Había gente presa del pánico en la azotea del hotel por el fuego en una habitación del quinto piso. Otros, paralizados, no salieron de sus cuartos y tuvieron que ser rescatados. Hubo quien entre el miedo y la desesperación amarró sábanas para bajar por la ventana.
“Qué bueno que no lo hizo, porque la sábana había quedado tres o cuatro pisos para llegar al piso, y muy probablemente hubiera perdido la vida o se hubiera lesionado de una manera muy grave”, cuenta Carlos Gopar Uribe, director de bomberos en Tijuana.
El incendio originado por una vela en el Hotel Ticuán de zona centro, aquella media noche de diciembre del 2014, puso a prueba al cuerpo de rescate para atender incendios en un edificio.
De acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Gastélum, el pasado Ayuntamiento otorgó 24 permisos para edificación vertical. De ese número, 13 licencias de construcción fueron entregadas por el Ayuntamiento anterior, y 101 en los nueve meses de la actual administración.
La Secretaría de Desarrollo Urbano informa que en este trienio recibieron 22 solicitudes para construcciones verticales, aunque no precisa su estatus.
Pero la llegada de esa tendencia mundial de aprovechar los espacios urbanos al máximo está planteando dudas en una ciudad marcada por su nacimiento desordenado. Una de ellas, quizá la más delicada, es la seguridad de los ciudadanos en casos de emergencia.
“Hoy tenemos edificaciones donde el bombero será insuficiente, definitivamente, en su capacidad de respuesta”, dice Gopar Uribe.
Tienen dos escaleras telescópicas de alrededor de 110 pies, con las que pueden llegar a un cuarto o quinto piso, según la distancia entre la máquina y el edificio, explica.
“No son comunes los incidentes en construcciones verticales porque no las teníamos, entonces muy probablemente hoy sean insuficientes. Hoy existen escaleras mucho más altas”, menciona el director de bomberos.
Y en una ciudad sísmica como ésta, tampoco hay certeza de las medidas de seguridad de las construcciones verticales.
Ingenieros no pueden afirmar que las nuevas y antiguas edificaciones cumplen para responder en caso de sismo o incendio. Las autoridades responden que hay obligaciones que no siempre son cumplidas, e inmobiliarios no descartan faltas de los constructores.
La sede local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y la asociación Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción Tijuana-Tecate y Rosarito (Comice TTR), coinciden en la preocupación.
“Es a lo mejor muy arriesgado decirlo. Definitivamente hay algunos elementos que están preparados para tal, pero yo pienso que no estamos preparados para una eventualidad mayor. Esa es mi opinión”, responde Luis Carlos Soto Moreno, presidente de Comice TTR.
Los especialistas también creen que aunque es necesario revisar el crecimiento de estos desarrollos, la moratoria que promueve el Cabildo para suspender la entrega de autorizaciones no es la respuesta para este mercado que ha tomado fuerza.
Según cifras de la organización civil Consejo Urbano de Tijuana, integrado por desarrolladores, constructores, arquitectos y urbanistas, hay 70 proyectos que representan una inversión directa de 5 mil 200 millones de pesos.
Esto es muy cercano al presupuesto anual de la ciudad que ronda los 6 mil millones de pesos.
En un desplegado el Consejo rechazó el proyecto del Ayuntamiento y resaltó que las inversiones representan 270 millones de pesos en impuestos y derechos.
César Romeo Sauceda, presidente de la CMIC, afirma que esta pausa a la inversión privada se sumaría a la baja de la inversión pública que recrudeció en los últimos tres años.
“Estamos declarando una moratoria por falta de infraestructura, por no tener resuelto el tema vial, el tema de agua, el tema de drenaje, el tema de servicios. Y creo que eso es lo más preocupante”, apunta.
Si esa economía creciente no es bien revisada, puede terminar siendo mucho más cara que cualquier inmueble, por muy exclusivo y lujoso que sea.
El director Gopar Uribe menciona que la reglamentación tiene algunos vacíos. “En esa parte, en la que la autoridad determine, es donde nosotros nos apoyamos”, señala.
Asegura que piden a los constructores instalar equipos automatizados como aspersores en el techo. Con esto retardan la propagación del fuego para dar tiempo a la llegada de los bomberos.
“Hay quienes no lo dudan, inmediatamente en su proyecto ya lo traen contemplado. Y hay quienes lamentablemente la seguridad de las personas la ponen en juego, y te das cuenta. Inmediatamente el factor económico es lo primero que te ponen en la mesa”, destaca.
Aunque asegura que la instrucción es que ningún trámite pasa si no cumple los requisitos, igual asienta que no todos las obras de la ciudad tienen su visto bueno.
“A pesar de que en el tema de las construcciones, en el proyecto de construcción se revisa y se le piden las especificaciones que deben de tener, muchas veces esos proyectos no llegan aquí”, añade.
