LOS GASOLINAZOS y demás disposiciones del gobierno federal para la liberalización del mercado de los combustibles, generadores de una espiral inflacionaria que sube como cohete, tienen al país convertido en un polvorín que se atiza con la tibieza de Enrique Peña Nieto frente a su homólogo Donald Trump. Esto, en un affair que día tras día suma un nuevo capítulo cada vez más adverso contra un México que padece un ambiente de crisis económica, desempleo y falta de respuestas concretas de su presidente para mitigarlos.
Las protestas contra los gasolinazos —que ya han impactado prácticamente en todos los sectores productivos— ocurren un día sí y otro también, y han congregado a centenares de organizaciones civiles y gremiales de todo tipo, cuyo descontento va también subiendo de tono. Apenas el 1 de febrero, en el Paseo de la Reforma, campesinos llegados de todo el país que se manifestaban frente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reclamando la falta de apoyo ante el incremento bruto del diésel, los fertilizantes y agroquímicos que utilizan en su faena, presas de la desesperación, tuvieron un encontronazo con policías capitalinos.
Ese mismo día, las consignas de “Fuera Peña Nieto y sus reformas” y “¡No al gasolinazo!”, por quinta semana hicieron eco en distintas entidades federativas.
A la par, algunos ciudadanos comienzan a optar por la vía jurídica, esperanzados en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que recientemente admitió uno de los amparos promovido por la administración local. Luego de que la noticia se hizo pública, 120 personas buscaron presentar el mismo amparo, y en los próximos días lo harán 800 más.
En una carpa instalada en la plancha del Zócalo capitalino, durante ocho horas corridas al día, un grupo de abogados orienta a los consumidores interesados. El abogado Joaquín Arana, asesor de la Consejería Jurídica, dice que cada vez hay más decididos a ampararse. Si esto fuera una pelea de box, tendríamos a la autoridad local ganando el primer asalto, pero habrá que esperar a ver lo que piensa el árbitro, si el Poder Judicial está decidido a entrar de fondo en uno de los temas sin duda más delicados para lo que resta de la administración de Peña.
La Consejería Jurídica de la Ciudad de México forma parte del team de los contrincantes locales. En su oficina, su titular, Manuel Granados Covarrubias, doctor en derecho por la UNAM, habla con Newsweek en Español sobre las irregularidades que los abogados detectaron no solo en la imposición diferenciada en el precio de los combustibles, sino en otras de las leyes y normativas de la reforma energética, tema que, considera, es un asunto sumamente delicado y podría detonar un mayor nivel de violencia y descontento social.
—¿Las autoridades federales actuaron fuera de la ley en las condiciones en que liberaron el mercado de combustibles?
—La autoridad federal tiene atribuciones exclusivas que marca la propia Constitución en materia energética, y después de las reformas constitucionales que se hicieron justamente en esta materia, en 2013 y 2014, la Ley de Hidrocarburos, la creación de la ASEA (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos), y de juzgados especializados en materia económica y de hidrocarburos, desde el punto de vista administrativo, se crearon para lo que, a lo mejor ya planeaban, que iba a generar una serie de impugnaciones que podían presentarse.
“Lamentablemente —agrega— sabemos la historia de lo que se llamó reforma energética, en donde hubo posiciones encontradas; desde el gobierno de la ciudad se asumió una posición muy clara de la no privatización de Petróleos Mexicanos, de seguir una línea que propuso en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para no afectar al pueblo mexicano; sin embargo, prosperó esa reforma y las reformas a las leyes correspondientes, que desde ese momento preveían la liberalización de los energéticos. Pero para nosotros sí fue sorprendente, no solo como servidores públicos sino como mexicanos, el que por un lado haya habido un pronunciamiento (del presidente) de que con la reforma energética no iba a aumentar la energía eléctrica ni tampoco gasolinazos, y luego encontramos un acuerdo por parte de las autoridades hacendarias, en el sentido de liberar los precios de los combustibles y la regionalización del país en noventa partes con precios diferenciados”.
