Once dependencias del gobierno mexicano firmaron una serie de contratos ilegales a 186 empresas por un total de 7,670 millones de pesos entre 2013 y 2014 a través de una triangulación con universidades públicas, quienes habrían cobrado una comisión aunque no hayan dado ningún servicio.
Una investigación del portal de noticias mexicano Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada La Estafa Maestra señala que 128 de las 186 empresas que recibieron contratos no debían recibir recursos públicos porque no cuentan con la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas o porque no existen.
De los 7,670 millones de pesos que desviados, los equipos encontraron que 3,433 millones de pesos se fueron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas, mientras que el resto del dinero sirvió para contratar servicios que “en muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido”, detalla el texto.
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Entre las dependencias se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo de la Vivienda del ISsSTE (FOVISSSTE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), EL Banco Nacional de Obras y servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Sin embargo “el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas (…) los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular recursos, las empresas cobraron mil millones de pesos”, detalla el texto publicado en Animal Político.
Las universidades públicas involucradas en esta red son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.
De acuerdo con la investigación, estas instituciones educativas obtuvieron una comisión de 1,006 millones de pesos por participar en la red.
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Animal Político y MCCI detallan que de las 186 empresas con las que las universidades firmaron los contratos, 11 eran fantasma; 9 eran presuntas fantasma; 44 no tenían antecedentes registrales; 28 no contaban con dirección; 12 habían sido desmanteladas según un reporteo; 8 no existían según un reporteo; 10 no eran localizadas por la ASF; 6 tenían una razón social que no coincide con los servicios y 58 son presuntamente regulares.
Consultado por el medio, el Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal dijo que “es un fraude” y que los titulares de cada dependencia son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.
“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas”, señala el medio.