Demandan, ante jueces federales, que estados cumplan con el SNA

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presentó dos demandas de amparo para que la justicia federal obligue a varios estados mexicanos a homologar sus leyes con la Ley General Anticorrupción y la Ley de General de Responsabilidades Administrativas.

En conferencia de prensa, los integrantes del Comité indicaron que el primer amparo se presentó ayer ante el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro y el segundo ante el juez décimo sexto de Distrito en materia administrativa, también de esta capital, Ricardo Gallardo Vara.

Aunque el 19 de julio venció el plazo legal para que los estados aprobaran reformas que permitieran la instalación de sistemas locales anticorrupción, varios estados han incumplido con esta obligación.

Chihuahua y Veracruz no han reformado su constitución local ni emitido las leyes de los Sistemas Locales Anticorrupción mientras que otros no han emitido las leyes necesarias para el sistema, detalló el Comité e indicó que ésta es la materia del primer amparo.

En un segundo amparo, el Comité de Participación Ciudadana exigen que se homologue en todo el país la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues en algunos casos los estados continúan sujetos a la legislación local.

El SNA dio inició sin fiscal ni con los 18 magistrados que deben integrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dos pendientes del senado de la República.

Mediante el SNA se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia la problemática de la corrupción.

El Sistema está integrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IANI), así como el fiscal anticorrupción.