Académicos destacados, científicos y organizaciones especializadas en salud pública de más de 20 países demandaron al gobierno mexicano el cese a la intimidación y el espionaje de promotores de políticas contra la obesidad y la diabetes.
En una carta pública dirigida al presidente Enrique Peña Nieto informaron que reconocidos promotores de salud han recibido mensajes electrónicos de hostigamiento con ligas maliciosas a programas de espionaje digital(spyware).
A través de un programa espía, los teléfonos celulares del doctor Simón Barquera,director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutricióndel Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, coordinador de la organización ContraPESO y Alejandro Calvillo, director general de la organización El Poder del Consumidor fueron intervenidos.
Los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2016, mientras los investigadores promovían una política a favor de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas.
Los investigadores señalan que el programa de espionajellamado“Pegasus” está generado por el NSO Group, una compañía israelí que afirma vender sus productos exclusivamente a gobiernos con el objetivo único de combatir el crimen organizado y prevenir actos terroristas.
“En un país con unas de las tasas más altas de sobrepeso, obesidad y diabetes, se debería elogiar a estos hombres por sus esfuerzos en defensa de la salud pública, en lugar de vigilar o amenazarlos. Esta situación es grave y despierta preguntas que deberán ser resueltas con celeridad”, se lee en la carta.
En la misiva, la comunidad internacional de salud pública, exhorta al presidente Peña Nieto a “defender los valores de la libertad de expresión, los derechos humanos y la salud pública, al investigar de fondo esta situación y llevar a los actores responsables ante la justicia”.
El pasado 14 de febrero diversas organizaciones denunciaron que el gobierno mexicano utilizó programas informáticos “altamente intrusivos” para espiar a defensores de derechos a la salud y pidieron emprender de forma urgente una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal en México.
Hasta el momento, las demandas de investigación de las organizaciones y especialistas no han sido resueltas.