Los agentes de inmigración golpearon la ventanilla y le pidieron que saliera del auto. Palacios se congeló. Después de algunos segundos les dijo a los agentes a través del vidrio que necesitaba hacer unas llamadas telefónicas. Llamó a su jefe para decirle que no iría a trabajar, a su abogado y a su esposa, ciudadana estadounidense, quien todavía dormía en el apartamento. Ella fue al estacionamiento a preguntarles a los agentes si tenían una orden para arrestar a su marido.
Ellos no tenían una orden de arresto, le respondieron, pero sí tenían una orden de deportación emitida por un juez en 2008, un par de años después de que Palacios llegó a Estados Unidos desde Honduras, cuando tenía 17 años. Al no ver una salida, Palacios abrió la puerta del auto, abrazó a su esposa y permitió que los oficiales le ataran los brazos a la espalda con amarres de plástico. Llevaron a Palacios a un centro de procesos en Filadelfia antes de trasladarlo a la Prisión del Condado de York, en Pensilvania. “Estaba en pánico”, dice Palacios. “Trataba de sopesar cada pequeño detalle. Finalmente, no había algo más que pudiéramos hacer, y simplemente salí del auto, le di a Lillie un abrazo y me fui con ellos”.
Para los 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, el miedo a la deportación no es nuevo. El expresidente Barack Obama deportó a 2.7 millones de indocumentados, la mayoría con antecedentes penales, durante sus ocho años en el cargo —más que cualquier otro presidente previo—, provocando que algunos grupos inmigratorios lo apodaran “deportador en jefe”. Pero apenas a seis meses de la presidencia de Trump, los inmigrantes como Palacios —gente sin antecedentes penales que trabaja y sostiene familias, y que ha vivido en Estados Unidos por mucho tiempo— se sienten todavía menos seguros. Ello se debe a que aun cuando Trump hizo campaña con una política inmigratoria que, dijo, se enfocaría en los “bad hombres”, sus decretos presidenciales no concuerdan con sus promesas de candidato. En el tiempo que ha pasado desde que Trump asumió el cargo, los abogados y defensores inmigratorios en ciudades como Filadelfia han visto un salto en la cantidad de personas detenidas que, dicen, no entran en el ámbito de la definición de “bad hombre”.
En una declaración para Newsweek, un portavoz de la Autoridad de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dice que la agencia está enfocada en detener gente que presenta una amenaza a la seguridad nacional, pero, añade, los oficiales también seleccionarán a quien hallen que entró en el país ilegalmente.
Con Obama, la Casa Blanca publicó memorandos claros de su política que guiaban a los agentes de la ICE a dar prioridad a los criminales cuando escudriñaban las montañas de archivos de gente que enfrentaba la deportación. La política guiaba a los agentes a enfocarse en deportar solo a los recién llegados, infractores inmigratorios reincidentes y personas con múltiples infracciones criminales. En la administración anterior, alrededor de 1.4 millones de personas fueron consideradas prioritarias para su expulsión.
Trump ha llevado la aplicación de la ley inmigratoria en una dirección diferente. Sus decretos anularon efectivamente la política de Obama. Mientras que antes los agentes debían seguir una lista específica de prioridades, ahora pueden ir tras cualquier inmigrante indocumentado que ellos tilden de ser un “riesgo a la seguridad pública o la seguridad nacional”, un mandato deliberadamente vago, dicen expertos en inmigración, que les da a los individuos en la agencia un amplio margen para tomar sus propias decisiones. “Con sus decretos presidenciales, Trump apeló a los peores instintos [de los oficiales de la ICE]”, dice Matthew Archambeault, abogado de Palacios, y añade que los oficiales “sienten que pueden ser malos y no darle una oportunidad a nadie”.
El resultado ha sido un aumento en la aplicación de la ley contra inmigrantes sin antecedentes penales. Varios abogados en Filadelfia dicen a Newsweek que oficiales de la ICE están arrestando a todo inmigrante indocumentado que encuentran, incluso aquellos que se pasan la luz roja o señales de alto. Los agentes de la ICE rutinariamente irrumpen en casas, se llevan a inmigrantes indocumentados seleccionados por infracciones menores de tránsito como exceso de velocidad, o van tras casos antiguos de reingreso ilegal o de inasistencia a citatorios de la corte para inmigrantes que de otra manera no tendrían antecedentes penales, según Peter Pedemonti, director del Movimiento del Nuevo Santuario, una organización de bases e interconfesional que trabaja con familias de inmigrantes en Filadelfia, durante sus casos en la corte. “[Los oficiales de la ICE] sienten que les han quitado las cadenas”, explica. “Irrumpen en casas todo el tiempo”.
El director de la ICE “quiere que todos tengan miedo, y esa política y mentalidad permea hasta las filas de los oficiales de más bajo nivel”, dice Archambeault. “La verdadera diferencia entre Obama y Trump es el tono y la actitud. No hay nadie en la rama ejecutiva que supervise lo que están haciendo los oficiales de la ICE”.
Y la administración de Trump ha aprehendido inmigrantes con más rapidez que la de Obama. En los primeros cien días de la administración de Trump, la ICE hizo 41,000 arrestos de individuos que se sabía o sospechaba que habían entrado en el país ilegalmente, un aumento cercano al 38 por ciento en relación con el mismo periodo en 2016. Pero al parecer estas cifras no pueden lograrse mediante enfocarse solo en los criminales. El mayor salto en arrestos desde enero se da en inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. Entre el 22 de enero y el 29 de abril, la ICE arrestó a 10,845 personas cuyas infracciones inmigratorias eran las únicas marcas en su historial. Ello es casi el triple de la cantidad de inmigrantes, en su mayoría criminales, arrestados en total durante el mismo periodo en el último año de Obama en su cargo.
