EN LA FOTOGRAFÍA, Ismael Coli Canela parece un muchacho como cualquier otro. Lleva una gorra de beisbolero con la visera tirada hacia la izquierda sobre su cabeza de pelo casi al rape. Tiene los ojos fijos en la cámara del celular con el que se autorretrató. Los dientes superiores asoman por la boca entreabierta, que es más efecto de la mandíbula distendida que de una sonrisa. Es una expresión muy parecida a la otra imagen del expediente judicial en la que aparece muerto, con un tercio de la cabeza volada por un disparo.
Coli fue asesinado por militares el mediodía del sábado 3 de septiembre. Era uno de los ocho ocupantes de una camioneta Explorer blanca de 2008 a la que perseguían con fuego varias unidades del ejército, que finalmente le dieron alcance frente a la terminal de autobuses del kilómetro 13 de la carretera federal Nuevo Laredo-Monterrey. El momento quedó registrado en un video de 12 segundos que un civil tomó desde el otro lado de la acera. En él se ve descender a dos individuos con camiseta blanca. Ambos son abatidos mientras intentan huir, desarmados. El primero en caer lo hace a unos cuatro metros de la parte trasera de la camioneta, el otro a más de siete.
El mismo expediente incluye 23 fotografías tomadas minutos después, que no corresponden con lo visto en el video. En ellas, los cuerpos aparecen al lado de fusiles de asalto, y uno de los dos individuos, abatido mientras huía, yace justo al pie de la puerta trasera de la camioneta con un chaleco táctico superpuesto.
Los militares, que pertenecen al XVI Regimiento de Caballería Motorizada, dicen que patrullaban la ciudad al momento de toparse en contraflujo con los tripulantes de la Explorer, alrededor de las 12:50 horas, por una de las avenidas de la ciudad. Sin razón aparente, los individuos decidieron abrir fuego. La unidad 0916303 recibió tres impactos de bala, según esa versión. Entonces comenzó la persecución. Los tripulantes emprendieron la retirada rumbo al sur, hasta alcanzar la carretera federal que conduce al aeropuerto. El parte de hechos afirma que se respondió al fuego hasta cerciorarse de que ningún civil corría peligro. Sin embargo, una madre que viajaba en el auto familiar con sus dos hijos menores y su marido murió con el pulmón destrozado por una bala oficial.
Otros proyectiles disparados por los militares provocaron agujeros en paredes y bardas a lo largo de un kilómetro. Un informe del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) contabilizó 55 de ellos, además de otros 60 casquillos alrededor de la Explorer. En las fotografías integradas al expediente del caso, seis de las ocho víctimas aparecen con la cabeza destrozada por tiros a corta distancia.
“Lo que se tiene como evidencia no habla de un enfrentamiento, sino de una ejecución extrajudicial”, dice Raymundo Ramos Vázquez, el presidente del CDHNL. “Por ello hemos solicitado al presidente de la república que se realice una investigación imparcial, seria y profunda, que determine lo que realmente ocurrió y que se castigue a los responsables”.
Lo ocurrido ese sábado de septiembre es parte de una serie operativa que ha roto garantías ciudadanas desde hace años. Tan solo en Nuevo Laredo, Ramos ha integrado 22 expedientes similares desde marzo de 2009. Tres de esos expedientes generaron recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa y de la Marina. Y uno de ellos, que data de 2013, llevó por primera vez a un oficial y cinco marinos a enfrentar un juicio por desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
El organismo presidido por Ramos tiene documentados otros 24 casos de desaparición forzada y el abuso sexual en contra de una menor dentro de instalaciones militares. Ese registro, sin embargo, es apenas una parte del total, dice el activista. Solo que la mayoría de las personas prefiere huir en vez de denunciar ante el miedo y la desconfianza que tienen de las autoridades.
“La seguridad pública que brindan el Ejército, la Marina y la Policía Federal a los estados y municipios no es gratuita, cuesta mucho dinero”. Foto: Raúl llamas/AFP
LA POLÍTICA DEL TERROR
A mediados de la década de 1990, Raymundo Ramos fungía como periodista en el principal diario de Nuevo Laredo, El Mañana. Al mismo tiempo estudiaba leyes en la universidad local. La ciudad se hallaba entonces al inicio de una racha violenta que aumentaría radicalmente los años siguientes. Los causantes de ella no solo eran traficantes, sino agentes de policía.
Como reportero o como editor, Ramos recibió durante meses a familiares de víctimas de homicidio, tortura y desaparición. En Tamaulipas solo existía un centro de derechos humanos, pero se hallaba situado en Reynosa. Entonces decidió abandonar el oficio periodístico para crear su propia organización. El CDHNL inició operaciones formales en el verano de 1999. Meses más tarde, la lógica criminal que conocía Ramos sufriría un giro inesperado.