El departamento a su cargo revisa entre otras cosas las condiciones del lugar para evacuar en caso de emergencia, las dimensiones para la entrada del equipo de bomberos, la alarma y el punto de reunión.
Por el contrario, el Director de Protección Civil del municipio, José Rito Portugal, subraya que por su escritorio no pasa ningún expediente de construcción para revisar.
“En materia de protección civil, nos quedamos cortos. Ahora sí que a mí me invitan cuando ya está terminado y construido, cuando vive gente allí y ya hay incidentes. Antes no”, comenta.
Las facultades de la Dirección son tan limitadas, que no puede obligar a desalojar su hogar a nadie que no quiera hacerlo, aunque la zona o la estructura amenacen con colapsar.
Héctor Bustamante, director de Bustamante Realty Group, sostiene que los nuevos desarrollos están bajo un código antisismo, y el riesgo está en la autoconstrucción de antiguas edificaciones.
Afirma que las más recientes están cumpliendo con los requisitos de bomberos dependiendo las características de cada una, y si hay vacíos en la reglamentación la autoridad debe de modificar el reglamento.
“No creo que los desarrolladores puedan ponerse en una situación de regatear, porque no tendrían el permiso. Ahorita lo más difícil es adquirir un permiso de construcción”, dice.
“Seguramente como todo, puede haber alguna excepción, pero son las mínimas”, agrega Héctor Bustamante.
La propuesta para detener las construcciones verticales no llegó de sorpresa. La posibilidad se asomó desde el segundo mes de gobierno de Gastélum Buenrostro.
En enero de este año, durante el Foro Ciudad Sustentable, cuestionó el impulso que recibieron esos desarrollos desde el Ayuntamiento que encabezó Jorge Astiazarán Orcí.
“No es posible que se haya permitido en el trienio pasado construcción de edificios que para nada vienen a beneficiar el entorno al cual nos debemos”, dijo en su mensaje a los participantes.
“Podrá enojarse el inmobiliario. El inmobiliario se enojará, pero los vecinos estarán contentos”, dice sobre la moratoria, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Rivera.
El foro fue para levantar propuestas de mejora a la infraestructura y definir el plan de crecimiento de la ciudad en su administración. Allí mismo instruyó al Secretario de Desarrollo Urbano, Ricardo Alejandro Lomelín Clapera, revisar esos permisos.
Newsweek en Español Baja California buscó insistentemente al secretario para una entrevista por el tema, pero se negó a hablar y pidió preguntas por correo electrónico.
“Se revisó el estatus de las obras que se estaban desarrollando respecto al status de su licencia. Todas tenían licencia”, dice el funcionario por correo.
En conferencia de prensa, el pasado 18 de septiembre para anunciar el proyecto de moratoria, Lomelín Clapera dijo que solicitaron a los desarrolladores estudios geológicos porque la reglamentación lo pide.
“Todo Tijuana tiene sus zonas de riesgo. La Chapultepec acuérdate que son lomeríos, son montañas”, dijo en esa ocasión.
El gobierno de la ciudad dice que su iniciativa también está respaldada en la inconformidad de vecinos que sienten invadido y recortado su espacio por el aumento de viviendas.
“Podrá enojarse el inmobiliario. El inmobiliario se enojará, pero los vecinos estarán contentos”, dice el presidente municipal.
La moratoria que el gobierno de la ciudad quiere declarar contempla ocho fraccionamientos: Jardines de Chapultepec Novena Sección, Privada Catalana, Residencial Cataviña, Rancho El Grande, San Jerónimo, Jardines de Chapultepec Sureste, Lomas de Agua Caliente Quinta Sección, y Sexta Sección.
Myrna González Medina, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, afirma que todas las construcciones autorizadas por la pasada y esta administración pueden seguir su curso.
“La moratoria no es retroactiva. Los que ya tienen permiso de construcción, esos ya tienen todo. Ya están listos para operar, para empezar a construir, y no hay ninguna licencia en trámite”, asegura.
La edil confirmó que pretendían aprobar la moratoria en la comisión a su cargo el pasado jueves 28 de septiembre. Pero eso no sucedió y en su lugar hubo una reunión entre regidores y empresarios.
“Nos tardamos en el ejercicio de convocar a los desarrolladores e inmobiliarios”, asienta la regidora Ivette Casillas que participó en esa reunión.
El director de Bustamante Realty Group también estuvo allí y cuenta que acordaron mesas de trabajo con el Implan para generar el Plan de Desarrollo Municipal.
“Hacer una moratoria significa interrumpir lo que ya se había planeado. Y con lo que ya se había planeado, muchos empresarios de todo México invirtieron en tierra y en proyectos para hacer aquí en Tijuana, y ahora les están cambiando las reglas del juego”, subraya.
