El gobierno de México tiene aún por delante muchos retos para lograr que los defensores de las garantías fundamentales sean protegidos, advirtió este día Michel Forst, relator especial de la ONUpara la situación de defensores y defensoras de derechos humanos.
Forst, quien concluyó este martes su primer visita oficial al país, afirmó que la impunidad y la falta de voluntad política son los principales obstáculos que afronta el Gobierno mexicano en este terreno.
“La tasa de impunidad es muy alta. Hablamos de casi un 100 por ciento de impunidad. Esto muestra que algo no está funcionando en el sistema legal, en el Estado de derecho y en la aplicación de la justicia. Hay que trabajar en la cuestión de la impunidad”, dijo Forst al Centro de Noticias de la ONU.
Asimismo refirió que si no hay voluntad política al más alto nivel del Estado, la impunidad no va a cambiar “porque la población, el Ejército, la policía en todos los niveles y la justicia no emprenderán la voluntad de cambio”.
“Como la impunidad es la norma, si no sienten que haya una voluntad de atacarse a la impunidad desde el más alto nivel del Estado, nada cambiará”, subrayó.
Pese a ello, Michel Forst destacó el compromiso del Gobierno mexicano de reconocer públicamente el rol positivo de los defensores para luchar contra la impunidad.
“Esto es una señal y esta señal debe ahora traspasarse hacia los otros niveles del Estado, que la justicia se ponga en marcha, que los estados lo adopten a nivel local. Si continúa la impunidad en los estados, no habrá reparación y los defensores siempre serán atacados”, señaló.
Durante su misión de nueve días en México, Forst viajó a los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca y estuvo con 600 defensores de derechos humanos de 20 estados.
El relator dijo que en todas sus reuniones el diagnóstico fue el mismo, independientemente del estado en el que residen los activistas.
“Primero, y es lo más alarmante para mí, son las campañas de difamación contra los defensores que parecen ser, a veces, organizadas. Los llaman ‘ecoterroristas’, dicen que están vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, los acusan de recibir fondos extranjeros. Eso es de parte de los oficiales y es importante de decirlo”, explicó en entrevista con el Centro de Noticias de la ONU.
El relator comentó que los activistas de derechos humanos no son enemigos del Estado, sino agentes de desarrollo, que protegen a los más pobres, a las comunidades indígenas y del LGBTI, así como los derechos sexuales y reproductivos.
Forst señaló que las personas más vulnerables, particularmente las comunidades indígenas, son las más amenazadas.
“Vemos las empresas internacionales, canadienses y otras tomar el terreno, comprar bosques, lagos, ríos, escavar el subsuelo sin consultar a la población afectada, aunque el derecho internacional establece que se debe convocar una consulta formal”, dijo.
Para el relator no hay protocolo formal que garantice que las comunidades afectadas sean consultadas, “por lo tanto, se producen ataques, asesinatos, secuestros, desapariciones de integrantes de la población indígena”.
Michel Forst confesó al Centro de Noticias de la ONU que lo que más le llamó la atención durante su visita a México es el gran número de casos en los que se mencionan la implicación del Ejército, lo cual representa para él una señal importante y preocupante.
“El Ejército debe quedarse en los cuarteles. Puede intervenir en los casos de estado de emergencia, pero darle al Ejército la responsabilidad de mantener el orden público, es decir, el rol de la policía, me parece peligroso. Me preocupa también que haya un proyecto de ley sobre la seguridad nacional que autorizaría oficialmente al Ejército tomar las calles y jugar el papel de policía nacional, lo cual me parece peligroso”, declaró.