El aumento ha sido especialmente notable en la región del Atlántico medio, donde vive Palacios. La tasa de detención de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales en Filadelfia (donde la oficina de campo de la ICE tiene jurisdicción sobre Pensilvania, Delaware y Virginia Occidental) es seis veces mayor en comparación con el mismo periodo en 2016.
QUERIDO DEPORTADO: Un dibujo de una niña cuelga en las
oficinas del Movimiento del Nuevo Santuario, una organización sin fines de
lucro que trabaja con inmigrantes en el área de Filadelfia. FOTO: JAKE NAUGHTON
PARA NEWSWEEK
Tal cambio ha impactado directamente a los inmigrantes como Palacios. Ahora de 27 años, salió de Honduras con rumbo a Estados Unidos a los 16 años con la esperanza de ganar dinero para su familia. Hizo trabajitos por algunos meses en México antes de cruzar la frontera hacia territorio estadounidense en 2006, donde fue atrapado y transferido a una instalación de detención en Texas para menores no acompañados. Cuenta que el gobierno se puso en contacto con su primo, quien se había casado con una ciudadana estadounidense en Filadelfia, y se fue a vivir con ellos, donde asistió a la preparatoria y su condición inmigratoria se clasificó.
Pero en su último año de preparatoria, en 2008, no asistió a una cita en la corte relacionada con su condición inmigratoria; estaba ocupado con la escuela, trabajando hasta tarde y durmiendo cuatro horas cada noche después de tomar el último tren a casa. A sus 17 años, no parecía valer la pena. “Era joven”, explica. Como resultado de la audiencia perdida, el juez a cargo de su caso emitió una orden de deportación. Desde entonces, él tendría que quedarse y trabajar en Estados Unidos ilegalmente.
Palacios se graduó de la preparatoria, asistió a la universidad, obtuvo un empleo y se casó con Lillie Williams, ciudadana estadounidense que trabaja en una compañía de educación tecnológica, en 2014. No pudo obtener un permiso de residencia a través del matrimonio porque el proceso se complicó por su orden de deportación.
En octubre pasado, Williams presentó una forma I-130, el documento que un ciudadano de Estados Unidos debe entregar al gobierno para establecer una relación con un pariente que quiere emigrar al país, una acción que la pareja cree que quizá haya motivado a la ICE a empezar a buscar a Palacios.
Cuando llegó a la Prisión del Condado de York, en mayo pasado, Palacios conoció a docenas de hombres a quienes la ICE había cercado al mismo tiempo. La mayoría de ellos, afirma, no tenía antecedentes penales. Cientos de inmigrantes indocumentados fueron detenidos en el área de Filadelfia en abril y mayo. Hizo amigos, en su mayoría de Latinoamérica o de países más lejanos, como Somalia. “Muchos de ellos no tenían abogados”, explica Palacios.
La Prisión del Condado de York cuenta con un ala separada para detenidos por la ICE, pero se llenó rápidamente, y Palacios y los otros tuvieron que ser juntados con prisioneros criminales. Detrás de las rejas, hasta su audiencia de fianza, por un mes Palacios se hizo cargo de otro inmigrante, un hombre de 22 años y mentalmente enfermo que no podía alimentarse solo. Por la tarde, tomaba siestas en su catre, a menudo despertándose para ver una fila de hombres esperando a la enfermera. Relata que casi todos tenían “ampollas por hongos” en la parte posterior de la cabeza por el agua contaminada. Palacios dormía en lo que llamaba un colchón “más delgado que un tapete”.
Pero estas condiciones no se comparaban con el miedo que sentía a la mitad de la noche. Entonces era cuando los oficiales entraban en la celda y sacaban a los detenidos de sus camas antes de deportarlos de regreso a sus países de origen. “Ahora, todas las noches, me despierto a las tres de la mañana”, platica a Newsweek.
En la audiencia de fianza de Palacios, el 15 de junio, él y su abogado solicitaron mediante teleconferencia al juez en Virginia que deberían dejarlo ir porque no es una amenaza para su comunidad. El juez estableció una fianza de 4,000 dólares. Cuando Palacios oyó que podría irse bajo fianza, todavía estaba ansioso. No hay garantía de que se le permita quedarse en el país, aunque su abogado y contactos de grupos defensores dicen que tiene buenas posibilidades. Ellos señalan cosas como el hecho de que no tiene antecedentes penales, llegó al país cuando era un menor no acompañado y proviene de un país notablemente peligroso donde su familia a menudo era robada.
Por ahora, Palacios está aprendiendo a reajustarse a vivir en casa. Planea regresar al trabajo y continuar el seguimiento de su caso inmigratorio, peleando contra la deportación. Él y su esposa tendrán que llenar más documentos.
Mientras tanto, tendrán que esperar la respuesta de su solicitud I-130, la cual comenzará el proceso para convertirlo en ciudadano legal. También tiene pendiente un caso de asilo, el cual a menudo tarda mucho en procesarse. Los solicitantes deben pasar por varias rondas de entrevistas y demostrar que necesitan quedarse en este país porque regresar a su hogar los pondría en peligro inminente.
Tanto Palacios como Williams saben que el camino será largo, pero tienen determinación. “En este momento estoy contento de estar en casa”, concluye. “Puedo lidiar con todo lo demás. Simplemente estar aquí con Lillie es todo lo que importa”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek