El 82 por ciento de los ejecutivos de empresas mexicanas considera que
son comunes el soborno y las prácticas corruptas en los negocios del país,
revela la Encuesta
Global de Fraude 2016 elaborada por la firma Ernst & Young.
El reporte indica que México ocupa el lugar seis de las
naciones donde mayor es la percepción de esta práctica, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mueve a cada año, en todo el mundo, entre
1500 y 2000 millones de dólares.
Los mismos datos revelan que a nivel global, el 39 por
ciento de los 2825 ejecutivos consultados consideran que estas prácticas son
comunes en sus países.
El documento menciona que a nivel mundial, tanto el soborno
como la corrupción se producen ampliamente, con una percepción de que la
corrupción ha empeorado en los mercados desarrollados desde la última medición
elaborada por la firma.
No obstante, EY indica que hay un nivel sin precedentes de
apoyo a la lucha contra el soborno y la corrupción, tanto de los gobiernos como
en las instituciones multilaterales.
“Los gobiernos cada vez se coordinan más en sus enfoques
para investigar la mala conducta, incluyendo la recuperación de lo recaudado por
la corrupción. La razón es clara. El soborno y la corrupción siguen
representando una importante amenaza para el crecimiento global y los mercados
financieros frágiles”, refirió David L. Stulb, Director internacional de
Investigación de Fraudes de EY, en el informe.
En este contexto, la semana pasada presidentes y secretarios
de estado de 40 países, entre ellos México, junto a organizaciones no
gubernamentales y organismos internacionales se dieron cita en Londres, en el
marco de la Cumbre Global Anticorrupción, para llegar a una serie acuerdos que
den marcha atrás a esta práctica que “está en el corazón de muchos de los
problemas del mundo”.
Las naciones invitadas junto a las organizaciones como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se comprometieron a aprovechar y
aplicar los acuerdos internacionales existentes e ir más lejos para hacer
frente a este problema.
“Nos comprometemos a exponer la corrupción dondequiera que
se encuentre para perseguir y castigar a los que la cometen, facilitan o son
cómplices de ella, para apoyar a las comunidades que han sufrido por ella, y
para asegurarse de que no se agrave en nuestras instituciones gubernamentales,
empresas y comunidades. Vamos a cumplir con nuestro compromiso compartido para
‘reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas’”, se
lee en la Declaración Global contra la Corrupción suscrita por las naciones que
acudieron al foro.
Pese al reconocimiento que existe por parte de gobiernos y
de instancias internacionales sobre la corrupción, que de acuerdo con
estimaciones del FMI genera pérdidas que representan aproximadamente el dos por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, un número significativo de los
ejecutivos de empresas están dispuestos a justificar el comportamiento poco
ético cuando están bajo presión financiera.
El informe de EY indica que casi la mitad de todos los
encuestados podría justificar un comportamiento poco ético para cumplir los
objetivos financieros, una proporción mayor que el 36 por ciento que
justificaba tal comportamiento para ayudar a una empresa a sobrevivir en una
recesión económica.
De un total de
50 ejecutivos de empresas consultados en México, el 70 por ciento justificó la
realización de al menos una práctica irregular para cumplir sus financieros,
colocando al país como la nación número 7 donde los directivos de empresas
suelen justificar estas prácticas.
La firma identifica como prácticas irregulares: incumplimiento
de contratos, extensión del periodo del reporte mensual, además que modifican
reservas para cumplir con sus objetivos.
El documento indica que las empresas en México están sujetas
a muchas presiones de carácter económico y financiero para llegar a sus metas.
Precisa que recurren a prácticas irregulares o fraudes por tres motivos: fallas
en controles internos, racionalización de cómo cometer un fraude y tener
presión o incentivos para cometerlos, refiere el estudio.