Tamaulipas, de acuerdo con la versión del gobierno, se convirtió en escenario de crimen a partir, primero, de una guerra intestina que terminó ganando un expolicía municipal llamado Osiel Cárdenas Guillén. Este hombre afianzó un poder despiadado de la mano de los Zetas, el grupo armado compuesto originalmente por desertores del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Con ellos —siempre de acuerdo con la versión oficial— sostuvo una batalla contra el “cártel de Sinaloa”. En los hechos, sin embargo, las confrontaciones incluían a más policías que civiles, y posteriormente a militares, marinos y agentes federales.
Las fuerzas armadas han ocupado desde entonces la entidad. Con ellas, la violencia adquirió nuevas formas de expresión y se instaló un nuevo orden de poder.
“En nuestro país ya no es necesario un golpe de Estado para que las fuerzas armadas impongan su ley”, dice Raymundo Ramos. “Desde el momento mismo en que abandonaron sus cuarteles para ‘coadyuvar’ con las autoridades locales en tareas de seguridad pública obtuvieron un empoderamiento que difícilmente querrán abandonar en la próxima década. Salvo el Poder Judicial, ni el Ejecutivo ni el Legislativo quieren enfrentarlos o causarles malestar con acciones que les obliguen a respetar la Constitución. Hoy nuestras fuerzas armadas sienten que todo el territorio nacional les pertenece y que pueden llegar a cualquier estado o comunidad a imponer su ley sin escuchar a los ciudadanos, a sus representantes populares e, incluso, a las autoridades legalmente establecidas, con el argumento de que ‘todos’, excepto ellos, están contaminados por la delincuencia”.
Ramos comenzó a reunir testimonios de familiares de víctimas de desaparición forzada y homicidio, así como a sobrevivientes de tortura a partir de 2007. Dos años más tarde pudo armar los primeros expedientes y brindar asesoría legal. En algunos casos, la evidencia en contra de las autoridades ha sido abrumadora. Como la desaparición forzada de seis personas en 2012 que motivó a la CNDH a emitir una primera recomendación (39/2012) a la Secretaría de Marina. Los meses siguientes, el CDHNL documentó a esa misma institución otras tres desapariciones y cuatro ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Armando Humberto del Bosque, que mantiene en prisión a un capitán y cinco subalternos.
La consecuencia de ello ha sido agobiante para Ramos.
Los marinos han incluido en sus investigaciones falsos testimonios de sujetos que señalan al derechohumanista de ocultar criminales en sus oficinas y de recibir sobornos para que emprenda acciones de protesta en contra de las fuerzas armadas. En marzo de 2015, por ejemplo, la Marina capturó a Ramiro Pérez Moreno, supuesto líder de los Zetas en Nuevo Laredo. El parte que dio cuenta de la aprehensión incluye el siguiente testimonio, atribuido a Pérez Moreno:
“Que la Marina no se la iba a acabar con Raymundo Ramos, el licenciado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que él le cubre la cantidad de 5000 (cinco mil) dólares cada semana para que promueva denuncias en contra de la Marina y de las otras fuerzas federales. […] Asimismo siguió abundando que otra de las funciones de Raymundo es la de esconder a personas de los Zetas en sus oficinas, ya que es el único lugar en donde regularmente las fuerzas federales no ingresan”.
La razón por la que se sabe que el testimonio fue impostado es porque la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación enviaron oficios de respuesta a Ramos para indicarle que no existe ninguna averiguación en su contra por tales declaraciones, y que la Secretaría de Marina negó también que mantenga abierto algún expediente en su contra.
“Es parte de política de terror impuesta por el Estado”, dice el activista sin visos de duda. Desde su óptica, las fuerzas armadas han afianzado un poder sin contrapesos, en el que no solo ejercen su agenda en campo, sino que generan con ello una empresa que les reditúa miles de millones de pesos.
“La seguridad pública que brindan el Ejército, la Marina y la Policía Federal a los estados y municipios no es gratuita, cuesta mucho dinero en salarios, hospedaje, vehículos, armamento, atención médica, mantenimiento de unidades. Pero esos montos no son transparentes”, señala Ramos. “Se estima que en estos últimos diez años de militarizar el estado se han destinado poco más de 25 000 millones de pesos en el renglón de la seguridad pública. Aunque los resultados han sido desastrosos”.
RED DE COPRRUPCIONES
El 3 de agosto de 2013, Armando Humberto del Bosque acudió ante la comandancia de la policía municipal de Colombia, Nuevo León, para denunciar el allanamiento, robo y amenazas sufridos en su domicilio a manos de dos vecinos suyos, identificados como Jesús Alberto y Martín Cruz. Los agentes municipales no quisieron ir solos en su búsqueda, y solicitaron apoyo de la Marina, cuya base operativa se hallaba a poca distancia.
