México ha cruzado una línea peligrosa: ha decidido simular el combate al crimen organizado mientras tolera, en los hechos, su expansión. Y esa decisión no solo está destruyendo la seguridad interna del país, está erosionando la relación más importante que tiene (Estados Unidos) en un momento en el que la estabilidad regional depende de ambos.
La narrativa oficial insiste en avances, en operativos, en cifras que pretenden mostrar control. Pero basta mirar la realidad para entender que se trata de una construcción artificial. Los grupos criminales no solo siguen operando, han diversificado sus actividades, han ampliado su control territorial y han penetrado economías completas. El narcotráfico es solo una parte del problema. A su alrededor crecen redes de tráfico de armas (que fortalecen su capacidad de fuego), de trata de personas (mujeres y menores sometidos a explotación sistemática), de desapariciones (que en muchos casos ocultan estructuras de violencia mucho más profundas) y de extorsión generalizada.
Negar esta realidad no la hace desaparecer. La agrava.
El gobierno mexicano ha optado por una estrategia que combina omisión, discurso y control político de la narrativa. Se evita confrontar de fondo a las organizaciones criminales, se minimiza su impacto y se diluye la responsabilidad institucional. El resultado es una política de seguridad que no desmantela estructuras, no rompe cadenas financieras y no recupera territorios de manera sostenida.
Esto no es un error técnico. Es una decisión política.
Y es precisamente ahí donde el problema se vuelve internacional. Estados Unidos no observa a México como un caso aislado. Lo observa como una extensión directa de su propia seguridad. El fentanilo que mata a miles de estadounidenses no aparece por generación espontánea. Cruza por México. Se produce, se transporta y se protege en territorio mexicano. Pero reducir el problema a esa sustancia sería simplificarlo de forma irresponsable. Detrás del fentanilo hay organizaciones con control territorial, acceso a armamento sofisticado, redes de corrupción y una capacidad operativa que no podría sostenerse sin la debilidad (o la tolerancia) del Estado.
Washington empieza a actuar en consecuencia. El tono ha cambiado. Las presiones son más abiertas, las discusiones sobre designaciones de organizaciones criminales como terroristas son cada vez más frecuentes y las opciones de intervención (directa o indirecta) ya no son marginales en ciertos círculos de seguridad. No es una amenaza retórica. Es una posibilidad que crece conforme México pierde credibilidad.
Y aquí aparece una verdad incómoda que el gobierno mexicano parece ignorar: la relación con Estados Unidos no es incondicional.
México tiene una ventaja estratégica extraordinaria (ubicación geográfica, integración económica, nearshoring, mercado compartido), pero esa ventaja no es permanente. Depende de confianza. Depende de estabilidad. Depende de la capacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de legalidad. Cuando esa base se debilita, la relación se transforma.
Estados Unidos puede endurecer su postura. Puede imponer condiciones comerciales, puede incrementar su presión financiera, puede actuar unilateralmente en temas de seguridad y puede redefinir su estrategia regional sin México como socio confiable. El costo de ese escenario sería devastador para la economía mexicana y para su posición en el mundo.
A pesar de ello, el gobierno mexicano parece apostar por la negación. Minimiza la magnitud del problema, rechaza críticas externas y sostiene una narrativa que ya no resiste contraste con la realidad. Mientras tanto, los datos duros se acumulan (desapariciones que no se explican, violencia que no cede, territorios donde el Estado no entra, víctimas que no encuentran justicia).
La distancia entre discurso y realidad se ha vuelto insostenible.
Pero hay un punto aún más grave. No se trata solo de incapacidad. En muchos casos, lo que se percibe es una forma de tolerancia operativa. No necesariamente explícita, no necesariamente declarada, pero funcional. Los grupos criminales operan, generan violencia, pero dentro de ciertos márgenes que no alteran completamente el control político. Ese equilibrio precario es profundamente peligroso porque legitima, de facto, la presencia del crimen como actor estructural.
México no puede sostener esa lógica indefinidamente.
El país enfrenta una decisión que ya no admite evasivas. O corrige de fondo su estrategia de seguridad (fortalece fiscalías, rompe redes de corrupción, desmantela estructuras criminales y recupera el control territorial) o seguirá avanzando hacia un escenario donde la presión externa sustituya la cooperación y donde la relación con Estados Unidos deje de ser una oportunidad para convertirse en un problema.
La simulación tiene un costo. Y ese costo ya empezó a pagarse.
Porque cuando un Estado decide no enfrentar al crimen, el mensaje que envía es claro. No es que no pueda. Es que no quiere. Y cuando esa percepción cruza la frontera, deja de ser un problema interno.
Se convierte en un asunto de seguridad para Estados Unidos.
Y en ese momento, México deja de ser socio.
Empieza a ser riesgo. Que tiempos aquellos en que los Estados Unidos tenían el discurso a favor de la democracia, ahora eso, ya casi no importa… Nw