Casillas Rivera dice que en la reunión también hablaron del impacto de los edificios en el entorno en el que son construidos.
Una propuesta para resolver esto, comenta, es dar plusvalía a los predios de los vecinos y reinvertir parte de lo recaudado en los espacios comunes alrededor del edificio.
“Subiría su impuesto predial, pero ellos están garantizando que van a vivir en una zona como ellos lo dicen: ‘en una zona privilegiada’. ¿Por qué?, porque tiene todos los servicios”, plantea.
Y aunque está en juego la seguridad de los ciudadanos, la responsable de empujar el proyecto en el Cabildo, la regidora González Medina, refiere que la moratoria nada tiene que ver con las condiciones geográficas de la ciudad.
“No va en relación con la zona sísmica, porque muchas ciudades grandes metropolitizadas tienen edificios muy grandes. Pero allí cambia el sistema de construcciones para los sismos. Aquí sería más bien ver la capacidad del uso de suelo, que haya movilidad” (sic), comenta.
Tras la conferencia de prensa del pasado 18 de septiembre, el gobierno de la ciudad consignó en comunicado de prensa que desconoce la capacidad de las nuevas estructuras.
Informaron que durante la moratoria “se podrá establecer de manera clara la densificación y capacidad de carga de edificios verticales en las colonias señaladas”.
Sobre la manera en que integrarán a las direcciones de Bomberos y Protección Civil, la regidora menciona que revisarán los reglamentos para que “a lo mejor se endurezcan un poquito más”.
De acuerdo con el gobierno de la ciudad, la moratoria que pretenden aprobar abarca una superficie de 133.44 hectáreas y un perímetro de 5 mil 78 metros lineales.
El temor sobre una parálisis de la inversión, dicen desde el palacio municipal, es infundado. La regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano remarca que las construcciones verticales pueden continuar.
“Lo que ellos llaman la zona dorada no es la única zona en la que únicamente se puede invertir en verticales. Hay todavía muchas hectáreas en Tijuana donde se puede construir”, resalta.
Incluso el presidente municipal afirma que en su administración están dispuestos a apoyar las construcciones en otros lugares dando beneficios fiscales o algún “tratamiento especial” para impulsar el desarrollo.
Y ahora que la moratoria se detuvo en su camino al Cabildo, donde la mayoría de los votos los tiene su partido, sostiene que no es un documento terminado.
“No estamos en contra de la rueda de la economía, para nada. ¿Que no van a invertir? Bueno, a veces hay desprecios que se agradecen. ‘No voy a invertir’. Nadie quería que invirtieras allí. Los ciudadanos se están oponiendo”, reiteró.
La estimación de las autoridades municipales es que la moratoria podría extenderse un año. En ese tiempo el Implan tendría que revisar las condiciones de la zona y resolver si puede seguir recibiendo vivienda vertical.
“Se va a revisar la densificación. Lo que se puede. Si es unifamiliar o multifamiliar, y en base a eso se van a seguir otorgando licencias y usos de suelo”, anota la regidora Myrna Sánchez.
Afirmó que pronto votarían la propuesta de moratoria en la comisión y pasará inmediatamente a Cabildo.
Pero su compañera Ivette Casillas, que no forma parte de la comisión de Desarrollo Urbano, no coincide con esta celeridad.
“Si no se tienen los elementos para poder tomar una decisión, no se puede votar”, refiere la edil de la misma fracción panista.
En medio de esto, el director Carlos Gopar asegura que ya iniciaron la capacitación de elementos para atender una emergencia en edificios altos, y contempla solicitar una escalera telescópica en el presupuesto del 2018.
Y en una ciudad donde los deslizamientos y fracturas de tierra han dejado a cientos de familias sin hogar, atender esta amenaza se vuelve una obligación.
“Sin sismos se nos están cayendo las casas, ¿qué va a pasar en un sismo?”, pregunta Gopar Uribe.
Aquí el director de Protección civil dice que nadie les ha dicho si participarán en el ordenamiento del que habla el gobierno de la ciudad.
“Protección Civil está pensando en que la autoridad municipal, ahora en materia de desarrollo urbano, está haciendo bien su trabajo. No podemos dudar de lo que ellos estén haciendo. Son ellos quienes, al autorizar un permiso de construcción, es porque ya validaron todo un proyecto de obra”, señala José Rito Portugal.
Ésta podría ser la oportunidad de Tijuana para corregir parte del descompuesto inicio que hoy complica la prestación de servicios, y tiene a miles de personas habitando en zonas de riesgo.
También de reducir la posibilidad de perder vidas y dinero como consecuencia de un desastre.
Especialistas dicen que la tendencia son las viviendas en edificios para mayor bienestar. Y aunque la moratoria parece una pausa para subirse a esa corriente, no está muy claro cómo sucedería.