor legal especial que amenazaba al gobierno republicano de esa época. En lugar de ello, recibí una llamada del FBI preguntándome si estaría dispuesto a responder algunas preguntas sobre un artículo que había escrito para la revista Time, en la que trabajaba como corresponsal en la Casa Blanca. Puse algunos reparos, y después de un poco de estira y afloja con el consejero de Time Inc., la empresa matriz de la revista, los federales simplemente enviaron por fax el citatorio a los abogados. Muy aburrido.
Sin embargo, lo que siguió no fue nada aburrido. Durante más de un año, junto con Time Inc., combatí en la corte evitar revelar mis diálogos con fuentes en lo que llegó a conocerse como el caso de las filtraciones de la CIA. Fue denominado así porque la identidad de Valerie Plame, una exagente encubierta de inteligencia, había sido revelada, en lo que constituía un posible delito y algo que presuntamente perjudicó la seguridad de Estados Unidos y puso vidas en peligro. No fui yo quien reveló la identidad de Plame; eso ocurrió antes de que yo comenzara a escribir acerca del caso. Sin embargo, Karl Rove, un funcionario del gobierno, me reveló la identidad de la agente. Nuestras apelaciones tomaron más de un año y llegaron hasta la Suprema Corte, que declinó escuchar nuestro argumento, según el cual yo no tenía que testificar contra una fuente debido al privilegio de confidencialidad, que es semejante al de los médicos y los clérigos. Durante una de las audiencias de apelación, escribí en mi cuaderno de notas: “Je suis fucked” (“Estoy jodido”). Terminaría contando mi historia ante un gran jurado.
El escándalo de las filtraciones de la CIA envolvió a Washington durante cuatro años y provocó la condena de I. Lewis Scooter Libby, jefe del gabinete del vicepresidente Dick Cheney, por acusaciones de mentir al FBI y obstruir la justicia. Yo fui testigo en su juicio. El presidente George W. Bush conmutó la sentencia de Libby, librándolo de ir a prisión, pero dejando al anteriormente poderoso asesor con una condena por delitos graves y con la pérdida de su licencia de abogado.
Yo estaba preparado para ir a prisión para evitar testificar sobre mis fuentes. Incluso contraté a un asesor penal, que me aconsejó, entre otras cosas, sobre cómo rechazar las insinuaciones de otros presos en lo que, probablemente, sería una instalación federal sombría, pero no excesivamente violenta (la respuesta fue algo como salido de la revista Cosmopolitan: di que te sientes muy halagado, pero declina cortésmente).
Por fortuna, mis fuentes (Libby y Rove) me dieron su autorización para testificar sobre lo que habían dicho bajo la cubierta de la confidencialidad. Sin embargo, aun así, pasé un tiempo considerable en la primera página del diario The New York Times, e incluso hablé en vivo en CNN enfrente del tribunal Federal de Washington, D. C.
Presento mi caso ahora debido a que fue manejado por un asesor legal especial, justo como la investigación actual sobre la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016. Ello me da cierta perspectiva sobre cómo son esas cosas y sobre el daño que pueden hacer, tanto a aquellas personas que quedan atrapadas en la vorágine como al país en general. Yo tuve la suerte de que Time Inc. pagara los enormes gastos legales. Pero muchas de las personas que son investigadas por un asesor legal especial, ya sea como testigos, como yo lo fui, o como objetivos, pueden terminar en bancarrota y con su carrera en ruinas. Eso no me ocurrió a mí, pero conozco cuál es el costo personal. Me rompió el corazón tener que explicárselo a mi hijo, que en ese entonces tenía apenas seis años.
Eso es de esperarse, pero cuando estas investigaciones se transforman en búsquedas cada vez más amplias de villanos, el país también sufre. Debemos tenerlo en cuenta ahora, aunque el tan anunciado exdirector del FBI Robert Mueller dirija la investigación sobre la relación entre Trump y Rusia. Incluso abogados laureados han ido demasiado lejos como asesores legales especiales. Para comprender la investigación independiente en curso, debemos regresar a la época del Watergate. En octubre de 1973, el presidente Richard Nixon ordenó despedir a Archibald Cox, fiscal especial de Watergate, quien trató de hacer que la Casa Blanca entregara cintas de audio de conversaciones sostenidas en la Oficina Oval. Cox fue despedido, pero Leon Jaworski, quien entró en su lugar, convenció a la Suprema Corte de que ordenara a Nixon que entregara las cintas. Lo que revelaron: a pesar de su negación, el presidente había obstruido la justicia. Díganle al FBI que “se mantenga fuera, carajo”, ordenó Nixon a sus asesores en 1972, días después de lo que esos asesores desestimaron célebremente como “un robo de tercera categoría” en las oficinas generales del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate de Washington, D. C.
¿El Toque De Midas? Incluso renombrados hombres de leyes han llegado demasiado lejos como asesores legales especiales. Muchas personas se preguntan si Robert Mueller, exdirector del FBI, hará lo mismo en la investigación sobre Rusia. FOTO: ALEX WONG/GETTY
Para asegurarse de que ningún presidente pudiera echar a otro fiscal especial, en 1978 el Congreso creó una nueva categoría de fiscal externo, denominado “asesor independiente”, que sería nombrado por un panel de jueces de la Corte Federal de Apelaciones de Washington, D. C. Esos hombres (sí, todos eran hombres) tenían mano libre sin temor a ser despedidos por el presidente.
Algunos asesores independientes han utilizado sabiamente sus poderes mandatados. Una investigación sobre sobornos en contratos de defensa durante el gobierno de Reagan estuvo perfectamente centrada y produjo acusaciones, pero el fiscal mostró un control admirable al utilizar inteligentemente su discrecionalidad para no señalar al entonces procurador general Ed Meese, a pesar de la presión para acusarlo públicamente.
