LAS HORAS PREVIAS a la jornada del 5 de junio daban cuenta del nerviosismo en la sede de campaña de Javier Corral Jurado en Ciudad Juárez. El diagnóstico que tenían, anticipaba actos violentos en corredores de la Sierra Tarahumara, los municipios de las praderas centrales y el valle compuesto por Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, ambos fronterizos con Texas. En estas regiones prevalecen sistemas de poder criminal a los que —sostiene el candidato del PAN— se les deja operar impunemente desde el gobierno de César Duarte Jáquez.
Doce años atrás, Corral perdió la contienda por el gobierno estatal frente al priista José Reyes Baeza. En 2004, igual que ahora, era senador de la República. Desde esa posición fustigó los actos de presunta corrupción del entonces gobernador Patricio Martínez, en cuyo mandato se consolidó la red policiaca que reguló el crimen bajo el concepto de La línea.
Durante el sexenio de Reyes Baeza, Chihuahua colapsó. La convergencia de la crisis del sector maquilador y la “guerra contra el narco” proclamada por Felipe Calderón, devastaron municipios enteros que hoy cuentan con una tercera parte de su población original. En ese contexto, Duarte alcanzó la gubernatura con una victoria aplastante sobre Acción Nacional, y ejerció desde el primero de los días actos irregulares —que de acuerdo con el expediente de 90 000 fojas que dice Corral tener en su poder— lo han enriquecido, tanto a él como a su círculo privado.
Se trata de una investigación inicialmente emprendida por Jaime García Chávez, un legendario activista y político chihuahuense que le descubrió el desvío de 65 millones de pesos del erario público para adquirir acciones del Banco Unión, del que presumiblemente Duarte es socio fundador. Junto con García y el ex dirigente estatal de Morena, Víctor Quintana, Javier Corral integró en 2014 Unión Ciudadana, el organismo contra la corrupción nacido con el objetivo de evidenciar las supuestas operaciones ilegales del gobernador.
El expediente se ha nutrido con información suficiente para acreditarle al menos cinco delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones, ejercicio indebido de facultades y atribuciones y lavado de dinero. Con ello en mente, Corral anunció desde su campaña que maniobrará para encarcelar a César Duarte. A ello obedecía el nerviosismo desde las horas previas a la jornada electoral. Corral no es el único que espera reacciones de todo tipo a manos de Duarte, sino el resto de sus aliados. “Puede llegar a tomar decisiones o a cometer locuras”, dice el panista sobre ello.
Guiado por ese criterio, el candidato del PAN llamó a crear una Alianza Ciudadana, con militantes de la izquierda y activistas. El día de las votaciones, Corral arribó a la casilla a las nueve de la mañana junto con su esposa y un pequeño grupo de colaboradores. Se dijo confiado en el triunfo, “por cuatro o cinco puntos”, y expresó su inquietud por lo que pudiera suscitarse en al menos 14 regiones del estado bajo dominio criminal. Un día después, el conteo rápido le daba una ventaja de ocho puntos y medio sobre el contendiente del PRI, Enrique Serrano, a quien acusa de ser cómplice de Duarte.
El triunfo, lo mismo el suyo que el del resto de los candidatos del PAN, Javier Corral lo considera “el gran movimiento plebiscitario contra la corrupción oficial”. Un logro que no puede traicionarse. “Si nos vamos a volver a acomodar y de nuevo [a realizar] acuerditos del PRIAN, si vamos a hacernos de la vista gorda con ciertas cosas, ya valimos sombrilla, estamos fritos”, dice. Este es un triunfo común que debe aquilatarse porque, de nueva cuenta, sostiene, Acción Nacional está en la ruta de regreso a la Presidencia de la República.
Mientras tanto, debe rescatar a una entidad en ruinas.
CRÓNICA DE UN TRIUNFO ANUNCIADO: Javier Corral llega al gobierno de Chihuahua con un estado marcado y lastimado por la corrupción y el crimen organizado. Foto: Ricardo Muñoz.
—Las condiciones del estado son desastrosas, no sólo por el monto de la deuda pública sino por la persistencia de un sistema de terror plagado de historias de destierro en el marco de la reforma energética. ¿Qué ideas concretas tienes para establecer un gobierno en medio de esta imbricación de intereses del sector público y privado?
—Yo llego en las mejores condiciones con las que puede llegar un gobernador en el estado: con absoluta libertad, tanto política como económica.
