La industria del robo de combustible ha enfrentado al gobierno mexicano con grupos criminales que cuentan con una base social de apoyo. Los conocidos como “huachicoleros” han demostrado su poderío en distintos episodios de violencia que se han registrado en el presente año. El último de estos resultó en un enfrentamiento ocurrido en Puebla que culminó con la muerte de 10 personas, cuatro de ellos militares, un saldo desfavorable e inusual para las fuerzas armadas aún en los choques con grupos dedicados al narcotráfico.
El enfrentamiento siguió a un operativo para contrarrestar el robo de combustible. Los militares fueron agredidos en dos ocasiones, aunque sólo pudieron actuar en una ocasión, y afirman que los criminales se escudaron con mujeres y niños. Tras el ataque, los pobladores del municipio poblano de Palmar de Bravo bloquearon una autopista exigiendo la liberación de 14 detenidos, además de demandar que las fuerzas de seguridad estatales y federales abandonaran la zona. El gobernador de Puebla Antonio Gali afirmó que detrás de estas demandas está el crimen organizado.
A partir de la declaratoria de guerra que hiciera el gobierno mexicano en el año 2000 contra los grupos del narcotráfico, estas agrupaciones criminales diversificaron sus fuentes de ingreso, dedicándose también a la extorsión, secuestro y al robo de combustible de los ductos de Pemex, el cual deja a la empresa estatal pérdidas por unos 2000 millones de dólares.
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En este entramado, el estado de Puebla figura como el principal territorio de las tomas clandestinas, aunque el principal bastión en la entidad es la zona del Triángulo Rojo, por la cual pasa un oleoducto de combustible a la Ciudad de México desde el estado de Veracruz. Sólo en los primeros cuatro meses del año, militares y policías decomisaron dos millones de litros de combustible, detuvieron a 340 presuntos ladrones, y se decomisaron 1080 automóviles usados para el tráfico de gasolinas, de acuerdo con cifras estatales.
Puebla no es la única entidad que enfrenta este problema. Todos los días son robados más de 5.5 millones de litros de combustible de todo el sistema, desde las refinerías hasta las gasolineras, según dijeron funcionarios federales a The New York Times. El reporte indica que los grupos criminales atacan los 9000 kilómetros de tuberías que serpentean por todo México y que a menudo pasan por regiones rurales poco pobladas. El botín es vendido en precios menores a los comerciales e incluso, menciona el Times, se tiene reportes de que es ofrecido en el mercado negro de Estados Unidos y Centroamérica.
No obstante, el caso poblano ha resultado particular a raíz de los diferentes episodios que han exhibido un creciente poderío criminal de los “huachicoleros”, bajo el cobijo de autoridades tanto municipales como estatales que les han dado información y protección, a esto se suma el apoyo de los habitantes de las comunidades, que de acuerdo con el gobernador Gali, son utilizados “como carne de cañón”. Al respecto, un funcionario de la policía municipal del Triángulo Rojo dijo al New York Times que la lealtad hacia los pandilleros es tal que los habitantes de ciertos vecindarios no dejan ingresar a la policía ni a los soldados, aunque estos vayan para atender cuestiones que no tienen nada que ver con la ordeña de combustible.
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Un caso que ha trascendido más allá de la prensa nacional podría arrojar datos sobre la forma en que operan los “huachicoleros”. A inicios de la semana México se conmocionó con el caso de una familia que fue interceptada en una carretera federal, en un tramo localizado en Puebla, por ocho sujetos, que al despojar el vehículo en el que se transportaban las víctimas, asesinaron a un menor de dos años para después abusar sexualmente de su madre y hermana. El fiscal de Puebla, Víctor Carranca, informó el miércoles que detrás de este crimen pudieran estar los “huachicoleros”, debido a que el vehículo que robaron a la familia, es similar al que usan para transportar combustible robado, ademá de que la agresión se perpetró en una zona donde operan estos grupos.
Previo a este ataque, a finales de marzo del presente año, un camión del Ejército Mexicano volcó cuando perseguía a los tripulantes de una camioneta que era utilizada para transportar hidrocarburo robado de los ductos de Pemex. Ocho elementos castrenses resultaron con heridas “leves” por lo que tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica. De acuerdo con la versión oficial, el camión del Ejército chocó con la camioneta negra que era tripulada por los “huachicoleros”, lo que provocó que saliera del camino y volcara.
Aunado a este tipo de episodios, se encuentra la colusión que existe entre “huachicoleros” y autoridades. El pasado 10 de marzo, 87 personas fueron detenidas acusadas del robo de combustibles a Pemex, entre ellas elementos de la policía, regidores y el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, quienes presuntamente brindaban protección a las bandas delincuenciales.
A este caso se suma uno de alto perfil ocurrido en julio de 2015, cuando el entonces director general de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada López, y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Tomás Méndez Lozano, fueron detenidos por elementos del Ejército por sus presuntos vínculos con el delito de robo de hidrocarburo.
Las consecuencias de esta actividad también son las explosiones registradas a causa de las perforaciones clandestinas. En diciembre de 2010, la ordeña de combustible provocó una explosión que dejó 29 muertos en la comunidad poblana de San Martín Texmelucan. En 2016 Pemex identificó y selló 6873 tomas clandestinas en todo el país.