Asimismo, aunque en el último informe de gobierno se
destacó que entre septiembre de 2016 y junio de 2017 se logró evitar la condena
a muerte de 29 connacionales en EUA, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, para el 30 de junio de este año había 75 mexicanos enfrentando procesos
penales en EUA que podrían terminar con sentencias de pena capital.
El tema es de gran relevancia para el país
en tanto que en la mayoría de los casos de mexicanos condenados a muerte se han
incumplido los acuerdos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al
no informar debidamente a las autoridades consulares, y los procesos han resultado
violatorios de los derechos humanos de los mexicanos detenidos, al no cumplir
con los estándares internacionales en la materia.
Lee aquí el comunicado del gobierno federal
sobre la ejecución de Raúl Ramírez.
La condena y ejecución de mexicanos en
Estados Unidos ha generado una importante labor por parte de nuestro gobierno
para el cual, en los casos en que pueda aplicarse la pena de muerte, se debe
dar cumplimiento estricto a las garantías judiciales reconocidas en
instrumentos universales y regionales. México ha solicitado en reiteradas
ocasiones que su contraparte estadounidense garantice los derechos a la
notificación y asistencia consulares como fundamentales en el debido proceso
legal y el derecho a un juicio justo, en el caso de extranjeros (mexicanos)
sentenciados a muerte para evitar así, sentencias erróneas y ejecuciones
injustas.
El gobierno mexicano ha declarado que continuará
impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena, que fue el primer caso
contencioso planteado por México ante la Corte Internacional de Justicia, cuyos
logros representaban el triunfo de mayor trascendencia en los últimos años para
el Servicio Exterior Mexicano, aunque aún se debía superar una prueba más
grande, esperar que Estados Unidos acatará la sentencia de la Corte y que
entonces se hicieran efectivos sus postulados por parte de las autoridades
competentes.
Cabe señalar que el 28 de febrero de 2005
el presidente de Estados Unidos George W. Bush giró a las entidades federativas
una orden ejecutiva en la que instaba a las entidades federativas a acatar el
fallo de la Corte Internacional de Justicia, suspendiendo indefinidamente las condenas de los 51 mexicanos sentenciados
a muerte al momento, y realizando las revisiones correspondientes a los
procesos y las penas impuestas a los mismos.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia
de Estados Unidos decidió que ni el fallo Avena ni la orden de Bush constituían
una ley federal directamente ejecutable ante las cortes estadounidenses. Dicho
de otra manera, la revisión y reconsideración ordenada en el fallo avena no
podía ser concedida.