La Fiscalía General de Aguascalientes tiene abiertas 16 carpetas de investigación por presuntos desvíos de recursos en el Instituto del Agua del estado (Inagua) solo durante el año pasado.
Mientras las auditorías del Órgano Superior de Fiscalización (Osfags) han observado irregularidades por más de 33 millones de pesos, las denuncias penales presentadas ante Fiscalía no señalan cantidades.
“Tenemos un total de 16 denuncias por parte del Inagua, pero en este momento no tenemos montos definidos. Eso no se advierte de manera inmediata (…) Prácticamente todas (las denuncias) que hemos recibido son presentadas en contra de quien resulte responsable. En ninguno de los casos hemos determinado que se presenten en contra del titular”, confirmó el Fiscal René Urrutia de la Vega a Newsweek Aguascalientes.
De acuerdo con un informe de auditoría del Osfags, correspondiente solo a los gastos de octubre y noviembre de 2016, el Inagua otorgó por adjudicación directa contratos que debió haber licitado, asignó obras y servicios en licitaciones irregulares y pagó por trabajos de los que no existen pruebas que se hayan realizado.
Las denuncias presentadas por el Inagua se suman a las cuatro que la Fiscalía General recibió en septiembre por irregularidades financieras en el Instituto de Educación el último año del priista Carlos Lozano al frente del gobierno.
Durante el sexenio del priista Carlos Lozano (2010-2016), el Instituto del Agua fue dirigido por Guillermo Saúl Rivera. El funcionario trabajaba ahí desde la administración anterior, del panista Luis Armando Reynoso, pero en un cargo medio, y en 2008 adquirió una residencia de 7.9 millones de dólares en un barrio familiar de la ciudad de Miami.
Los gastos que las dependencias y entidades del gobierno de Lozano de la Torre realizaron entre enero y septiembre de 2016 están “sellados”, ya que fueron revisados en auditorías contemporáneas. Ese mecanismo, creado en 2015 a iniciativa de Lozano y con la aprobación del Congreso de mayoría priista, impide que las cuentas revisiones a las cuentas públicas sean reabiertas por cualquier otra autoridad.