El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha hecho poco para asegurar que su legado incluya erradicar la impunidad en los casos de periodistas asesinados en represalia directa por su labor informativa, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un informe especial sobre México.
El organismo internacional encontró que el puntaje de impunidad de México ha aumentado en más del doble desde 2008. En esta materia el país figuraba en el lugar seis de los países con mayor impunidad en los crímenes contra periodistas.
“Las condenas en los casos de asesinato de periodistas son inusuales y cuando se dictan, con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen. Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad”, dice el informe “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”.
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El Comité advierte que la ausencia en la rendición de cuentas perpetúa un clima de impunidad que deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad ante los ataques. El CPJ menciona que en sus investigaciones para el informe basadas en los asesinatos de los periodistas Marcos Hernández Bautista, Gregorio Jiménez de la Cruz y José Moisés Sánchez Cerezo resaltaron las fallas de un sistema judicial “que al mismo tiempo es disfuncional y está abrumado”.
El reporte encontró que además se necesita una firme voluntad política de parte del gobierno federal para convertir la impunidad en una tarea prioritaria en los casos de ataques contra la prensa y para garantizar la seguridad de los periodistas.
“A Peña Nieto y su Gobierno se les está acabando el tiempo para resolver estos problemas. Su gestión se ha visto plagada por escándalos de corrupción y un deficiente historial en materia de derechos humanos, que incluye la incapacidad de resolver la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Sin embargo, si la justicia no prevalece antes del término de su mandato, Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica”, advierte el CPJ.
Menciona que las fallas estructurales del sistema penal mexicano implican que se pueda identificar, arrestar o hasta condenar a los sospechosos, pero las investigaciones no se pueden resolver a plenitud y los motivos no se determinan completamente.
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“Pese a que Peña Nieto ha promulgado las disposiciones legales complementarias para poner en práctica la enmienda constitucional que les otorga facultades adicionales a las autoridades para ejercer la acción penal en casos de delitos contra la libertad de expresión, el nivel de violencia sigue siendo alto”, dice el organismo.
El informe insiste en que la ausencia de condenas en los delitos contra la prensa le impide a la ciudadanía, entre ellos los periodistas, el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
Indica que romper con el ciclo de impunidad en los delitos contra la prensa es el principal desafío que enfrenta el gobierno federal para restablecer la confianza en el sistema judicial y habla sobre la necesidad de implementar reformas para corregir las deficiencias de un sistema “que les otorga impunidad a los asesinos de periodistas”.
No obstante, advierte que cualquier cambio será imposible sin la plena voluntad política del actual gobierno y enumera que tanto la creación de nuevos organismos del Ministerio Público, la implementación de mecanismos de protección, y la promulgación de reformas legales “tienen como limitación la ausencia de firme voluntad política para asegurar que estas medidas tengan éxito”.
“Si el Gobierno mexicano está comprometido seriamente a enfrentar la impunidad, resolver estos delitos y asegurar la seguridad y la protección de los periodistas debe convertirse en una tarea prioritaria en la agenda nacional de Peña Nieto”, concluye el CPJ.