Los testigos y víctimas de delitos, así como sus familiares podrán recibir protección del estado durante los juicios penales que se celebren bajo el nuevo sistema de justicia en Aguascalientes.
Desde atención médica o psicológica y asesoría legal, hasta videovigilancia en sus hogares e incluso su reubicación en otro domicilio dentro o fuera de México, son algunas de las medidas contempladas en el Programa para la Protección de las Personas que intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el estado que entró en vigor este mes y abarca también a policías, peritos, ministerios públicos y jueces que, por participar en un juicio, se encuentren en riesgo.
Cuando la persona en riesgo sea un recluso, las medidas de protección podrán incluir separarlo en un área especial del centro penitenciario o incluso su traslado a penales de más alta seguridad.
“Se considera riesgo a la amenaza o peligro que se cierne contra la vida e integridad de las personas que tienen la expectativa de acceder al programa”, señala el artículo 3º del programa encabezado por la Fiscalía General del estado. Sus objetivos, especifica, son garantizar que la participación de las personas en el juicio no tendrá consecuencias perjudiciales para ellas y preservar la integridad y la vida de quienes estén en riesgo por participar en el proceso penal.
Otras medidas previstas en el programa son la facilitación de recursos económicos para transporte, alojamiento temporal, reinserción laboral, mudanza, acondicionamiento de vivienda. También la entrega de dispositivos y números telefónicos protegidos y traslados bajo vigilancia policial, dependendiendo del grado de riesgo en el que se encuentren los ciudadanos o funcionarios.
Las medidas deberán ser solicitadas por la persona en riesgo o implementadas de oficio por las autoridades cuando consideren que existe el riesgo y aprobadas en un término de 24 horas por un comité en el que participarán la Fiscalía, el Supremo Tribunal de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.
El presupuesto para implementar estas medidas será parte del que se le asigne a la Fiscalía General del estado en el Presupuesto de Egresos de cada año. El Fiscal General informará cada año al Congreso sobre los resultados del programa y sus recursos deberán ser auditado por el Órgano Superior de Fiscalización. Sin embargo, no se revelará información que ponga en riesgo a las personas protegidas y, los funcionarios que la filtren podrán ser sancionados.