Jaime Rodríguez Calderón notificó a las autoridades electorales mexicanas su intención de contender por la Presidencia de México, mediante la llamada vía independiente, una fórmula que lo llevó a ocupar la gubernatura de Nuevo León, cargo que actualmente desempeña. Sin embargo, el político conocido como “El Bronco” se prepara a dejar su entidad con un importante adeudo con los neoleoneses a quienes como candidato prometió ponen en orden a los centros penitenciarios del estado, una situación que a la fecha no ha logrado.
Rodríguez Calderón firmó en marzo de 2015, aún como candidato, un acuerdo con asociaciones para limpiar y retomar el control de los centros penitenciarios del Estado. Siete meses después, el 3 de octubre, tomaría protesta como gobernador de Nuevo León. Y 131 días después, el 11 de febrero de 2016, tendría que afrontar su primer crisis de gobierno importante: un motín en el penal de Topo Chico que dejó 49 muertos y 12 lesionados, el cual es considerado la peor tragedia en la historia de las cárceles del país.
En ese 2016, otro conflicto en el mismo penal dejaría otros tres muertos. Aunque la situación de descontrol se haría patente en otros episodios registrados posteriormente como cuando en abril de este año se registró otro motín en el que hubo detonación de armas de disuasión no letales, sin que se reportaran lesionados, o como en junio pasado cuando Centro de Readaptación Social fue escenario de disturbios después de que fueran traslados de esa penitenciaría 37 internos.
El día de ayer, un nuevo episodio de violencia ocurrió dentro de un penal cuyo control está cargo de la administración de Rodríguez Calderón. Esta vez los hechos tuvieron lugar en la cárcel estatal de Cadereyta en donde un grupo de presos secuestró a tres guardias desatando incendios y un motín entre 250 reclusos que obligó a las autoridades a utilizar la “fuerza letal”, en un violento enfrentamiento que dejó trece muertos y 26 lesionados.
Los disturbios comenzaron por la madrugada y aunque habían sido controlados, resurgieron más tarde en la mañana cuando un grupo de internos incendió objetos que provocaron dos columnas de humo negro, visibles desde varios kilómetros a la redonda. En esos incendios murió un primer preso.
En la trifulca, y para protestar contra los directivos del penal, un grupo de reos secuestró a tres custodios, y tras un estéril diálogo con las autoridades para llegar a un acuerdo, ingresaron tropas de la Fuerza Civil, explicó Aldo Fasci, vocero de Seguridad de Nuevo León.
Abriéndose paso entre accesos bloqueados por cajas incendiadas, los uniformados acorralaron a los presos, quienes “apedrearon y agredieron con fierros y puntas. Le perforaron un pulmón a un policía”, describió. “No fue suficiente el uso de la fuerza no letal, participaron cerca de 250 internos en esta segunda etapa” del motín, subrayó Fasci.
En la tarde, “se tuvo que hacer uso de la fuerza letal para impedir que asesinaran a los custodios y a otros internos y el saldo hasta este momento es de 13 personas fallecidas”, todos reclusos, añadió, al subrayar que el uso de la fuerza letal está justificado por el artículo 17 del Código Penal.
Si bien la situación de autogobierno existe en gran parte de los penales mexicanos, los centro de readaptación social de Nuevo León han sido escenario en los últimos años de constantes hechos de violencia como motines y asesinatos o fugas. El diario El Norte reporta que en lo que va de la administración de Rodríguez Calderón los hechos violentos en los penales han cobrado la vida de 70 internos.
La situación de descontrol no es privativa de los penales de Cadereyta y Topo Chico, en la otra cárcel cuya administración depende del gobierno de “El Bronco”, la de Apodaca, también han sido reportadas sobrepoblación, episodios de violencia, abusos y precarias condiciones.
En el libro “Reinserción social, entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica”, presentado en septiembre pasado, la doctora Patricia Cerda Pérez encontró que el área más crítica la constituye la escasa seguridad, “porque hay una falta de elementos, actualmente se trabaja con una cuarta parte de los custodios que este penal necesita, en este ámbito los internos admiten la existencia de abusos sexuales entre los propios reclusos o entre autoridades y reclusos, la circulación de drogas y la presencia de robos y maltratos por parte de los propios compañeros al interior del reclusorio”.
La situación planteada por Cerda Pérez fue evidenciada en un video que circuló en marzo de 2017 en redes sociales en el que se mostraba a un grupo de reos desnudos o vestidos con ropa interior de mujer limpiar el piso del penal entre golpes, insultos y vejaciones de otros internos. Como respuesta, un grupo de custodios fue detenido y quedó sujeto a un proceso de investigación. La administración del Bronco aseguró en esa ocasión, en voz de Aldo Fasci Zuazua, que no se había perdido el control de los penales. Siete meses después, a principios de octubre, la casa donde vive el jefe de seguridad del Cereso de Apodaca sería atacada a balazos y días después tendría lugar el motín en Cadereyta.