Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, solicitó a la Corte del Distrito Oeste de Texas negar el decomiso y el procedimiento de extinción de dominio de siete propiedades a su nombre en la ciudad de San Antonio, solicitado por la Fiscalía Federal desde 2014.
En la solicitud de Juicio Sumario que presentó a finales de julio y de la que Newsweek Aguascalientes tiene una copia, Reynoso López acusa que el gobierno norteamericano ha mantenido ‘congeladas’ sus cuatro casas y tres predios industriales en el Condado de Bexar, pero en tres años que lleva el juicio, no ha presentado cargos contra él o su padre. Tampoco ha comprobado que hayan cometido algún delito que pueda castigarse en Estados Unidos y por eso, señala, no debe ser llevado a un juicio ante jurado.
“Durante los más de tres años que ha durado el caso, ha habido unaLis Pendens-una especie de embargo o gravamen- sobre las siete propiedades, y por lo tanto un impedimento para que los reclamantes se beneficien por completo de su posesión”, arguye el recurso presentado por el abogado de los Reynoso.
La Fiscalía norteamericana ha vinculado al ex gobernador Femat y su hijo a un posible caso de conspiración de lavado y malversación de fondos públicos. Su versión es que Reynoso Femat habría desviado 13.8 millones de pesos del erario público de Aguascalientes a través de la supuesta compra simulada de un tomógrafo para el Instituto de Salud del Estado durante su sexenio. Mediante triangulaciones en las que habrían participado empresas de Reynoso López, éste habría adquirido las siete propiedades con parte del dinero.
Por esas sospechas, en 2014 las autoridades norteamericanas solicitaron ante esa Corte el decomiso de las casas y bodegas que las empresas de Reynoso López presuntamente adquirieron con el recurso supuestamente desviado del erario.
“El gobierno (norteamericano) se basa en declaraciones infundadas, no corroboradas y no probadas de autoridades mexicanas que más adelante demuestran una investigación y análisis deficiente para respaldar su solicitud de decomiso”, acusa Reynoso López en las páginas 17 y 18 de su petición.
También defiende que el gobierno de Estados Unidos, representado por los Fiscales, no tiene evidencia de que él haya cometido delito ni de que Luis Armando Reynoso Femat haya sido sentenciado en México por algún cargo criminal.
Efectivamente, aunque el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes confirmó la condena de 6 años y 9 meses de prisión contra el ex gobernador por la compra irregular del tomógrafo, la resolución todavía no es definitiva y puede recurrirse ante la justicia federal mexicana.
La petición de Reynoso López argumenta también que el gobierno de Estados Unidos pretende aplicar sus leyes de forma extraterritorial. Los delitos específicos con los que relaciona al ex gobernador y su hijo -malversación y desvío de recursos- habrían ocurrido en México, por lo que no podría acusarlos formalmente de transportar propiedad robada, alega la petición.
Y afirma que el rastreo de movimientos bancarios que el gobierno norteamericano realizó no demuestra que los Reynoso hubieran hecho transacciones con dinero viciado.
“El mejor escenario para el gobierno, aunque incomprensible, es que los aproximadamente 1.1 millones de dólares presuntamente derivados del supuesto desvío del tomógrafo se utilizaron en la compra de las siete propiedades cuyo costo total es de al menos 5.5 millones de dólares”
“El gobierno ha privado a los reclamantes del acceso total a las siete propiedades y dañado severamente sus reputaciones a lo largo de los más de tres años que este caso ha estado en curso”, se duele Reynoso López en el recurso.
Spencer Richard Mc Mullen, abogado establecido en Guadalajara, explicó que el objetivo de la petición de Luis Armando Reynoso López es evitar el decomiso de sus propiedades porque no hay hechos controvertidos.
De acuerdo con Mc Mullen, el gobierno de Estados Unidos no acreditó los hechos o acusaciones por las que debieran incautarse las propiedades y por lo tanto tiene derecho a una sentencia absolutoria ahora sin necesidad de que haya un juicio final.
Tanto Reynoso Femat como el gobierno norteamericano, puntualizó, tienen oportunidad de defender sus posturas una vez más y hasta entonces el juez decidirá qué vía tomar para continuar el proceso.
“Es solo el primer documento de la moción de la parte promovente; entonces, el gobierno puede contestar. Y al final, puede responder a la contestación la parte reclamante también (…) Después pueden pasar dos cosas: a veces los jueces dictan resoluciones así, que pueden ser negando dictar sentencia, diciendo que todavía hay puntos en controversia y el procedimiento sigue hasta el juicio final. O puede dictar sentencia diciendo que está de acuerdo con la posición y los argumentos del reclamante, por lo que se dictaría sentencia absolutoria”, expresó el abogado.