TLAXCALA, TLAX.— Domingo de sol tímido, día de elecciones en Tlaxcala, la entidad más minúscula del país. Es 5 de junio de 2016 y la jornada electoral prevista arranca, opacada.
Desde la noche del sábado y las primeras horas del domingo se registraron conglomerados humanos en algunos de los lugares donde se instalarían las casillas especiales, dispuestas para que emitan su voto quienes transitoriamente se encuentran fuera de su demarcación electoral.
El inédito hecho despertó suspicacias de fraude y acarreo que detonaron en incidentes y conatos de violencia. En San Pablo del Monte, por ejemplo, los pobladores arrojaron piedras contra diez camiones que transportaban gente externa al municipio.
Para las 09:00 horas, el consejo local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala confirmó la no instalación de cuatro de estas casillas, entre ellas la de San Pablo del Monte, por falta de condiciones de seguridad. La clausura de las casillas especiales se hizo luego extensiva. Poco antes de las 13:00 horas, fue un hecho la suspensión de las votaciones en 14 de ellas.
Al final sólo operó una, la 01, situada en la Central Camionera de Tlaxcala, en la que estuvieron disponibles el 6.88 por ciento de las 11 250 contempladas para las casillas especiales para votar por gobernador, presidente municipal y diputado.
El severo retraso en la instalación de las casillas fue otro de los sellos distintivos de la celebración de comicios en Tlaxcala, una las entidades de mayor pobreza en el país. Las casillas debieron estar disponibles desde las 8:00 horas, pero no fue así. En municipios como el de Chiautempan, algunos centros de votación arrancaron operaciones pasadas las 10:00 horas, lo que produjo molestias, reclamos y largas filas.
En la capital de Tlaxcala no hubo tumultos. El flujo de votantes fue constante. Al filo de las 18:00 horas, con la llegada de la llovizna que pronto viró en aguacero, la jornada electoral dio fin. Prestos, funcionarios de casilla y autoridades electorales desmontaron urnas y canceles y acordonaron el área con cinta amarilla, al tiempo que alistaban el paquete electoral y realizaban un primer conteo de votos.
En su informe de cierre de votación, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) reconoció la existencia de 34 incidencias durante la jornada electiva, como la no instalación de cuatro casillas especiales, la suspensión temporal del proceso de elección en algunas casillas por causas de “fuerza mayor”, la presencia de propaganda partidista al exterior de algunos centros de votación, así como de personas que intentaron obstaculizar los comicios.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala atendió 48 indagatorias de tipo electoral, por hechos probablemente constitutivos de delito, daños y amenazas.
Los medios de comunicación locales reportaron lo propio. Desde golpizas y amenazas con armas de fuego a manos de golpeadores, pistoleros y escoltas, supuestamente al servicio de candidatos y servidores públicos, tendientes a incidir en los resultados electorales.
Elección en duda, el gobernador electo Marco Mena, llega entre una jornada marcada por la escasa participación y la incoformidad de la perredista Lorena Cuéllar. Foto:Jorge Lezama/Cuartoscuro.
PIDEN VOTO POR VOTO
Las inconformidades, canalizadas en expresiones violentas no concluyeron con el desmantelamiento y cierre de casillas. Al contrario, se agudizaron conforme se difundían los primeros resultados de la contienda electoral.
El primer descontento poselectoral emanó de la lentitud con que operó el Programa de Resultados Preliminares (PREP), encargado de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Y es que, para la medianoche, es decir cuatro horas después de ser habilitado, el mecanismo apenas había procesado el 2.3 por ciento de las actas.
Luego vino el robo y quema de urnas por parte pobladores inconformes con los primeros indicativos de la contienda que mostraban una estrecha diferencia de votos entre los candidatos a presidentes municipales, diputados y gobernador. Esto ocurrió en San Marcos Contla, Acuamanala y San Cristóbal Zacatelco.
A las 17:50 horas del 6 de junio concluyó la operación del PREP, para dar paso a la tercera etapa del proceso electoral: la declaración de validez de resultados.
Los datos preliminares, obtenidos a partir de la captura del 82.4 por ciento de las actas de escrutinio y cómputo para gobernador, favorecen a Marco Antonio Mena Rodríguez, el abanderado de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y el Partido Socialista (PS).
El virtual ganador obtendría el 33.36 por ciento de los votos, apenas 3.5 puntos porcentuales más que Lorena Cuéllar Cisneros, candidata a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que registró el 29.91 por ciento de los sufragios.
Cuéllar, quien desde la noche del 5 de junio se declaró triunfadora de los comicios, se inconformó con el reporte del PREP, lo mismo que los dirigentes de su partido. A la luz del cotejo entre las actas de escrutinio y los resultados del PREP, señalaron inconsistencias en al menos 10 mil votos, principalmente por errores aritméticos, en favor de Mena Rodríguez, por lo que exigieron al ITE certeza en el proceso de cómputo, vía la autorización del conteo voto por voto.
Desde las primeras horas del 8 de junio, los consejos municipales y distritales entraron en sesión para contabilizar los sufragios de la jornada electoral en Tlaxcala, en medio de un clima de tensión, que tuvo su máxima expresión en Nativitas, en donde la sesión del consejo tuvo que ser cancelada y los paquetes electorales trasladados al ITE, para su resguardo. Al cierre de esta edición, algunos de estos continuaban sesionando.
Lento inicio de jornada, en los 60 municipios del estado, hubo severos retrasos en el armado de urnas y deficiencias en la capacitación de los funcionarios. Foto:Jorge Lezama/Cuartoscuro.
REPUNTA ABSTENCIONISMO
De oficializarse el triunfo de Marco Mena Rodríguez, identificado como el candidato del actual gobernador, la historia electoral en Tlaxcala se repetiría. Como en los tres comicios anteriores para elegir al titular del ejecutivo local, la fórmula de la coalición nuevamente saldría victoriosa.
Lo que no cuadra en la elección de 2016, respecto de las anteriores, es el porcentaje de participación en las urnas. En los comicios para gobernador de 1998, 2004 y 2010 la participación fue de entre el 61.40 y el 63.70 por ciento de la lista nominal. Ahora, de acuerdo con los resultados preliminares, es de apenas el 52.77 por ciento. Es decir, los recientes comicios en Tlaxcala registrarían el mayor índice de abstencionismo de los últimos 18 años.
El pasado 5 de junio, a nivel nacional, 1 365 cargos de representación popular se disputaron en las urnas. En el estado más pequeño del país, la contienda fue para elegir al gobernador, a 25 diputados locales (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional), así como a los alcaldes y síndicos de 60 ayuntamientos. Se eligieron también 392 presidentes de comunidad, 94 de los cuales fueron designados mediante el sistema de usos y costumbres.
Marco Mena Rodríguez, ex diputado local, ya se declara vencedor. Promete un gobierno incluyente, colocar al estado en la resonancia nacional y abonar en la prevención del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, problemática que, aclara, no es exclusiva de Tlaxcala.
SIMULACIÓN OFICIAL
Ellos y ellas decidieron mantenerse al margen de la faramalla electoral, de las y los contendientes en las urnas, de su demagogia y promesas incumplidas.
Su apuesta está del lado de la sociedad civil, de las comunidades. Que juntas fortalezcan la articulación de las redes de incidencia social.
“En este momento, a nivel nacional, hay una crisis de Estado, un desvío de poder: toda la estructura del Estado en contra de la ciudadanía y a favor de los intereses económicos. Por eso, no podemos seguir esperando que la solución venga de las autoridades”, refiere Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.
Los daños a la salud por la contaminación del Río Atoyac, el tercero más contaminado del país, y la operación de redes trata de mujeres y niñas con fines de explotación social en al menos 35 municipios de la entidad, son dos de las problemáticas que ha documentado esta asociación civil, con sede en la capital de Tlaxcala.
Hasta ahora, ningún gobernante ha mostrado verdadera voluntad política para actuar al respecto. De ahí la desconfianza del equipo del Centro Fray Julián Garcés hacia las instituciones públicas y sus representantes.
Pese a que Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, adoptó durante su campaña al cargo público la bandera del combate a la trata de personas, “cuando llegó el momento de hacer acciones, simplemente simuló”. Su gestión se negó, por ejemplo, a destinar presupuesto a la operación del Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas (logrado por el empuje de la sociedad civil), refiere Méndez Serrano.
La simulación oficial aplica también al tema de la contaminación del río Atoyac, que cruza los estados de Puebla y Tlaxcala. Lo más que han hecho los gobernantes en este sentido es montar plantas de tratamiento, ninguna de las cuales opera al 100 por ciento. Sin embargo, los responsables del gran desastre ambiental y de salud, los dueños de las grandes industrias que descargan sus desechos tóxicos en este caudal, permanecen intocables.
En los recientes comicios, el tema de la trata de mujeres y niñas figuró nuevamente como eje rector de las campañas de quienes contendieron por la gubernatura de Tlaxcala. Sin embargo, los integrantes del Centro Fray Julián Garcés no detectaron en los discursos acciones puntuales de combate, tan sólo la misma demagogia.
Lo mismo ocurre con la problemática del río Atoyac. Méndez Serrano explica que si bien el grueso de contendientes, hombres y mujeres, manifestó su compromiso con el medio ambiente, algunos a través de la firma de pactos en la materia, contradictoriamente, en nombre del supuesto desarrollo, enfatizaron en atraer más industria a Tlaxcala, sin tomar en cuenta que la legislación ambiental nacional y local es muy laxa.
“Nuestra posición es buscar acercamiento con las nuevas autoridades, sean del color que sean, para seguir denunciando y exigiendo el respeto a los derechos humanos. Nuestro reto como sociedad civil es estar muy organizados y documentados para así generar los mecanismos de presión suficientes para el cambio”.