Granados prosigue:
“Desde el punto de vista legal advertimos que es una afectación a la economía de los mexicanos de manera directa: apenas se anuncia la liberalización de los precios de los combustibles e inmediatamente hay una repercusión en el precio de la tortilla, de los 14 a los 20 pesos, y todos los productos de la canasta básica, y eso genera una espiral inflacionaria y la merma en la economía de los mexicanos. Cuando estudiamos los alcances de los acuerdos, advertimos que no están debidamente fundados y motivados, es decir, no nos explican cuáles son las razones por las que se toma esa decisión, cuál es la motivación de que se divida al país en noventa regiones; en el caso de la Ciudad de México por qué se divide en cuatro regiones, por qué si estoy en Azcapotzalco que es donde cuesta menos la gasolina cruzo la calle y cuesta más porque ya es Gustavo A. Madero. A todas luces no hay motivación ni está fundamentado, y la Constitución establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado cumpliendo el principio de legalidad, esa es una primera irregularidad.
“La propia Constitución establece en su artículo 1 las garantías de igualdad, y aquí se está diferenciando entre unos y otros mexicanos: a unos se les cobra más y a otros menos. No se da el mismo trato, hay discriminación entre unos y otros mexicanos. Adicionalmente se advierte la inequidad porque no se le da el mismo trato a los gobernados. ¿Por qué a los de Toluca les cuesta menos que a los de la Ciudad de México?, ¿qué privilegios tienen? No hay un respeto al principio de igualdad, hay discriminación, por tanto, viola el principio de no discriminación; por tanto, se aduce que hay una diferencia entre unos y otros mexicanos.
“Para interponer un juicio de amparo se requiere que haya una violación en uno de los derechos, y aquí advertimos que están violando muchos derechos: principio de igualdad, de legalidad, de equidad, de proporcionalidad. Adicionalmente advertimos, de la lectura de las propias leyes, que cuando se reformó la Ley de Órganos Coordinadores de Energía, se estableció un artículo 27 que nos llama mucho la atención, porque ese artículo establece que no se podrá conceder suspensión en materia de amparo cuando se trate de energéticos; espero que haya sido una falta de cuidado, pero en esto no hay coincidencias, a todas luces es inconstitucional porque la ley de la materia es la Ley de Amparo, así que esa ley es inconstitucional a todas luces”.
—¿Se hicieron artículos ilegales?
—Esto a todas luces es anticonstitucional.
—¿Desconocimiento?
—Aquí no hay casualidades. Creo que estaba muy bien diseñada la estrategia para poder implementarla. En su momento no se impugnaron esas leyes, sin embargo, ahora nosotros con el amparo que promovimos podemos impugnar.
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS: “No hay un respeto al principio de igualdad, hay discriminación, por tanto, violenta el principio de no discriminación”. Foto: JUAN CARLOS REYNOSO/NW NOTICIAS
EL PEREGRINAR JURÍDICO
El 16 de enero, Granados Covarrubias y un grupo de connotados constitucionalistas de la UNAM, entre ellos Jesús González Schmall, Raúl Carrancá, Julián Güitrón, Eduardo López y Carlos Daza, acudieron a los juzgados de Distrito a presentar amparos que buscan revertir el gasolinazo. El juzgado especializado en materia de hidrocarburos los desechó en paquete sin analizar los argumentos de fondo.
“Mi amparo siguen su curso —explica Granados—, hasta este momento no ha habido un pronunciamiento, pero fue el primer amparo, y hasta ahora no me han dado una asignación de juzgado, hay una dilación en el proceso. Llevamos del 16 de enero al 2 de febrero, y está en stand by, hay una dilación. Llegó al Juzgado de Distrito, ese juzgado se tarda ocho días para decir que no tiene competencia, lo turna a juzgado especializado, el juzgado especializado declina la competencia, dice ‘yo no quiero ver eso tampoco’, lo turna a los colegiados, y el colegiado es la fecha en que no se ha pronunciado, el colegiado tendría que decir quién es competente: si el especializado o el Juzgado de Distrito ordinario en materia administrativa”.
