A seis meses de haber iniciado el juicio por la muerte de Luis Fernando Ferra ‘Rojo’, el Supremo Tribunal de Justicia no ha resuelto las apelaciones que promovieron la familia del joven y el imputado por su presunto homicidio.
Para Mónica Aguilar, madre del activista fallecido el 25 de junio de 2016, los magistrados violan su derecho a una justicia expedita.
“Ya pasaron cinco meses y ninguna de las dos o del asunto en general no se ha emitido ninguna resolución. Nada. No tenemos nada y ya son cinco meses de estar esperando, de alargar la atención, de no poder encontrar una justicia pronta y expedita, como se supone que el nuevo sistema penal ofrece”, acusa Aguilar.
El pasado 29 de mayo, el caso pasó a la etapa de juicio oral y el juez de control rechazó parte de las pruebas presentadas tanto por el abogado de la familia de ‘Rojo’ como por la defensa del inculpado. Ambas partes apelaron esa decisión a principios de junio, pero ninguna ha recibido resolución hasta ahora.
Por ley, las personas procesadas bajo el nuevo sistema de justicia penal deben ser sentenciadas a más tardar en un año, pero pueden extender ese plazo para su defensa si lo desean. Al apelar, el conductor acusado de atropellar a Ferra hizo válido ese derecho, pero según los familiares del activista, los magistrados han tomado demasiado tiempo en resolver.
Aguilar de la Torre incluso asegura que el Supremo Tribunal ha resuelto apelaciones más recientes, por lo que pide a los magistrados celeridad en su trabajo.
“Me explica el ministerio público que está a cargo del caso que sí han notado que otras apelaciones que se emitieron después de la de nosotros ya fueron resueltas y la de nosotros sigue ahí. Ya se nos hizo mucho y, pues, finalmente ahí viene otra navidad con nuestro dolor y sin ver que se haga justicia en este caso”, se queja.
Inicialmente, al automovilista acusado de atropellar a ‘Rojo’ se le imputaron los delitos de homicidio culposo y omisión de auxilio. Este último cargo se le retiró en diciembre del año pasado. De ser encontrado culpable, enfrenta una pena de 3 a 7 años de prisión, hasta 175 días multa y el pago de reparación del daño, estimada provisionalmente en 730 mil 400 pesos.