Las acusaciones por delitos federales integradas por la Procuraduría General de la República en contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, son sólidas y aseguran su vinculación a proceso, dijo al diario mexicano El Universal el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán.
“La orden de aprehensión de orden federal es una acusación sólida, robusta e integrada por la Subprocuraduría competente para estos efectos, y nosotros no consideramos que exista un riesgo de una violación al debido proceso” comentó el subprocurador al medio.
Esta tarde, Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México, aunque rechazó haber cometido los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que pesan en su contra, y aseguró que probará su inocencia.
“He decidido allanarme a la solicitud formal por los delitos federales operaciones de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país”, dijo Duarte de Ochoa durante su audiencia celebrada ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala en donde encaró su proceso de extradición por los supuestos delitos federales que habría cometido en su gestión en Veracruz.
Durante la audiencia en el Tribunal Quinto de la capital guatemalteca, la fiscalía presentó 19 pruebas dadas por México, incluidas la constitución de empresas, compra y venta de casas y terrenos en su país, así como la adquisición de un yate en Estados Unidos.
La fiscalía afirmó que Duarte participó “en un complejo esquema de transacciones” ilícitas con la creación de empresas de fachada y operaciones simuladas. No obstante, el exgobernador aseguró que en ninguno de los casos aparece como propietario de los inmuebles que le achacan las autoridades mexicanas.
El abogado en Guatemala de Duarte de Ochoa señaló que el expriista pisará el suelo mexicano en un periodo de 15 a 18 días debido a los trámites que deben realizar para hacer la extradición.
Duarte, de 43 años, se mantuvo sereno y no quiso hablar antes de la audiencia, contrario a la semana pasada cuando llegó al tribunal sonriente y bromeando con los periodistas.
Su abogado defensor, Carlos Velásquez, indicó que no existe ninguna vinculación con las acusaciones y afirmó que “se trata de un caso de rivalidad y una persecución política”. De acuerdo con Velásquez, la extradición de Duarte a México podría tardar unos 15 días.
El pasado martes 27 de junio, el exmandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó ser extraditado en una audiencia celebrada ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por seis delitos que la administración estatal que encabeza Miguel Angel Yunes Linares ha presentado en su contra. Sin embargo, su extradición se aplazó porque dependía del fallo de este día.
El exgobernador se encuentra recluido en el cuartel militar Matamoros de Ciudad de Guatemala, en un área que fue modificada para servir como prisión para reos considerados de alto perfil. Al concluir el proceso legal, según la legislación guatemalteca, Duarte quedará a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para su extradición.