Solo entre enero y septiembre de 2016, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) habría desviado 97.1 millones de pesos del erario público.
De acuerdo con un informe del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags) al que Newsweek Aguascalientes tuvo acceso, el IEA contrató a un proveedor que el SAT mantiene en su lista de probables empresas fantasma, manejó dinero público en cuentas no registradas, finiquitó indebidamente a su ex director Francisco Chávez y otros funcionarios, y entregó apoyos irregulares a una asociación civil vinculada al Partido del Trabajo (PT).
¿Contrato con empresa fantasma?
El 26 de septiembre de 2016, el Instituto pagó 1 millón 740 mil pesos por el montaje del evento de danza “Tierra de la gente buena” a la empresa Prosecen S. de R.L. de C.V.
Según la auditoría del Órgano Superior de Fiscalización (Osfags), la factura con que el Instituto respaldó el pago no estaba registrada en los controles del Servicio de Administración Tributaria y la empresa estaba en la lista de empresas con presuntas operaciones inexistentes del (SAT).
“El proveedor observado se encuentra ubicado dentro del listado publicado por el Servicio de Administración Tributaria donde se incluyen los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos de simulación de operaciones y emisión de facturas apócrifas”, señaló el órgano fiscalizador de Aguascalientes en un informe del 25 de septiembre de 2017.
La empresa aún aparece en el listado de Personas Morales con presuntas operaciones inexistentes que el SAT tiene en línea, actualizada hasta el 17 de julio de 2017. Pero desapareció del listadopublicado el 26 de octubre pasado, aunque tampoco aparece en el de empresas que comprobaron operaciones.
Los Cendis del PT
El Órgano Superior de Fiscalización también detectó que el IEA entregó 7 millones de pesos a la Asociación Civil Educación Inicial Sierra Fría, que opera tres Centros de Desarrollo Infantil en Aguascalientes, a través del programa U031 Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil.
Sin embargo, el Instituto transfirió los recursos sin haber firmado el convenio correspondiente, los recibió en una cuenta que no estaba registrada en su contabilidad y rebasó en 2 millones de pesos el apoyo considerado en su presupuesto para esa asociación.
Educación Inicial Sierra Fría, A.C. está integrada por militantes del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, incluido su dirigente Héctor Quiroz, quien es investigado por presunto lavado de dinero del gobierno de Nuevo Léon a través de centros de desarrollo infantil.
Héctor Quiroz García y su hermano Edgar Arturo se integraron a la asociación en 2010, de acuerdo con un acta protocolizada en el registro público de la propiedad y el comercio de Aguascalientes. Ambos hermanos aparecen en el padrón de militantes del PT, junto con Anastasio Humberto Sánchez Ortiz y Jesús Tonatiuh Villaseñor Alvarado, presidente y secretario de la asociación, respectivamente.
Además, el IEA tendrá que reintegrar a las arcas públicas 20 millones de pesos que no comprobó haber destinado a los fines del programa U031 y al fondo de remodelación, rehabilitación y complemento de operación de escuelas.
Finiquitos indebidos
La auditoría encontró que ocho funcionarios del IEA, incluido su ex director Francisco Chávez Rangel, se otorgaron 2 millones 144 mil 744.91 pesos en indemnizaciones y primas de antigüedad que no les correspondían.
“Lo anterior, derivado de que el motivo de separación es renuncia y/o baja por término de nombramiento, por lo cual no se genera el derecho de pago de indemnización; y respecto a la prima de antigüedad, no superan los 15 años de servicio”, indica la auditoría.
Francisco Chávez, Erika Medina, Sergio López, Socorro Vallín, Antonio Cienfuegos, Erika Ibarra, José Mora y Enrique Lomas recibieron esas prestaciones indebidas el 30 de noviembre de 2016, indica la auditoría.
Pagos a ex compañero de Chávez Rangel
El IEA también deberá reintegrar 870 mil pesos que pagó al despacho Guerra Scott Abogados Consultores, S.A., por su defensa legal en una demanda civil que promovió la proveedora HMA Consultores. Pero el Instituto no entregó al Osfags documentos que probaran que el despacho hubiera prestado los servicios que se le contrataron ni el contrato que se dio al bufete.
Newsweek Aguascalientes posee copia de un contrato adjudicado directamente al abogado Martín Paulo Guerra Scott -no al despacho- por 3.2 millones de pesos de honorarios: 1.2 millones al firmar el contrato, 1 millón más cuando se dictara sentencia definitiva en primera instancia y otro millón al concluir el asunto en última instancia.
Una revisión a sus cédulas profesionales en la Dirección General de Profesiones arrojó que Guerra Scott y Francisco Chávez Rangel egresaron en 1987 de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Manejo de millones en cuentas “privadas”
Además, el IEA manejó 64 millones 453 mil 90.98 pesos de diversos programas públicos en doce cuentas que no estaban registradas dentro de su cuenta pública, seis del banco Santander y otras seis de Bancomer.
“Con los estados de cuenta exhibidos no acredita que los recursos manejados en las cuentas observadas se apegaron a los fines que el Instituto señala”, indicó el Órgano Superior.
El Instituto tendrá que devolver el total de los depósitos que recibió en esas cuentas.
Otras irregularidades
Los más de 97 millones de pesos los completan:
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Recargos por pago tardío de impuesto sobre la renta e impuesto sobre la nómina por 706 mil 848 pesos.
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El contrato por 1 millón 644 mil 711.80 pesos a la empresa Chango Maniaco para evaluar las habilidades lectoras en idioma inglés a estudiantes de primaria, mismo que no licitó, que pagó antes de hacer la requisición y que no probó que se haya prestado el servicio ni dado seguimiento.
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El contrato por 1 millón 800 mil pesos a la Constructora Coru para dar mantenimiento a planteles de educación básica. El IEA contrató a la empresa son consultar a la Secretaría de Fiscalización, a pesar de que uno de sus socios era funcionario del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos; además, adjudicó las obras directamente y no mediante licitación, y no comprobó con documentos que se hubieran realizado los trabajos.
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El pago de 2 millones 371 mil 473.42 pesos por servicios de difusión y otro tipo a las empresas Nitidata León, Consultores en Desarrollo Humano y Capacitación y Promocentro, sin exhibir soporte documental de los trabajos realizados.