En verdad, la distorsión del gobierno, esta condición de intereses privados y públicos, empieza desde las campañas. Ahí es donde está el tema. Entonces llego sin compromisos oprobiosos, no traigo compromisos con ningún grupo político en el PAN; mi candidatura surgió de un proceso de encuesta abierta a la ciudadanía, con un acuerdo político de unidad muy importante, y no llego tampoco con ningún grupo económico del estado. De hecho, al final de cuentas, mira qué sabio es el pueblo de Chihuahua, nos dio una contundente victoria para no hacernos depender de la voluntad de los intereses de Monterrey y los empresarios de Chihuahua que estaban detrás de todo.
Claro que no había que arriesgar el triunfo: pero ese No acuerdo nos ha librado de tener compromisos con este grupo económico —que por cierto siempre ha caído bien parado en Chihuahua— gobierne el PAN o el PRI.
Entonces mi mayor fortaleza es que estoy libre de esos compromisos y tengo libertad para actuar, para ser un árbitro de los intereses económicos en el estado, compartir la información con todos, para procurar las mejores condiciones de crecimiento económico de Chihuahua, para la promoción de los distintos grupos económicos y, por supuesto, con una apuesta de desarrollo económico local, la apuesta de empresas locales y no sólo a las extranjeras, que es donde ha estado fincado un modelo de crecimiento económico.
Los gobernadores han sido muy fáciles en decir: ahí está la maquiladora, o vamos por mayores inversiones extranjeras con las que hay que tener cuidado, porque todas esas inversiones terminan siendo expoliadores de la gente o del medio ambiente. Entonces, esa es una fortaleza que me da la victoria del pueblo de Chihuahua, en las dimensiones con que se produjo.
—Insisto en el tema: la reforma energética coloca a Chihuahua —junto a otras entidades— ante la promesa de El Dorado por las reservas de gas, minerales y agua. Así que no sólo convergen grandes capitales mexicanos, sino extranjeros. ¿Cuál es el balance que te plantea esta realidad, porque finalmente es ineludible?
—Para nuestra fortuna, yo me opuse a la reforma energética sobre todo por esa perspectiva de explotación de gas shale en Chihuahua, que legalizó el fracking, esta técnica de fracturación hidráulica para extraer gas de esquistos, y la combatí por ser altamente depredadora del ambiente, de la salud humana, de la tierra. Ya desde el momento en que le inyectan veneno a la tierra, ya estamos mal.
Chihuahua se habla de que es una de las zonas potencialmente con una gran reserva. La crisis petrolera en el mundo ha desplazado por lo pronto a un mayor tiempo esta técnica. Primero porque es la menos rentable de todas y pues porque se enfocan en la extracción de hidrocarburos hacia las técnicas tradicionales. Entonces la amenaza que nosotros creíamos que era latente, en términos de venir ya a perforarnos toda la tierra con el objetivo del gas shale, como lo puedes ver en Texas, creo que ya no está en el corto plazo; en todo caso estaría en el mediano plazo.
Ahora, pues ya es ley y yo voy a prometer respetar la ley y la constitución, pero la voy a hacer respetar cabalmente, por su puesto en las condiciones y en las obligaciones que tengan relación a medio ambiente, salud humana, respeto a la propiedad de la tierra, caminos, respeto a los derechos de terceros.
Incluso vamos a informar a la gente de las condiciones que la ley ha previsto para estos casos, porque el problema mayúsculo es que no solamente se institucionalizan estas figuras, luego los propios equilibrios por restricciones que la ley determina para mecanismos como este, terminan incumpliéndose. Entonces yo voy a, por lo menos, hacer que se respete la ley de lo que son las obligaciones de frente a la reforma energética.
—Hay territorios inmensos asolados por la violencia criminal y es imposible deslindar de ello a la fuerza pública del estado. ¿Qué tan grande es el desafío para restablecer el orden institucional sin quebrantos legales?
—La política de combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada no puede, en modo alguno, pasar por la violación de derechos humanos.
Es absolutamente compatible la procuración de la seguridad y la justicia con la protección de los derechos humanos. De entrada lo que tienes que hacer es desterrar el uso de la fuerza en términos represores. Lo que hay que hacer es una policía de investigación, profesionalizar altamente a las policías y reforzar los mecanismos de participación ciudadana en la consecución de los objetivos y de seguimiento de las acciones.
