El estado de Guanajuato cuenta con un registro de 520 centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos como anexos, aunque actualmente el Gobierno del Estado concentra sus esfuerzos de fortalecimiento en 40 de ellos, considerados prioritarios por sus condiciones y necesidades de regularización.
Así lo informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien destacó que estos espacios han recibido apoyo económico a través del programa Tocando Corazones, con una inversión superior a los 140 millones de pesos destinada a mejorar su operación y condiciones de atención.
El funcionario estatal explicó que, además de los recursos otorgados, se trabaja en la capacitación y acompañamiento de los responsables de los centros para que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
“Son más de 40 anexos que son nuestra prioridad para que tengamos anexos listos y preparados”, señaló.
Jiménez Lona adelantó que se abrirán nuevas convocatorias para que más centros de rehabilitación puedan incorporarse a los programas de fortalecimiento y acceder a apoyos gubernamentales.
Asimismo, informó que el estado ya cuenta con un padrón actualizado de los anexos existentes, el cual incluye información georreferenciada, datos de los responsables y las obligaciones que corresponden a cada establecimiento.
El secretario precisó que la regulación de estos espacios no depende únicamente del Gobierno estatal, ya que los municipios también tienen atribuciones relacionadas con permisos de uso de suelo, dictámenes de Protección Civil y otras autorizaciones donde suelen detectarse irregularidades.
Por ello, indicó que la estrategia actual se centra en brindar asesoría y acompañamiento para que los centros puedan regularizarse y operar conforme a la normativa vigente.
Como parte de las acciones de supervisión, el funcionario señaló que durante este año las autoridades han realizado visitas a 120 anexos para verificar información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
La revisión forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la vigilancia de estos espacios y garantizar que funcionen bajo condiciones adecuadas para quienes reciben tratamiento.