No son 12 notarios los involucrados en la creación de
empresas fantasma que reciben contratos por parte del gobierno de Veracruz,
sino 16; las compañías involucradas ya no son 21, sino 26, y el número de
dependencias gubernamentales que participan en el caso pasó de 4 a 11, de
acuerdo con las investigaciones que el Sistema de Administración Tributaria (SAT)
emprendió el pasado 24 de mayo, a raíz de una investigación periodística que revela que el gobierno de Veracruz utilizó a empresas fantasma para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos, entre 2012 y 2013, mediante 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que nunca fueron entregados
Al menos de una de las nuevas empresas relacionadas con la red
de presuntas irregularidades, reportada por Animal Político, registra
operaciones por más de mil millones de pesos, por lo que el monto del fraude
calculado originalmente en 645 millones de pesos, sería mucho mayor.
Empresas sin empleados, domicilios fiscales falsos y socios
que declararon haber sido engañados son algunas de las características de esta red
que ha obtenido contratos por bienes, mercancías y servicios por parte del
gobierno de Veracruz, mediante adjudicaciones directas y licitaciones
simplificadas, sin que haya constancia de que se hayan entregado los productos
supuestamente adquiridos.
Aunque el SAT no puede revelar nombres, ni datos que no
tenga 100 por ciento confirmados, la dependencia fiscalizadora informó que están en
proceso de revisión de las 26 empresas y su relación con notarios y
funcionarios públicos.
Hasta ahora se sabe que 18 de las empresas se ubican en
Veracruz, tres en Jalapa, dos en Boca del Río, y dos más en la Ciudad de México.
Uno de los contribuyentes declara ingresos acumulables por arriba de los mil
millones de pesos, 18 lo hacen por arriba de los 100 millones de pesos y siete
por debajo de los 100 millones de pesos.
El modus operandi
Las responsables de firmar estos contratos, los cuales fueron concedidos a una red de 21 empresas fundadas en la administración de Duarte y con socios en común, fueron las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal.
Animal Político indica que 12 de esas empresas fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico, mientras que 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular.
El medio detalla que en todos los casos, las direcciones fiscales están localizadas en casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos niegan la existencia de una empresa.
La investigación indica además que los productos que se adquirieron a estas empresas fantasma no llegaron a su destino o es imposible saber qué ocurrió con estos ya que las dependencias involucradas reconocieron al medio que no tienen ningún comprobante que pruebe su entrega.