La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este martes a una sesión urgente de su Consejo Permanente para atender “la alteración del orden constitucional” y cómo esto afecta “el orden democrático” de Venezuela.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, realizó el llamado invocando la Carta Democrática Interamericana, suscrita por los países miembros de esta organización en septiembre de 2001, en un informe dirigido al presidente del Consejo, el argentino Juan José Arcuri.
Almagro basó su pedido en el artículo 20 de la Carta Democrática, que otorga al secretario general la autoridad para convocar reuniones inmediatas para “realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
De acuerdo con esa Carta, el Consejo Permanente puede disponer, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
Si esas gestiones fracasan, el Consejo Permanente puede convocar, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA. Para ello se requiere igualmente una votación de dos tercios de los países.
Para Almagro “en Venezuela se perdió la finalidad de la política. Se olvidó defender el bien mayor y colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo. Un gobernante debe basar su acción en una visión de Estado, una visión de largo plazo”.
“La crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo”, señaló Almagro este martes en su extenso documento, “a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”.
Ante ese cuadro, añadió Almagro, la responsabilidad de los países de la región es “asumir el compromiso” de hacer aplicar lo determinado por la Carta Democrática Interamericana “de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”.
En el escrito de 132 páginas, el secretario general de la OEA realiza un detallado análisis de la situación de crisis multidimensional que atraviesa Venezuela, que, “desde la precariedad de su situación económica y financiera compromete su futuro social y político.
“La situación de un país con las reservas de petróleo más grandes del planeta es crítica desde el punto de vista económico, social y humanitario. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una reducción adicional de 8 por ciento del PIB en 2016. Se estima que la inflación es del 700 por ciento, el déficit fiscal es de 17 por ciento del PIB y la deuda externa es de 130 mil millones de dólares o 6 años de exportaciones de petróleo”, precisa el documento.
Refiere que la escasez de medicamentos y de equipos médicos es de 80 por ciento, que la disponibilidad de camas en hospitales públicos ha disminuido de 30 a 40 por ciento y que 70 por cientos de los hospitales previamente administrados por doctores cubanos se han clausurado.
El documento de la OEA menciona que en Venezuela la pobreza medida por ingresos creció hasta 76 por ciento en 2015 lo cual supera el nivel de pobreza del año del Caracazo de 198. Precisa que la pobreza en hogares subió un 24.5 por ciento y la pobreza de individuos subió un 23.4 por ciento durante el mismo periodo.
En sentido Luis Almagro dijo que “no existe posibilidad de normalidad democrática en Venezuela sin la necesaria disposición a la cohabitación y convivencia entre Gobierno, partidos políticos, actores sociales y la sociedad venezolana en su más amplia concepción”.
La normalidad institucional en Venezuela debe ser subsanada “de modo urgente y de forma consistente con los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia representativa”, señaló Almagro en su carta.
Entre los asuntos prioritarios a resolver, Almagro mencionó la realización del referendo revocatorio del mandato presidencial.
“Ningún procedimiento administrativo puede ser obstáculo a la decisión de la gente. Ese revocatorio no pertenece ni al Gobierno ni a la oposición, sino al pueblo de Venezuela. Es deber de todo gobernante responder al mismo”, apuntó.
El 2 de mayo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó 1.8 millones de rúbricas al Consejo Nacional Electoral (CNE), nueve veces más de las requeridas para solicitar la activación del referendo.
La autoridad electoral aún no se ha pronunciado sobre la validez de esa solicitud, pero el oficialismo sostiene que más de 40 por ciento de las firmas recogidas por la oposición para activar el referendo son “fraudulentas”, incluyendo 10 000 que corresponderían a personas fallecidas.