En noviembre de 2015, Juan Flores fue sacado de su domicilio sin una orden judicial en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, por al menos un grupo de 5 militares que lo llevaron a un ministerio público a declarar por “haber insultado a la autoridad”.
Horas después fue liberado, sin embargo, las cámaras de seguridad de la Policía municipal grabaron el momento en que salió y fue interceptado por los militares en una camioneta. Después de esto nada se ha vuelto a saber de Flores, pese a que su esposa ha sostenido peleas legales que ya le costaron el asesinato de su suegra, por lo que también decidió “desaparecer” mientras un representante legal continuaba la batalla por encontrar a su esposo.
La insistencia rindió frutos y el pasado 1 de septiembre un juez federal determinó que Flores fue víctima de desaparición forzada a manos de militares, además de señalar que la Procuraduría General de la República (PGR), no había investigado adecuamente el caso, por lo que se ordenó la entrada a los cuarteles militares para buscar al desaparecido.
El caso no sólo es una primicia en su tipo en México, donde existen más de 27,000 personas desaparecidas a la fecha, entre las que existen víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad, sino que podría abrir jurisprudencia para investigar casos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes algunas versiones señalan, fueron llevados a un cuartel militar de Guerrero por soldados la noche del 26 de septiembre de 2014.
Foto: Judicatura Federal / El País
La ONU ha señalado en diversos informes que las personas desaparecidas aumentan cuando los soldados realizan tareas policiales, y en México, el abuso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ya hizo que Salvador Cienfuegos, General de las Fuerzas Armadas de México, pidiera disculpas por la barbarie que han desatado sus soldados, sin que esto se viera reflejado en alguna sentencia a algún militar hasta ahora.
La sentencia obtenida por el diario español El Paísmenciona que los militares “no están facultados para hacer detenciones por faltas administrativas, aun cuando Juan Flores los hubiera insultado”, y señala que existen versiones que se contradicen entre los jefes policíacos y los soldados involucrados, además de existir “obstrucción de la justicia”.
En los videos utilizados como pruebas en los juzgados se observa que la víctima fue “levantada” tras su liberación, lo que la juez califica como una desaparición forzada y una “grave violación de derechos humanos” en un momento de crisis en esa materia en México, por lo que otorga a las víctimas la protección de la justicia para que las autoridades investiguen “de manera seria y exhaustiva la desaparición del quejoso y se permita su búsqueda en las instalaciones del Ejército mexicano”.
De acuerdo con la información publicada en el diario español, “el fallo subraya que el amparo sólo se considerará cumplido hasta que Flores Solorio sea hallado con vida o se encuentren sus restos, y se deslinden responsabilidades en el ámbito penal”, además de señalar a la PGR como responsable, ya que investigó de manera ineficiente al perseguir el delito de “privación ilegal de la libertad” en lugar de “desaparición forzada”, el cual es atribuible solo a las autoridades, incumpliendo de esta manera las reglas del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Con información de El País.