Mexicali, Baja California.- En tribuna, el mensaje fue directo y sin matices: Baja California está perdiendo empresas, empleo y competitividad. Pero detrás de los números expuestos por el senador Máximo García López hay algo más profundo que una simple desaceleración económica. Hay una narrativa en construcción que apunta a un fenómeno más incómodo: la extorsión como impuesto informal que asfixia al aparato productivo.
No se trata únicamente del crimen organizado. El señalamiento políticamente calculado y estratégicamente planteado, amplía el concepto de extorsión hacia un terreno más delicado: la interacción cotidiana entre empresarios y autoridades.
El dato con el que García abrió su posicionamiento en tribuna del senado de la república es contundente: más de 42 mil empresas dadas de baja en el Seguro Social en los últimos cuatro años, 820 negocios menos cada mes, 50 mil empleos perdidos que denotan una economía bajo presión.
Más allá del impacto retórico, la afirmación instala una percepción clara en la que Baja California ya no crece al ritmo que presume.
Los indicadores oficiales muestran señales de enfriamiento. El empleo formal registra caídas moderadas, el número de patrones afiliados disminuye y el dinamismo industrial, motor histórico de la región, comienza a desacelerarse. Tijuana, símbolo del nearshoring y la manufactura exportadora, enfrenta una creciente disponibilidad de espacios industriales vacíos, situación que no se había registrado en los últimos años recientes y supera los tres millones de metros cuadrados de espacio inutilizado.
La pregunta no es si hay una desaceleración. La pregunta es por qué está ocurriendo. Ahí es donde el discurso del senador adquiere peso político.
En sus declaraciones posteriores, el senador García elevó el tono al no sólo hablar de inseguridad, sino de extorsión directa e indirecta hacia empresarios, incluso, según su dicho, desde estructuras municipales, entiedase desde el crimen a la burocracia.
Este punto marca un quiebre en la conversación pública ya que implica que el problema no se limita al “cobro de piso” tradicional, sino que incluye prácticas como: Inspecciones selectivas, multas discrecionales, presión administrativa, retención o condicionamiento de permisos y abuso de autoridad en “operativos”.
En otras palabras, se constituye la extorsión como sistema, y no como incidente. Esto tiene un efecto devastador para la inversión. No sólo encarece la operación de las empresas, sino que introduce un factor mucho más difícil de medir que es: la incertidumbre.
Las cifras oficiales sobre extorsión suelen ser contradictorias. Mientras el gobierno federal reporta reducciones en este delito, la percepción empresarial, comercial e industrial cuenta otra historia, impera en las conversaciones del sector privado la conversación y diálogos sobre lo que no se denuncia, y ante ello el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana en voz de su presidente Edgardo Flores Campbell, asume la atención, canalización y acompañamiento de varios casos de extorsión y cobro de piso ante la Fiscalía de Justicia del Baja California.
Si bien el problema es estructural, la mayoría de los delitos no se denuncia. Esto genera una distorsión crítica. Las estadísticas pueden mejorar y la narrativa oficial puede ser momentáneamente favorable o positiva… mientras la realidad cotidiana empeora.
En el caso de Baja California, diversos indicadores muestran que la cifra negra es especialmente alta. Esto significa que el verdadero impacto de la extorsión no está en las carpetas de investigación, sino en la operación diaria de miles de negocios. Pequeños comercios, restaurantes, prestadores de servicios y empresas medianas enfrentan decisiones constantes entre pagar, cerrar o migrar.
El impacto de este fenómeno no es aislado. Se expande como una onda de choque entre turismo, industria y confianza.
En el sector turismo, no cesan reportes de visitantes particularmente estadounidenses, que denuncian abusos por parte de autoridades locales en la garita de cruce fronterizo de Tijuana. Esto no sólo afecta ingresos inmediatos, sino la percepción internacional de la ciudad.
En el sector industrial, el aumento en la vacancia de naves refleja algo más que ciclos económicos, la lectura es una especia de pausa en la confianza.
Y en el comercio local, la presión acumulada se traduce en cierres silenciosos, reducción de operaciones o informalidad.
La ecuación es clara: Menos certeza → menos inversión → menos empleo → menor crecimiento
Frente a este escenario, el gobierno sostiene una postura distinta. Afirma que la extorsión ha disminuido, que existen estrategias en marcha y que hay resultados tangibles.
Pero el discurso del senador García no busca disputar cifras, sino posicionar una reflexión que disputa la interpretación de la realidad, el senador a escázas semanas de asumir la titularidad de su escaño esta haciendo política, y en política, esa diferencia es crucial.
Porque mientras la autoridad habla de indicadores, el legislador habla de experiencia empresarial, mientras unos muestran estadísticas, el otro apela a percepción, testimonios y señales de mercado.
El mayor acierto más allá de los números, y al mismo tiempo el punto más polémico del posicionamiento de García es haber conectado tres dimensiones que normalmente se analizan por separado:
• Seguridad pública
• Gobernanza institucional
• Desempeño económico
Sostiene que el verdadero freno de Baja California no es sólo la violencia, sino el costo acumulado de la extorsión, legal e ilegal, misma que pagan quienes producen, invierten y generan empleo.
Lo que está en juego no es únicamente la coyuntura económica, sino el modelo de desarrollo de la región. Baja California ha sido durante décadas un caso emblemático de crecimiento basado en Integración binacional, industria manufacturera, dinamismo empresarial y flujo constante de inversión extranjera, pero ese modelo depende de un elemento esencial: confianza.
Cuando esa confianza se erosiona ya sea por inseguridad, corrupción o incertidumbre regulatoria entonces el impacto no es inmediato, pero sí profundo y difícilmente reversible en el corto plazo.
El llamado del senador a una intervención coordinada no es casual, se constituye como una advertencia expuesta en tribuna y como el franco reconocimiento de que el problema rebasa niveles de gobierno y requiere una respuesta estructural. La narrativa de éxito económico de Baja California está siendo cuestionada desde dentro del propio sistema institucional ya que el debate no gira únicamente en torno a cifras o responsabilidades. Gira en torno a una pregunta más incómoda:
¿Está operando la economía de Baja California bajo un esquema de doble carga?
Una formal que considera impuestos, regulaciones, costos operativos y otra informal que opera bajo la extorsión, corrupción y abuso de poder. Si la respuesta es sí, entonces el problema no es sólo de seguridad. Es de Estado.
Ninguna economía puede sostenerse indefinidamente cuando producir implica pagar dos veces.
“La extorsión en Baja California ya no es sólo un delito: es un costo estructural que amenaza la viabilidad del modelo económico fronterizo.”
Baja California en cifras (2022–2026)
• 42,556 registros patronales dados de baja (según discurso en tribuna)
• +900 mil m² de naves industriales disponibles en Tijuana
• Empleo formal con tendencia negativa reciente
• Extorsión: delito más frecuente contra empresas en México
• Alta cifra negra: mayoría de casos no se denuncia. Nw