En conferencia, Salvador Sandoval Silva, titular de la subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, dijo que la procuraduría busca que la Suprema Corte advierta a las entidades que estas carecen de facultades para crear sistemas locales anticorrupción, así como de su incapacidad nombrar funcionarios en dichas materias, luego de que los legisladores de ambos estados emprendieran reformas que no van con el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción.
Serán “la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas las leyes generales, el medio que el Congreso de la Unión utilice para marcar la misión y la visión que debe tener ese Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo Sandoval.
El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, explicó que uno de los propósitos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es que no haya cabida para legislaciones locales “a modo”, y agregó que ninguna institución y ningún servidor público, sim importar el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley, ya que esto es lo que demanda la sociedad mexicana.
Para estos gobernadores salientes, el día 6 de junio comenzó una nueva batalla, quizá la última que librarán como mandatarios de sus entidades; me refiero a esa que consistirá en intentar modificar la verdad jurídica de sus administraciones.
Es cierto que lo ya hecho no se puede revertir, que la ciudadanía los repudia y que por eso los castigó en las urnas; sus excesos son famosos y serán históricos, y quizá sean recordados como los peores gobernadores de su época; y en todos los rincones de sus estados se habla de corrupción y de enriquecimiento inexplicable, la sociedad está cierta en ello y difícilmente cambiará de opinión.
No obstante, todo esto no representa más que la verdad histórica, una verdad que no alcanza para que Corral, Yunes y Joaquín cumplan sus promesas de campaña: llevarlos a juicio… (leer nota completa)