El modelo de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, que creó el programa federal Todos Somos Juárez, sin duda es el éxito en el decrecimiento del índice delictivo de lo que se conoce como delitos de alto impacto. Permitió visibilizar el problema con toda claridad, la responsabilidad pública, obligarlas a una coordinación institucional. Acuérdate que se echaban la pelotita para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Y la Mesa de Seguridad obliga a esa coordinación interinstitucional y luego le da seguimiento a metas y objetivos. Es precisamente la Mesa de Seguridad la que obliga a modificar la estrategia del presidente Calderón.
—Lo cierto es que los índices de delitos de alto impacto se reducen drásticamente al momento en que se van de las calles la Policía Federal y el Ejército, no por los trabajos de esa Mesa.
—Mira, la estadística, la certera, señala que para el último día del 2012 efectivamente ya habían bajado el 70 por ciento los delitos de alto impacto. Cuando yo te digo que rectifica el gobierno, empieza a salir el ejército, etcétera, es en el 2010. Es cuando se toma una gran decisión que, por cierto, fue una enorme cuota de sangre para el país, para el estado y para Ciudad Juárez, el tema de la insistencia de agentes ministeriales, policías de investigación.
Es precisamente este modelo el que permite ir abatiendo con inteligencia policiaca, con la acreditación de pruebas, la incidencia de los grandes cárteles y ahí es donde se modifica la estrategia de seguridad. Pagamos, ¡híjole!, una cuota de ministeriales brutal; los asesinaban de una manera brutal, los descuartizaban para tratar de inhibir ese eje.
Yo creo que hay que continuar con policía de investigación, hay que complementar con participación ciudadana, obviamente dignificar la labor policiaca. Los cárteles del narcotráfico, los grupos delincuenciales, hacen cómplices a los policías porque hay una vulnerabilidad e inseguridad económica, médica, familiar y en todos sentidos.
Debe dejarse a personal de confianza que tiene que ver con un seguimiento integral no solamente toxicológico, psicológico sino socioeconómico, de reconocimiento, de desarrollo patrimonial, mejorar las condiciones laborales y salariales de los policías, pero la mejor política de combate a la inseguridad es combatir la desigualdad social.
El gran problema de Chihuahua es que la inseguridad en Juárez se enquistó por los bajos salarios. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el rezago de infraestructura, es el caldo de cultivo perfecto para que los grupos delincuenciales tomen como rehén a los jóvenes, a los niños. Tú sabes que el sicariato en Juárez lo ejercían niños de hasta 12 años.
La sierra de Chihuahua, acosada totalmente por los cárteles del narcotráfico. Ahí está el otro dato que es muy importante decirlo: es cierto que se bajó el índice de delitos de alto impacto, entre otras cosas por lo que te digo del modelo de seguridad, pero también por una negociación que se hizo en el gobierno de Duarte con los principales cárteles, a los mismos que aquietaron cuando vino el Papa, con los que se logró lo que el mismo Papa llamó “La tregua”.
Estos fueron reubicados en el estado. Y los reubicaron en 21 municipios de la sierra de Chihuahua, que están acosados por el narcotráfico. Los jefes están en Juárez. Ahí están. Los jefes de los sicarios están en la sierra. Entonces se da una redistribución, una reubicación de cárteles.
Por eso digo que el tema está prendido con alfileres. Por supuesto que están coludidas las policías. Por eso hay que ir a limpiar a las policías con toda decisión. Y hay que dar el ejemplo. El gobernador es el primero que tiene que dar ese ejemplo de verticalidad y conducta honesta, de insobornable. Y eso es lo que va a permear.
Porque cuando la cabeza está totalmente podrida, ¿pues qué puedes esperar de todos los demás?
—Me concentro en otra parte del estado, la región del valle de Juárez y de los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero. Allí se da otra síntesis de sistemas y acuerdos criminales.
—Vamos a limpiar de malos al valle de Juárez…
—El censo intermedio de 2015 en Guadalupe reveló que 70 por ciento de la población huyó como efecto de ese pacto de violencia, ¿cómo se revierte un fenómeno de tal magnitud?
—Recuperando los municipios del valle de Juárez. Por supuesto relanzando un programa muy fuerte de reactivación, de la vocación natural del valle, que es la agricultura, la ganadería.
—¿Es posible ello tras la contaminación dejada por la maquila, que es el modelo impuesto hace cuatro décadas justo para reducir procesos agrícolas?