Armando, de 33 años, llamó entonces a su padre, un abogado metido a la extracción de carbón llamado Humberto del Bosque. Quedaron de encontrarse en la comandancia, pero antes de llegar Humberto vio que los marinos tenían un puesto de control en el que habían detenido a su hijo. Fue testigo, junto con algunas otras personas, de la forma en la que Armando fue sustraído por la fuerza de su vehículo, un Ford Mustang de color gris, hasta una de las unidades de la Marina.
El oficial a cargo de la operación era el capitán de corbeta Enrique Sánchez Labrada, y junto con él operaron el cabo de servicio de comunicaciones Carlos Adán Verdugo Amarillas, los marineros Renato Juárez Arellanes y Alfi Ahumada Espinoza, y el tercer maestre del servicio administrativo de intendencia naval Eliseo Sánchez Patrón.
El capitán Sánchez Labrada encaró al padre de Armando para explicarle que se trataba de una investigación en la que se necesitaba conocer la versión de ambas partes, y para calmarlo le extendió una tarjeta de presentación. Con ella sería identificado dos meses después, cuando el cadáver de su hijo fue hallado en un paraje cercano al campamento de los marinos, con un tiro de gracia.
La razón por la que Armando fue ajusticiado, de acuerdo con testimonios incluidos en el expediente judicial, es porque los sujetos que allanaron su vivienda operaban como “halcones” en la región y fueron protegidos por los elementos de la Marina.
Es la forma en la que operan las estructuras criminales en Tamaulipas, dice Raymundo Ramos. Las distintas células operan bajo protección de marinos o militares, agentes federales o estatales y municipales, y ante ello la violencia y la impunidad se han multiplicado.
“La búsqueda de la paz, la justicia y el respeto al orden constitucional quedan al margen de los objetivos gubernamentales cuando se aplica el miedo y el terror como única solución a los problemas de la inseguridad. Al combatir a la delincuencia mediante acciones de terror, los únicos perjudicados son los ciudadanos, que quedan atrapados entre dos bandos que actúan de una misma manera y cuya única diferencia es el uniforme que portan”, señala el activista.
“La búsqueda de la paz, la justicia y el respeto al orden constitucional quedan al margen de los objetivos gubernamentales cuando se aplica el miedo y el terror como única solución a los problemas de la inseguridad”. Foto: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
EL FALSO HONOR
Durante una ceremonia de entrega de menciones honoríficas efectuada el 24 de octubre de 2014 en el Campo Militar Número Uno, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, brindó un discurso en el que proclamó el respeto a los derechos humanos como núcleo de las operaciones militares.
“No podemos ni debemos rebajar nuestros actos a niveles que son propios de delincuentes”, dijo a la tropa. “Toda actividad que realizamos, la pasión con la que actuamos y las decisiones que asumimos deben ser firmes, pero al mismo tiempo razonadas, siempre apegadas a la ley, siempre orientadas a preservar los derechos fundamentales”.
El día que se dio alcance a los tripulantes de la Explorer blanca, tales palabras quedaron en el vacío.
Los testigos del asesinato cometido con los ocho tripulantes de la camioneta refutan la versión oficial de un enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y los elementos del XVI Regimiento de Caballería Motorizada.
“Mi hijo se había rendido a los militares, tenía las manos levantadas y [estaba] pidiendo que no le dispararan, pero lo mataron a boca de jarro y le destrozaron la cabeza”, dice Rosa Delia Verástegui Chacón en su denuncia de hechos. “Yo no sé qué andaba haciendo mi hijo porque lo veía muy poco, pero si hizo algo malo los militares debieron detenerlo y presentarlo ante las autoridades para que lo encarcelaran y pagara su culpa. Pero no, los militares lo mataron sin que opusiera resistencia”, añade.
El hijo al que se refiere es Ricardo René Pineda Gallegos, apodado el Pelón. Su cuerpo quedó tendido sobre el asiento trasero de la Explorer, con las piernas de fuera. Los testimonios dicen que se hallaba sentado y con las manos en alto cuando recibió el disparo en la cabeza.
“Lo que nos dicen este tipo de hechos es que las fuerzas armadas no están para proteger a la ciudadanía, sino para imponer un sistema de terror”, concluye Raymundo Ramos. “Así es la justicia en nuestro país. ¿A quién le importa que se cumpla la ley? ¿Al presidente de la república, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los senadores o a los diputados? A nadie. En realidad, solo le interesa a las víctimas, a sus familiares, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos”.