En efecto, según el Latinobarómetro, los mayores cuestionamientos a
la democracia se encuentran en los países en los que se conjuntan varios
factores: corrupción, violencia, impunidad, pobreza y desigualdad. Por
ello, constituye un error asumir que los derechos humanos son únicamente
los derechos políticos y civiles, y no, en el mismo nivel de
importancia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA).
Desde esta perspectiva, si algo ha provocado una profunda erosión de
la legitimidad democrática de los gobiernos y, en general, de todas las
instituciones públicas, es su incapacidad de garantizar el conjunto de
derechos humanos establecidos en sus constituciones, lo que ha llevado a
un profundo déficit de estatalidad en países como México, en donde el
entramado institucional dista mucho de estar en condiciones de cumplir
con el conjunto de mandatos establecidos en nuestra Carta Magna.
Pensado de este modo, si de verdad se quiere construir un régimen
democrático con plena legitimidad política, se requiere ya no sólo ganar
legalmente el voto ciudadano, sino, también, una vez en el gobierno o
en el Congreso de la Unión, desarrollar todas sus acciones centradas en
el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos.
Un gobierno eficaz, debe entenderse, es aquél que no sólo gasta con
base en la normatividad y en los criterios reglamentarios hoy vigentes;
por el contrario, lo será el que consiga implementar las reformas
necesarias para la reconstrucción de un nuevo Estado de bienestar, pues,
como lo diría Jorge Carpizo, el Estado democrático o es de bienestar o
no es democrático.
Hasta ahora, rumbo al debate que habrá de darse en las campañas de
2018, ninguno de los precandidatos ha hecho un planteamiento claro sobre
cuál es su propuesta para dar cumplimiento al mandato constitucional.
Lo único que se ha escuchado es que se quiere hacer de México un país
justo y generoso por un lado y, por el otro, llevar al país a
convertirse en una potencia.
Pero ninguna de las dos cosas podrá concretarse sin un ambicioso Plan
Nacional de Desarrollo capaz de orientar toda la acción pública, en los
tres órdenes de gobierno, hacia el cumplimiento de los derechos
humanos. Además de ser capaz de incorporar como ejes estratégicos los
Objetivos del Desarrollo Sustentable, a fin de avanzar
significativamente hacia las metas trazadas por la comunidad
internacional hacia el año 2030.
Construir un nuevo Estado de bienestar requiere, además de una
renovada fortaleza fiscal del Estado, que permita a su vez incrementar
la inversión pública productiva y, hasta ahora, todos los precandidatos
han dicho que no cobrarán más impuestos; peor aún, no se han pronunciado
siquiera por una reforma fiscal que le dé progresividad a nuestro
sistema y que permita redistribuir para reducir las brechas que
persisten y que se han documentado una vez más por el Coneval esta
semana, a través de la medición multidimensional de la pobreza a nivel
municipal.
La legitimidad de quien llegue a la Presidencia de la República en
2018 no podrá afianzarse sin construir un sistema educativo nacional,
gratuito y de calidad, con acceso universal desde el preescolar hasta la
universidad. Y para llegar a esa meta falta mucho. Lo mismo puede
afirmarse si, paralelamente, no se construye un nuevo sistema universal
de seguridad social, que, además de dar cobertura en salud, cumpla con
un objetivo redistributivo de la riqueza.
Para las democracias contemporáneas, la legitimidad debe ser
entendida y leída en clave de derechos humanos, y enfáticamente de
equidad, protección del interés superior de la niñez, no discriminación,
paz social, acceso a la justicia e igualdad entre mujeres y hombres.
*Artículo publicado originalmente en Excélsior el día 11-12-2017