—Claro que se puede, porque para eso son los recursos públicos. Se apostó por un cambio profundo que tendrá una respuesta de igual dimensión. Vamos a recuperar al valle de Juárez y vamos a detonar mucho proyecto productivo ahí, mucho. Es más, mira, las inmediaciones de Juárez y su salida a esa vocación productiva en el campo que es el valle las vamos a impulsar con programas de crédito directo, pero también de financiamiento. De entrada, vamos a traer un fondo de casi 100 millones de pesos para detonar estos proyectos productivos. Vamos a detonar cultivos esenciales del estado que ya conoces, pero también nuevos cultivos que en el valle se dan de manera natural por su ubicación geográfica y las propias condiciones del suelo y vamos a limpiar a la policía.
No sé si sepas o hayas hablado con el grupo de Méxicanos en Exilio, que está en El Paso. El 70 por ciento de ese grupo, con el que yo ya me he reunido y he hecho compromisos durante la campaña, son del valle de Juárez. Todo Guadalupe está allá. Entonces, los vamos a regresar, pero primero vamos a generar las condiciones para que ese regreso sea pleno, sea una garantía.
Yo me he propuesto meterme directamente a recuperar los pueblos de Chihuahua, a realmente ir decretando una bandera blanca en cada uno de los municipios en donde vayamos limpiando y generando las condiciones de trabajo, de escuela y de infraestructura. Porque limpiar sin hacer nada en el fondo de la base social es no limpiar, porque es un regreso inmediato. Si a la gente no le das opciones se vuelven a contratar, a coludir.
“Los chihuahuenses detestamos un gobierno corrupto y corruptor… La corrupción no es nuestra cultura, y la rechazamos”. Foto: Luz Montero.
—Uno de los ejes de la campaña fue señalarle al gobernador sus actos de corrupción. Pero en los hechos, ¿cuántos de ellos pueden derivar en acciones judiciales?
—Primero te quiero decir que ahí está el clic del tema. Hay que entender la elección del 5 de junio —en todo el país, no solamente en Chihuahua— como el gran movimiento plebiscitario contra la corrupción oficial. Hace 30 años, cuando Chihuahua abrió la brecha en la lucha por la alternancia, se le devolvió la esperanza a los mexicanos de que un mejor presidente y un mejor futuro eran posibles.
Se cometió fraude electoral, pero seis años después estábamos observando la toma de posesión de Pancho Barrio. La victoria, precisamente, de este 5 de junio, o sea, tres décadas después, es otra bocanada de esperanza. Primero, el anhelo de que la democracia le sirve a la gente, pero el otro mensaje claro y contundente es que los chihuahuenses detestamos un gobierno corrupto y corruptor. Y que los mexicanos no queremos y mucho menos nos merecemos un sistema político fincado en la corrupción, la impunidad y el patrimonialismo del poder. Es la más clara afirmación de que la corrupción no es un problema cultural. La corrupción no es nuestra cultura, y la rechazamos.
Lo que se colocó en las elecciones del 5 de junio fue una gran sanción de la opinión pública y del electorado en las urnas. Sigue ahora concretar esa exigencia de justicia y si algún caso tendrá efectividad en el país será el de Chihuahua. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos una causa electoral de este asunto sino que veníamos de una causa social y política en contra de la corrupción de César Duarte desde hace dos años, en un movimiento también de carácter plural que asumió la batalla contra la corrupción política como el asunto más importante del país.
Y entones se dio, por parte de Jaime García Chávez, una denuncia robusta que nosotros nos hemos encargado de incrementar en un expediente de 90 000 fojas, en donde existen ya, en este momento, los elementos suficientes para ejercer la acción penal en contra del gobernador de Chihuahua.
Nosotros insistiremos en que esa orden de aprehensión salga. Contribuiremos con el Ministerio Público Federal con nuevos elementos, con nueva información, pero también abriremos la propia, la que tiene que ver no solamente con esos delitos sino con otros adicionales ¿Cuáles son? Mira, en el caso de Duarte, las conductas, los elementos, las evidencias, los informantes, los testigos ya en este momento acreditan por lo menos cinco delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones, ejercicio indebido de facultades y atribuciones y lavado de dinero.
Alrededor de la camarilla de Duarte, varios personajes señalados en su colusión con el crimen organizado. El gobierno de Chihuahua tiene que entrar con toda claridad a cooperar con el Ministerio Público Federal y por su puesto ahondar esas investigaciones en su propio ámbito de persecución penal.
—Anunciado todo ello, ¿cómo esperas la reacción de Duarte?
