El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, por su papel en “la ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Las sanciones, congelan los activos que estas personas puedan tener en EE.UU. y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Estados Unidos incluyera en su “lista negra” internacional al presidente Nicolás Maduro.
Junto con Adán Chávez, también han sido señalados Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D’Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y exfuncionarios “chavistas”.
Adán Chávez, hermano del mandatario fallecido, fue nombrado secretario de la nueva asamblea.Estados Unidos considera que la votación a la Asamblea Constituyente fue ilegítima y lo considera una señal de que el presidente Nicolás Maduro está tratando de reforzar lo que Washington considera una dictadura.
Asimismo, figura Bladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo en la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas.
“El presidente Maduro instaló esta ilegítima Asamblea Constituyente para afianzar aún más su dictadura y continúa estrechando su control sobre el país”, indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“El desprecio del régimen por la voluntad de los venezolanos es inaceptable, y EE.UU. les respaldará en oposición a la tiranía hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera”, agregó Mnuchin.
Sin embargo, el Tesoro sigue sin aplicar sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) aplicó estas medidas en cumplimiento de un decreto de 2015, el 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela y de otros que socaven la democracia en ese país.
El gobierno de Donald Trump ya había sancionado el 31 de julio a Maduro, y antes a 13 funcionarios y excolaboradores del mandatario venezolano, acusados de quebrar la democracia, incurrir en corrupción o violar los derechos humanos.