El gobierno conservador
afirma estar a favor de las políticas basadas en evidencias, al menos, en su
retórica. No obstante, gobiernos británicos sucesivos han suscrito la
Convención Internacional sobre Estupefacientes de Naciones Unidas, acuerdo que
se fundamenta en la prohibición y la “guerra contra las drogas”, ninguna de las
cuales ha dado pruebas de funcionar.
Pero, ¿qué importancia tiene
suscribir convenciones sobre estupefacientes de ONU cuando dichos acuerdos
pueden ser esquivados por cada Estado? Un ejemplo es la decisión de Portugal,
en 2001, de descriminalizar todas las sustancias psicoactivas.
Y Portugal no es el único.
Hace ya 25 años que la República Checa descriminalizó efectivamente la posesión
de pequeñas cantidades de drogas para uso personal. Y en 1994, Suiza introdujo
un tratamiento coadyuvado con heroína, una forma de suministro de heroína para
ciertos usuarios, aprobada por el Estado. Sin embargo, los acontecimientos más
significativos se han desarrollado en torno del cannabis. A fines de 2013,
Uruguay tomó la determinación de legalizar el uso recreativo del cannabis (en
vez de “descriminalizarlo”, cuando la posesión puede conducir a una multa, mas
no a un expediente criminal). Fue el primer país en tomar esta medida desde
1961, año en que Naciones Unidas estableció el marco de la prohibición mundial
contra las drogas.
Con esa decisión, Uruguay
demostró que puede haber políticas alternativas sin recurrir a la
obligatoriedad internacional. Varias entidades federales de Estados Unidos han
seguido los pasos de Uruguay, extendiendo la liberalización al uso recreativo,
así como a los usuarios médicos de cannabis. Sin embargo, el Reino Unido
persiste en su postura inflexible, insistiendo en que su política actual
funciona.
Lógica falsa
El Reino Unido parece cada
vez más fuera de línea con muchos otros países, en cuanto a su enfoque de las
drogas en general, y el cannabis en particular. A la zaga de los cambios en
Estados Unidos, las encuestas sugieren que crecientes cifras de ciudadanos británicos
también están a favor de un cambio en las legislaciones.
El Ministerio del Interior
reconoce que no existe “una relación evidente entre la dureza de un país en la
observancia legislativa contra la posesión de drogas, y el nivel de uso de
drogas en dicho país”. Las condenas relacionadas con el uso de cannabis se han
reducido 46 por ciento en los últimos cinco años. Esto podría sugerir que cannabis ha
sido descriminalizado discreta y parcialmente. No obstante, el gobierno persiste
en su postura rígida, anticuada y dogmática hacia las drogas cuando hace
declaraciones públicas sobre el cannabis.
El gobierno afirma que la
prohibición funciona porque el uso de cannabis ha disminuido en el Reino Unido
en años recientes. Esta disminución en el uso podría explicar algo de la caída
en la tasa de condenas relacionadas con cannabis. Pero si seguimos la lógica
falsa del gobierno, y nos limitamos a esperar a que el uso del cannabis siga
cayendo –suponiendo que caerá (una suposición enorme, por cierto)-, entonces
pasarían otras cinco décadas antes de alcanzar el objetivo gubernamental de
erradicar por completo el cannabis.
Mas esa interpretación
simplista de los datos es obviamente errónea. Aunque el uso de cannabis ha
disminuido, pasa por alto lo que ocurre en ciertos subgrupos de usuarios de
cannabis. Por ejemplo, una población creciente de jóvenes está accediendo a
servicios de tratamientos con drogas, a resultas de estar utilizando cepas
potentes de cannabis.
Los cultivadores individuales
y clandestinos comerciales están explotando los adelantos en tecnologías de
semillas, y utilizan equipos hidropónicos para cultivar variedades de cannabis
más potentes. Y no hay duda de que las cepas de cannabis más fuertes pueden
aumentar el riesgo de desarrollar una variedad de problemas de salud, como la
psicosis. Esa mayor potencia es una razón importante para cambiar la postura
legal actual, más que respaldarla.
¿Cuáles son las opciones?
Aunque el debate sobre las
drogas suele representarse como un debate de dos extremos –legalizar o
criminalizar-, en realidad hay muchas opciones. Por ejemplo, Beau Kilmer,
codirector del Centro RAND para la Investigación de Políticas sobre Drogas,
sugiere un enfoque incremental para la regulación.
Su propuesta podría resultar
en un nueva estrategia política que tenga el potencial de mejorar la salud en
el nivel poblacional. La introducción de una regulación estatal daría a los
usuarios un producto de cannabis que haya sido probado para determinar su
potencia, y que sería suministrado sin el riesgo de aditivos peligrosos. Por
otro lado, también generaría ingresos, lo cual contribuiría a nuestra salud
colectiva. En todo el mundo están acumulándose evidencias que apoyan este
cambio, gracias a las jurisdicciones que han trascendido el compromiso ideológico
de la guerra contra las drogas.
El gobierno tiene la
obligación de proteger al pueblo al que sirve, y en el tema del cannabis, ha
incumplido con esa obligación de dos maneras. Primero, ha subcontratado al
crimen organizado la producción y el suministro de un producto ampliamente
consumido, y eso significa que no hay control de calidad ni estándares de
producción regulados. Esto, a su vez, ocasiona que las personas que usan
cannabis realicen experimentos diarios con su salud. Segundo, pierde credibilidad
al respaldar la prohibición públicamente y sin embargo, permitir que sus
agencias hagan lo contrario por lo bajo. Es muy difícil determinar a quién
sirve esta política, excepto a un puñado de criminales de elite que controlan
la producción y distribución del cannabis.
Ian Hamilton es profesor de salud mental en la
Universidad de York.
Mark Monaghan es profesor de criminología y política
social en la Universidad de Loughborough.
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Publicado en colaboración con Newsweek / Published in colaboration with Newsweek