—¿Es atípico?
—Es atípico, francamente, porque por el estado de urgencia que hay en el tema, y por la situación que a todas luces vemos en el país, cada día crece la intensidad de la inconformidad en relación con el famoso gasolinazo, es evidente que el Poder Judicial debe entrarle al tema. Para acabarla de amolar un juzgado especializado dice ‘no conozco, yo declino, no quiero saber de eso’, y el otro dice ‘yo si tengo competencia’, pero en paquete desechó los amparos incluido uno nuestro con la misma argumentación con que desecharon los otros, aunque el nuestro nada tenía que ver con los argumentos por los que se desechó, es decir, ni siquiera se estudió.
—¿Qué le dice esto?
—Volvemos a hacer un llamado al Poder Judicial federal a que haya pulcritud. No es un tema menor, es la estabilidad del país, que no generemos violencia en el país, que fortalezcamos la economía de los mexicanos, que busquemos otras alternativas para que este tipo de medidas sean atacadas de diferente forma.
Respecto a la argumentación del gobierno federal de que el incremento de los precios de los combustibles se debe a los precios internacionales, Granados, doctor en administración pública, señala:
“No se nos puede imponer como mexicanos medidas cuando ni siquiera tenemos el ingreso per cápita como nos quieren comparar con Canadá, con Estados Unidos, o con Brasil. Su argumentación es que para liberar los precios entramos en un mercado de competencia y la competencia hace que bajen los costos, pero qué pasa en un país donde no se tienen ingresos, cuando no tienes empleo, pues no somos competitivos, no hay forma de consumo. Pero sí estamos pagando 3000 millones de pesos para la compra de combustibles para los funcionarios del gobierno federal. Los funcionarios federales se autorizaron 3000 millones de pesos para comprar su gasolina. Estamos pagando más de 240 000 millones de pesos al semestre por intereses de la deuda externa. Estamos pagando aviones y helicópteros de todas las dependencias del gobierno federal, y no hay medidas del gobierno federal que se aprieten el cinturón. ¿Por qué siempre tenemos que estar pagando los mexicanos en general los costos de una mala planeación económica?”.
—¿Cuál sería el alcance jurídico del amparo que fue aceptado?
—Podemos llegar a que declaren inconstitucionales los acuerdos de creación del famoso gasolinazo. La autoridad federal tendría que volver a emitir otros acuerdos, pero cuidando las formas, de manera transparente y sin afectar la economía de los mexicanos. Celebramos que un juez como es el Sexto haya admitido un primer juicio de amparo, porque entonces con un criterio legal van a tener que responder estas argumentaciones. Estaremos muy atentos, pero ojalá todos los jueces hicieran lo mismo. Ojalá los jueces se dieran cuenta de la realidad que vive el país, y de las cosas que pueden venir a futuro si no tenemos certeza en este tema.
EN UNA CARPA instalada en la plancha del Zócalo capitalino, un grupo de abogados orienta a los consumidores interesados en ampararse contra el gasolinazo. Foto: JUAN CARLOS REYNOSO/NW NOTICIAS
—¿Consideran que hay un fondo político en el hecho de que los precios de los combustibles sean más altos precisamente en la Ciudad de México?
—No hay casualidades. En el Estado de México valen más baratos frente a un proceso electoral; es decir, yo creo que no hay un tema tampoco de buena fe, y creo que todo tiene un fin.
—¿Si no hay buena fe hay dolo?
—No sé si hay dolo, pero sí que esto es política.
—¿Como abogado le sorprendió encontrar tantas irregularidades en las leyes emanadas de la reforma energética?
—Sí, claro, para nosotros es un abuso. Como abogado yo puedo decir: es un abuso.
—¿Qué otras irregularidades advierte?
—Una vez que están dadas las reformas a la Ley de Hidrocarburos se crean nuevas instancias, como la ASEA, ahora encargada de resguardar, de mitigar y de prevenir riesgos en materia energética, lo que antes hacían las áreas de protección civil de cada una de las entidades. Ahora tiene atribuciones para emitir manifestaciones de impacto ambiental y dictámenes de riesgo, esto quiere decir que las entidades ya no tendrán esas atribuciones.
Al respecto precisa que ello “significa que si alguien quiere poner una gasolinera, los permisos se los tiene que dar la Federación, y en este esquema de liberalización y competencia, la Comisión de Competencia Económica emitió un comunicado a todos los gobernadores, jefe de gobierno, alcaldes, presidentes municipales, congresos locales, para emitir una opinión que dice que eliminen todas las disposiciones normativas que contravengan el que se soliciten distancias en metros entre una y otra estación de servicio, eso quiere decir que hoy puedes tener una gasolinera aquí, otra enfrente, otra al lado, sin ningún control; y también que eliminen todas las normas que contravengan el número de metros que se requieren para poder poner una gasolinera; así, si tienes un predio de tres por tres, y te cabe una bomba, la pueden autorizar, y si te caben cuatro o cinco, también. Yo no sé qué medidas van a tomar para mitigar los riesgos, pero ocurrió lo de Pajaritos, Veracruz, y la famosa ASEA creo que ni fue, ¿crees que van a vigilar cada gasolinera que se instale en todo el país?”.
—¿Y qué viene?
—Hay una inconformidad social, hay una indignación, son varios temas acumulados y eso no lo quieren ver. Se ha generado una verdadera indignación social por el famoso gasolinazo, cada vez hay más manifestaciones en todo el país, y con una tónica más fuerte. En la manifestación de ayer (1 de febrero) de la plancha del Zócalo se convocaba a los mexicanos que integran las fuerzas armadas a unirse a la inconformidad contra las decisiones del mal gobierno y “Fuera Peña”. Este no es un tema menor, hay indignación por el tema económico, por el tema del empleo, y por la impunidad, ¿dónde están los rateros que se comprometieron a agarrar? Es la incongruencia.
—¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía al amparo?
—En el Juzgado de Distrito primero presentamos 12, hoy se han presentado más de 200, las próximas semanas se presentarán otros 800, son ciudadanos que están tomando este amparo, que es como el nuestro que ya fue aceptado.
“Es muy difícil prever —sostiene Granados— qué va a pasar, como abogado yo puedo decir que tenemos toda la argumentación jurídica bien sustentada para poder ganar; por eso hago un llamado al Poder Judicial para que se conduzca de manera transparente. Más allá de que si el abogado tiene o no la razón, somos millones de mexicanos que estamos inconformes, y que el Poder Judicial debe resolver, que se atienda para evitar generar violencia, para apaciguar el malestar y enmendar la plana que no se quiere reconocer. Porque este tema junto con el de Trump sin lugar a dudas es un escenario muy difícil para nuestro país.
“Este es un tema prioritario, y es un tema que ocupa no solo a los habitantes de la Ciudad de México, sino a todo el país. Nosotros tenemos mucho contacto con las organizaciones sociales y sabemos lo que les afecta, somos caja de resonancia de la problemática de todo el país y por eso podemos decir que este asunto es muy delicado y es de primer orden, y si no se atiende puede generar un tema violento o de otra índole.
—Si no avanza el amparo, si siguen los gasolinazos, si no se atiende la problemática, ¿qué puede pasar?
—Nosotros promovemos el amparo, vamos por la vía institucional, ese es nuestro papel, y es lo que nosotros podemos controlar porque está en nuestras manos. Pero cuando por la vía institucional no se logra, lo que pasa allá afuera no lo podemos controlar, y puede ser muy delicado; por eso apelo a que haya sensibilidad, a que escuchen al pueblo de México, a que vean cómo está la situación real del país.