Otros asesores legales especiales han sido criticados por mostrarse imprudentes con sus enormes presupuestos y su amplia discrecionalidad. Lawrence Walsh, que manejó el asunto Irán-Contras a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, acusó al exsecretario de Defensa Caspar Weinberger pocos días antes de la elección presidencial de 1992, en lo que para muchas personas fue un esfuerzo de influir en la elección y castigar al vicepresidente George H. W. Bush, que era el nominado republicano. Esa acusación por declaraciones falsas fue desestimada debido a que el estatuto de limitaciones había expirado.
El más terrible abuso de la autoridad acusatoria independiente fue cometido por Kenneth Starr, que investigó el negocio de bienes raíces que Bill y Hillary Clinton hicieron en la década de 1970, cuando él ascendía en la política de Arkansas. Su propiedad de inversión se convirtió en un problema durante la elección presidencial de 1992 y en sus primeros días de presidencia. Una investigación federal no encontró ningún delito cometido por el presidente, y las investigaciones realizadas por el Congreso hallaron pocas pruebas de malversación. Sin embargo, debido a la presión política, la procuradora general Janet Reno pidió al panel judicial que nombrara un fiscal independiente. El organismo eligió un asesor legal, lo despidió y después eligió a Starr.
Starr era un respetado jurista, pero nunca había sido fiscal, y ello se notaba. Fue descabelladamente más allá de los bienes raíces de Ozarks, haciendo que los críticos lo compararan con el enloquecido inspector Javert, de Los miserables, que persigue a Jean Valjean, el protagonista, durante décadas por robar una hogaza de pan. Starr investigó el suicidio de Vince Foster, asesor de Clinton e incluso involucró al gobernador en funciones de Arkansas, que no tenía nada que ver con Whitewater, en una acusación de fraude postal no relacionada. El incansable Starr también metió la nariz en un caso de acoso sexual presentado por Paula Jones, una empleada del Estado en Arkansas, contra Clinton cuando este era gobernador. Una activista conservadora planteó una pregunta acerca de Mónica Lewinsky en la declaración de Jones, y la respuesta evasiva del presidente desembocó finalmente en su juicio político. Clinton logró completar su mandato, pero no es de sorprender que, en 1999, el Congreso permitiera la expiración del estatuto que creaba la figura del asesor. Lo anterior estaba bien para Starr: posteriormente, afirmó que la ley que le dio sus poderes en este caso era “constitucionalmente dudosa” y “estructuralmente poco sólida”.
Después de que la ley del asesor independiente hubo expirado, el Congreso volvió al sistema anterior a 1998, en el que el Departamento de Justicia nombraba un asesor legal especial, como Cox en el caso Watergate. Esto se aplicó en el asunto de las filtraciones de la CIA, que comenzó en 2003, cuando el columnista conservador Robert Novak reveló la identidad de Plame en su columna, publicada en todo el país. La CIA estaba furiosa y presentó una querella penal ante el Departamento de Justicia.
El motivo de la filtración parecía ser la venganza. En 2002, tras el comienzo de la guerra de Irak, el organismo había enviado a Joseph Wilson, exembajador de Estados Unidos en Nigeria y esposo de Plame, a investigar una afirmación hecha por el Reino Unido, según la cual el dictador iraquí Saddam Hussein estaba adquiriendo un mineral radiactivo, conocido como “yellowcake”, a la empobrecida nación africana para construir armas nucleares. Wilson no encontró ninguna prueba de la afirmación hecha por los británicos, pero el gobierno de Bush promovió de todos modos la conexión entre África y Hussein. En julio de 2003, Wilson hizo público lo que había encontrado y, pronto, la identidad de su esposa fue revelada.
Los demócratas presionaron al gobierno de Bush para nombrar un asesor legal especial, argumentando que el gobierno no podía investigarse a sí mismo. Cuando el procurador general se abstuvo de tomar el caso, el nombramiento de un asesor legal especial fue responsabilidad del subprocurador general, justo como ocurrió en la investigación de la relación entre Trump y Rusia. El subprocurador de esa época: James Comey, que posteriormente se desempeñaría como director del FBI hasta que Trump lo corrió. Esa controvertida acción condujo al nombramiento de Mueller como asesor legal especial.
Patrick Fitzgerald, el abogado estadounidense que fue nombrado asesor legal especial en el caso de las filtraciones de la CIA, manejó el caso principalmente con profesionalismo y piedad. Nos permitió a mí y a Judith Miller, otra reportera atrapada en el caso y que entonces trabajaba para The New York Times, que presentáramos prolongadas apelaciones.
Sin embargo, podría decirse que él también fue demasiado lejos. Fitzgerald desenmascaró rápidamente al filtrador original, pero no encontró ninguna intención maliciosa y decidió no demandarlo judicialmente. En ese momento pudo haber dejado el caso. En lugar de hacerlo, tras llevar a docenas de periodistas a la corte en calidad de testigos, entre ellos, Tim Russert, de NBC, acusó públicamente a Libby. Si el crimen subyacente de la filtración ya había sido descartado, ¿merecía la pena y los gastos hacer que el país atravesara por todo eso en aras de una condena por mentir?
Al haber enfrentado la posibilidad de pasar un tiempo tras las rejas, tengo prejuicios con respecto a esta cuestión. Desde luego, si la investigación de Mueller define quiénes se coludieron con Moscú, eso sería heroico. ¿Una búsqueda del tesoro de objetivos tangenciales? Que Dios nos libre.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek