Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes coadyuvaron en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pudieron haber sido objetivo del malware espía Pegasus, el cual está en poder de algunas dependencias del gobierno mexicano.
James Cavallaro, comisionado de la Comisión Interamericana, informó que integrantes del GIEI le enviaron una carta en la que manifestaron sus sospechas de que pudieron ser víctimas de intervenciones telefónicas, ante lo cual expresó su rechazo al considerar el asunto como “muy serio”.
“Nos informan que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México’ . Vamos a dar más detalles, vamos a comunicarle formalmente al Estado sobre esta carta, acabamos de recibirla”, dijo Cavallaro en el marco de las audiencias del 163 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH.
En ese sentido, la CIDH pidió al Estado mexicano responder de manera “enfática” sobre el presunto espionaje cometido en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, denunciado hace unas semanas en México. En respuesta, los representantes del Estado mexicano reiteraron el compromiso del gobierno federal de investigar este caso y sancionar a los responsables de esta situación.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dijo que el gobierno de México, así como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya atendieron las medidas cautelares que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Campa dijo “las medidas cautelares básicamente están orientadas; primero, a que las autoridades de las que se tiene información que adquirieron esta tecnología se abstengan de emplearlo en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad; segundo, se abstengan de utilizar información que pudiese derivarse de este procedimiento. Las medidas cautelares están dirigidas a la Secretaría de Gobernación, a la PGR, a la Secretaría de la Defensa Nacional y han sido atendidas y reconocidas por las tres instituciones”.