Más de un centenar de organizaciones civiles han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) la apertura de una investigación preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila, de 2009 a 2016 periodo en el que, afirman, se cometieron crímenes de lesa humanidad.
La solicitud se basa en una investigación y análisis jurídico realizado por la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas, quienes han expuesto que en esta entidad se cometieron delitos como la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, “como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado”.
“Con la ayuda del cártel de Los Zetas, las autoridades mexicanas son culpables de crímenes contra la humanidad desde 2009”, declaró durante una rueda de prensa en La Haya Jimena Reyes, directora para América de la FIDH. “Pedimos la apertura de una investigación preliminar, primera etapa para que el Estado mexicano reconozca que se cometen crímenes contra la humanidad en México”, prosiguió Jimena Reyes. “Esto debe terminar, la situación es de tal crueldad que supera cualquier entendimiento”.
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El informe que será presentado ante la CIP se basa en el análisis de 500 casos de “tortura, privación de libertad y desapariciones forzosas”.La comunicación incluye dos episodios particularmente violentos: la matanza por parte de los Zetas de entre 60 y 300 pobladores de Allende, en marzo de 2011; y la gestión de la prisión de Piedras Negras, “la cual bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012”.
La FIDH acusa al Gobierno de tener “una gran parte de responsabilidad en los crímenes cometidos” y denuncia una “colaboración de las autoridades con el grupo criminal Los Zetas, que controla el estado de Coahuila, donde ataca de forma sistemática a la población civil”.
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La información analizada lleva los autores del documento a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: “Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión”. Y del 2011/ 2012 al 2016: “Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales”.
“Insistimos ante la CPI porque el Estado mexicano no tiene la capacidad ni la voluntad de rendir justicia a las víctimas o a los desaparecidios. Pero es urgente”, declaró Ariana García, abogada de una asociación de víctimas, que vive bajo la protección constante de ocho guardaespaldas.