El control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila, la confrontación entre dos grupos antagónicos, el Cártel del Golfo y los Zetas, así como la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y debilidad de otras dependencias permitieron que la matanza de 72 migrantes en San Fernando ocurrida en 2010 y la desaparición de un número aún indeterminado de personas en Allende reportada en 2011 pudieran ocurrir.
Un informe elaborado por El Colegio de México con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y coordinador por el académico Sergio Aguayo refiere que en en 2010 y 2011, el cártel de los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende.
“Los agentes se involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin con ontar ni combatir a los delincuentes”, plantea.
El documento detalla que en los dos municipios la organización criminal controlaba el aparato de seguridad local y que algunos de los policías eran parte integral de los Zetas.
“Los gobiernos municipales eran inexistentes y los funcionarios violaron múltiples leyes mexicanas e internacionales. Por ejemplo, incumplieron con la obligación de denunciar “inmediatamente” los casos de desaparición forzada”, expone el reporte.
Refiere que si lo encontrado en San Fernando y Allende se reproduce en otros municipios “y hay evidencia en ese sentido”, los gobiernos locales son el flanco más débil del Estado mexicano.
En ese sentido el informe afirma que los dos municipios revisados dejaron en el desamparo a las víctimas y concluye que “el Estado Mexicano no ha hecho su tarea” en tanto que no ha visibilizado la problemática en sentido amplio, carece de eficiencia en la procuración de justicia y no sólo abandonó a las víctimas sino que inclusive, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las han hostilizado.
“¿Por qué permitieron, el gobierno del estado y la Federación, tantos márgenes de autonomía a los Zetas?”, cuestiona el documento, y propone: ”Es insuficiente especular sobre sus motivos. Debemos tener certidumbre, lo cual requiere hacer entrevistas, trabajo de campo y diseñar metodologías adecuadas para cada región”.