ENCLAVADO entre las montañas de la parte centronorte de Venezuela, cerca del Mar Caribefar, se encuentra un verde valle, rico en caña de azúcar. Estos campos solían generar un flujo constante de efectivo para los habitantes de Tocorón. Ahora, sin embargo, la comida escasea y muchas personas se ven obligadas a comerse lo que cosechan, aunque no tenga prácticamente ningún valor nutricional. “Muchas cosas han cambiado”, señala Ramona Bolívar, residente de la zona, parada en su jardín trasero mientras masca un trozo de caña.
Al igual que muchos otros pueblos de Venezuela, Tocorón se ha visto profundamente afectado por una crisis económica nacional. El gobierno culpa a la caída de los precios del petróleo y a las empresas petroleras que supuestamente tratan de sabotear al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, otras personas culpan a la dependencia del petróleo y a años de políticas inspiradas en el socialismo impuestas por Maduro y su predecesor Hugo Chávez. De cualquier manera, actualmente el país está aquejado por una escasez crónica, una criminalidad desbordada y olas de saqueos.
Sin embargo, los habitantes de Tocorón son afortunados. Cuentan con un aliado en su desesperada lucha diaria por obtener alimentos: la cárcel local. Esta instalación tiene todo lo que falta en las grandes ciudades: azúcar, champú, pañales, desodorantes, pasta dental y papel higiénico, todo ello a la venta en un extraño mercado negro tras las rejas, en el que los ciudadanos (al menos aquellos que pueden permitírselo) tratan de entrar en prisión para obtener comida.
“Las personas de la localidad vienen aquí a hacer sus compras”, dice Julio, un preso de Tocorón, el cual, como la mayoría de los internos entrevistados por Newsweek, pidió ser identificado solo por su nombre de pila por motivos de seguridad. “A veces ni nosotros podemos comprar productos porque los visitantes llegan primero”.
Mientras que la mayoría de las otras prisiones de Venezuela están a punto del colapso, muchos de los presos se sienten afortunados por haber llegado a Tocorón. Según Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad, organización no gubernamental de ese país, en las prisiones de Venezuela hay alrededor de 95 000 internos, nueve veces más de lo que el sistema supuestamente puede albergar. Las miserables condiciones que enfrentan los internos (insalubridad, sobrepoblación y violencia) se han visto exacerbadas por la crisis económica. En algunos casos, los presos se han visto obligados a comer perros callejeros para evitar morirse de hambre.
Comparado con esas condiciones tan difíciles, Tocorón parece un club campestre. Cuenta con gimnasio, piscina, club nocturno, restaurantes, pequeñas tiendas de abarrotes e, incluso, un zoológico. Por supuesto, hay violencia, pero también hay bastante comida y no hay largas filas. Para pagar por esas amenidades, el mandamás de la prisión le cobra a cada preso un impuesto mensual: 1500 bolívares, o unos 53 centavos de dólar.
Todos los martes y jueves, dentro de la prisión los internos venden bolsas que contienen productos alimenticios básicos. Las bolsas lucen similares a las que vende el gobierno a través de su nuevo sistema de distribución, diseñado para aliviar la escasez. Muchos venezolanos piensan que las bolsas de los internos y las del gobierno provienen del mismo lugar; son robadas u obtenidas del gobierno y vendidas en el mercado negro.
Bolívar no sabe de dónde provienen las bolsas. Pero los alimentos que adquiere en la prisión son más baratos que los que puede comprar a través de los canales oficiales. A eso se debe que, semana tras semana, haga fila en el exterior, esperando hacer sus compras.
Según sus palabras, “entramos y salimos como si fuéramos los dueños del lugar”.
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Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek