El Senado de Brasil ha emitido
un voto decisivo para suspender a la presidenta Dilma Rousseff, quien será
sustituida durante seis meses por el vicepresidente Michel Temer, mientras se
investigan los alegatos en su contra.
Aunque no tan teatral ni
escandaloso como el voto de impeachment
del Congreso, el 17 de abril, el debate del Senado reveló mucho sobre el estado
real de la política de Brasil, cada vez más disfuncional.
El senador José Serra, del
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el partido de oposición principal, describió el
proceso de impeachment como una
“cuasi tragedia” para la nación y una “medicina amarga, pero necesaria”.
Serra es mejor conocido como
el dos veces ex candidato presidencial derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva
(“Lula”), en 2002 y Rousseff, en 2010. Aunque no hay duda de que se siente estimulado
por cierta alegría ante la desgracia ajena, su comentario de “medicina” es muy pertinente,
pues planeta una interrogante acerca de la enfermedad que el impeachment presuntamente debe curar; y
también sobre si el remedio no es, de hecho, peor que la enfermedad.
Otro jugador central en el
debate senatorial, Fernando Collor de Melo, fue el primer presidente electo
directamente en el país desde 1960, postulándose con una agenda de reforma
económica y anticorrupción. El propio Collor renunció al cargo en 1992, justo antes
de una votación de impeachment en el
Senado, enfrentando cargos de corrupción y acosado por manifestaciones masivas
contra su gobierno.
Las acusaciones de soborno reveladas
en 2015 durante la investigación de la extensa Operación Car Wash, hacen que la
presunta participación de Collor opaque las acusaciones directas contra
Rousseff. Por ello, es una ironía que el senador pueda votar por su
destitución.
Color usó su discurso post-impeachment no solo para reflejar su
experiencia personal en dicho proceso, sino para argumentar que el sistema
presidencial es, de sí, fuente de muchos de los problemas políticos del país. Esa
interrogante de lo que significa “legitimidad política” es lo que subyace a
toda esta saga de impeachment.
Aunque Rousseff ganó la elección
presidencial de 2014 en una segunda ronda y por un pequeño margen, su mandato
se fundamenta en 54 millones de votos, algo que se aseguró de mencionar en su
discurso después que el Senado la suspendió. Del mismo modo, los críticos del
proceso de impeachment han
cuestionado si las votaciones del Senado y el Congreso pueden ignorar,
legítimamente, los resultados electorales de 2014.
En un boletín de prensa, días
antes de la votación del Congreso, la Organización de Estados Americanos señaló
también la naturaleza política del proceso de impeachment, arguyendo que la democracia presidencial brasileña “no
puede operar de pronto como si fuera un sistema parlamentario, recurriendo al impeachment, en este caso del jefe del ejecutivo,
debido a un cambio en el equilibrio político de un gobierno de coalición”.
Dado el continuo
cuestionamiento de la legitimidad del proceso, y con tantos políticos
implicados en otros escándalos de corrupción, el impeachment solo ha contribuido a la inestabilidad del sistema y la
parálisis política.
Desintegración
Para empeorar las cosas, la
política de Brasil se ha fragmentado de manera enloquecedora. El Congreso
Nacional tiene no menos de 28 partidos políticos. En mayo de 2015, el más
grande de ellos, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ex
socio de coalición de Rousseff, tenía apenas 12.5 por ciento de los escaños
disponibles.
Esto hace muy difícil que el
partido de la presidenta forme una coalición gubernamental y consiga mayorías
para aprobar legislaciones. Se requiere de enorme destreza política para lograr
que todos los partidos de coalición colaboren, y las coaliciones
antigubernamentales pueden bloquear votaciones clave, paralizando el proceso de
tomar decisiones.
Por ejemplo, en 2015 y 2016,
los partidos de oposición hicieron propuestas legislativas costosas (conocidas
como pauta bomba o “bombas
fiscales”), las cuales descarrilaron los esfuerzos del gobierno para balancear
el presupuesto. El gobierno provisional, encabezado por el muy impopular vicepresidente,
Michel Temer, seguramente enfrentará problemas parecidos en medio de una grave
recesión económica.
En palabras de Maurício
Santoro, científico político brasileño: “Temer tal vez esté de luna de miel,
pero no hay que olvidar que fue una boda a la fuerza”.
Si bien los escándalos de
corrupción han precipitado protestas enormes contra el gobierno y la clase
política en general, muchos brasileños también están preocupados por el
desempleo y las implicaciones de un cambio de gobierno para el trabajo, los
salarios, y la provisión del bienestar social.
Según una reciente encuesta
de opinión de Vox Populi, un tercio de los respondedores esperaba que la
situación socioeconómica de Brasil se deteriorara bajo el mandato de Temer, con
inquietud particular en los renglones de pérdida de empleo, políticas sociales,
educación, y condiciones laborales.
La insatisfacción también ha
desatado manifestaciones contra el impeachment,
desde protestas ruidosas frente a las casas de políticos, hasta bloqueos de
caminos y marchas callejeras.
El encono de ambos frentes
demuestra cuán polarizada está volviéndose la sociedad de Brasil, y esta tendencia podría acelerarse conforme evolucione la crisis
política.
El siguiente paso es el
juicio de impeachment de Rousseff en
el Senado, el cual será supervisado por la Suprema Corte federal. Al final del
juicio, que podría durar hasta seis meses, el Senado volverá a votar para
decidir si la retira permanentemente del cargo, lo cual requeriría de una
mayoría de dos tercios.
No obstante, sea depuesta o
no, el proceso nada hará para resolver los profundos problemas que tiene
Brasil.