—Mira, ayer [Enrique] Serrano [el candidato derrotado del PRI] anunció su respeto a los resultados electorales. Dijo que reconocía nuestro triunfo. Hoy van a impugnar. A menos de 24 horas de que reconoció su derrota, anunciaron que van a impugnar, ¿por qué?, pues para ejercer otro tipo de presión. Es irreversible el resultado de Chihuahua, pero van a empezar a ejercer todo tipo de presión para tratar de detener cualquier intervención nuestra, inmediata ya en el gobierno, para encontrar información. Van a tratar de retrasarla lo más que se pueda.
Y que Duarte puede llegar a tomar decisiones o cometer locuras, también lo creo ¿eh? Imagínate a esta personalidad autoritaria, mitómana, megalómano, viendo que no solamente ha perdido el poder político sino que puede perder la libertad. Por supuesto que esperamos una reacción por parte de ellos.
—Peña Nieto habló contigo. ¿Cuál fue el tono de esa llamada, sabiendo que formarás parte de la Conago?
—[Ríe] Sí, ayer habló conmigo.
En primer lugar debo decirte que yo hablé con mucha franqueza con el presidente. Él fue muy amable, ¿eh? Un tono muy afectuoso. Yo le dije que ya nos conoceríamos más en lo personal. Yo voy a hacer una colaboración institucional con él, de colaboración; tengo muy claro mi papel, no vine aquí a ganar el argumento o a ganar el debate, he venido a resolver los problemas de la gente y de manera prioritaria y preferente acudir en favor de los que menos tienen, de los que más necesitan y de los que más han esperado resultados en Chihuahua.
Vengo con la claridad de que mi papel debe ser conciliar, concertar, negociar. Pero toda negociación tiene límites. Y los límites de las negociaciones son los principios y son los valores, es la ley como un valor fundamental, e incluso sobre la ley, la justicia. Si hay que optar en algún momento así debe ser.
Ahora, yo espero una coordinación con el presidente Peña Nieto. Y espero que nadie renuncie a sus formas de pensar. Yo no le voy a pedir a Peña que deje de pensar como piensa, porque a mí tampoco me pueden pedir que deje de ser como soy. Sabré identificar estilos, formas, momentos, cauces, conductos, pero no voy a claudicar de mis posturas sobre lo que yo veo en el país: una profunda regresión autoritaria y una corrupción galopante.
—Esta jornada qué tanto modifica la contienda en 2018. ¿Cuál será el impacto de este momento?
—Sin duda deja al PAN en una mejor posición, pero no por sí misma. Esto es muy importante: el PAN tiene que hacer una lectura profunda. Si el PAN cumple y sabe aquilatar la nueva oportunidad que nos han dado, sin duda se colocará, con toda claridad, en el 2018 para recuperar la Presidencia de la República. Pero si nos vamos a volver a acomodar, y de nuevo los acuerditos del PRIAN y vamos a empezar a hacernos de la vista gorda con ciertas cosas, ya valimos sombrilla, estamos fritos.
Lo que hay que hacer es entender el carácter plebiscitario de la elección y echarnos pa’delante en el combate a la corrupción, a la impunidad, restablecer la división de poderes, el estado de derecho, eliminar el sistema de tapaderas, romper el pacto de impunidad, generar una política social en los gobiernos del PAN. Basta de que el PAN le esté dando la titularidad exclusiva a la izquierda en términos de lo social. Hay que ir a modificar el modelo económico.
Yo sostengo que como gobernador puede uno influir para cambiar el modelo económico, para contrarrestar la desigualdad social y esta injusta distribución de la riqueza. Este modelo ya no le da ni a los más ricos del país, porque lo que se está poniendo en jaque son sus propios capitales. Estamos en una bomba de tiempo, de una disrupción social, porque la concentración de la riqueza es vergonzosa. Unos cuantos acaparan el 46 por ciento de la riqueza nacional. El otro 10 por ciento acapara casi el 42 por ciento —que es fundamentalmente clase media. Todo lo demás es pobreza. Todo lo demás es falta de oportunidades. Ahí está Juárez: la ciudad del fin de la historia.
El 19 por ciento de los juarenses no tienen asegurada la alimentación. Y cuando hablamos de 19 por ciento de los juarenses, hablamos —tú lo dijiste— de una población que puede ser el doble de Parral, Balleza y Saucillo juntos. El gran asunto es que este modelo económico ya no le sirve a nadie. Hay que generar una mejor redistribución del ingreso fiscal, una revaloración del ingreso salarial y reorientar los recursos públicos al rezago social, a la demanda social que no puede seguir esperando.
Entonces, si el PAN no le entra a eso vamos a desperdiciar una oportunidad de oro. No nos está permitido fallar.
VER ADEMÁS: La democracia en el valle de los ausentes