VERÓNICA y sus tres hijos pequeños viven en un edificio
modernista en un tranquilo vecindario de Barcelona. El apartamento es perfecto
para la joven familia, excepto por una cosa: están ahí de manera ilegal.
Verónica, que declinó dar su apellido por temor a ser desalojada, es una de los
miles de personas en toda España que ocupan ilegalmente apartamentos vacíos.
Antes de convertirse en una ocupante ilegal, ella y sus
hijos dormían en una habitación alquilada infestada de cucarachas, y por ello
estuvo dispuesta a romper la ley. “No tenía ninguna otra opción, especialmente
con mis hijos”, declaró a Newsweek.
Muchos españoles comparten su desesperación. La economía del
país se ha recuperado de la devastadora crisis financiera mundial de 2008, pero
alrededor de dos millones de españoles no pueden pagar un lugar decente para
vivir, informa Habitat 3, una organización no gubernamental española que
trabaja para aumentar la disponibilidad de viviendas con costos accesibles.
Parte del problema es que no hay muchas viviendas públicas.
Sin embargo, otras personas señalan la superabundancia de apartamentos vacíos,
muchos de ellos embargados por los bancos durante la crisis financiera. En los
últimos años, decenas de miles de españoles sin hogar han comenzado a mudarse
en forma ilegal a esos edificios vacíos. Los propietarios, muchos de los cuales
son bancos rescatados por el gobierno durante la crisis, han tratado de
correrlos utilizando el lento sistema penal español, así como guardias privados
de seguridad.
Existen viviendas disponibles, pero muchas son propiedad de
los bancos. En 2016, 1.5 millones de unidades estaban a la venta en España, de
acuerdo con la empresa de consultoría RR de Acuña y Asociados. Y muchas más
propiedades vacías no están en el mercado debido a que los propietarios esperan
que los precios aumenten. Muchas de esas propiedades requieren renovaciones o
se encuentran en áreas rurales donde existe poca demanda, de acuerdo con
analistas de vivienda.
Este desequilibrio en el mercado ha llevado a los españoles
sin hogar de todo el país a ocupar edificios enteros. En toda España, casi
45,000 edificios han sido ocupados ilegalmente en los últimos cinco años, de
acuerdo con cifras gubernamentales difundidas por medios locales. En Barcelona,
las personas que buscan mudarse a una propiedad vacía pueden visitar la
“oficina de vivienda” no oficial, dirigida por activistas y ubicada, por
supuesto, en un edificio ocupado.
Este fenómeno incluso ha cambiado la manera en que trabajan
los agentes de bienes raíces. “Casi nunca ponemos un anuncio en la ventana o en
el balcón de una propiedad como solíamos hacerlo debido a que es muy probable
que terminemos con una ocupación ilegal”, afirma Lorenzo Viñas, gerente del
Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida.
Otra de las razones por las que existen tantos ocupantes
ilegales: es fácil convertirse en uno. Si estos no son detectados en 48 horas,
pueden evitar ser sometidos a un juicio penal y defender su caso en un tribunal
civil con el derecho a apelar. En el lento sistema judicial de España, se
requiere un promedio de dos años para desalojar a un ocupante ilegal. Mientras
tanto, los propietarios son responsables de pagar cualquier factura de
servicios que esté a su nombre.
El gran deseo de desalojar a los ocupantes ilegales ha
generado una oportunidad de negocios cuya legalidad no está muy clara. En los
anuncios clasificados de España existe media docena de anuncios en los que se
ofrecen desalojos extrajudiciales. La autoproclamada pionera de esta industria
es una empresa con sede en Barcelona llamada Desokupa. La compañía comienza
negociando con los ocupantes, generalmente ofreciéndoles dinero para que
desalojen la vivienda. Si esto fracasa, Desokupa coloca un guardia afuera de la
propiedad las 24 horas del día, los siete días de la semana, para evitar que
los residentes que salen vuelvan a entrar. O bien, envían a uno de los
corpulentos hombres (exmilitares y boxeadores) a los que emplea para “negociar”
con los ocupantes, señala Desokupa. El precio de un desalojo comienza en 3,360
dólares, aunque puede ser bastante más si los ocupantes ilegales son
peligrosos.
J., cofundador de Desokupa (quien solicitó no publicar su
nombre completo debido a que la empresa ha venido recibiendo periódicamente
amenazas anónimas) se autodenomina el Bill Gates de los desalojos. Se topó por
casualidad con sus métodos hace algunos años, cuando algunos ocupantes ilegales
invadieron varias de sus propiedades. “No hago nada ilegal. No amenazo a nadie
—dice—. Lo único que hago es fortalecer la propiedad privada”.
Desde luego, los propietarios están en contra de los
inquilinos que actúan fuera de la ley: los activistas alientan la ocupación
ilegal de edificios que son propiedad de los bancos que recibieron rescates
financiados por los contribuyentes. Afirman que esas propiedades deberían convertirse
en viviendas subsidiadas públicamente. Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), un grupo de defensores del derecho a la vivienda, afirma haber ayudado a
más de 3,500 familias a realizar ocupaciones ilegales desde el comienzo de la
crisis. En Cataluña, los bancos son propietarios de más de 43,000 edificios
vacíos embargados, de los cuales, casi 9,000 han sido ocupados ilegalmente, de
acuerdo con Habitat 3.
Los activistas a favor del derecho a la vivienda desean una
legislación que aliente a los bancos a convertir las propiedades que luchan por
vender en viviendas públicas. “Tenemos una gran oportunidad en nuestro país
para adquirir [un superávit de] activos de vivienda a bajos precios y
utilizarlos para fines sociales”, señala Carme Trilla, directora de Habitat 3.
Sin embargo, sin una legislación, los bancos prefieren
esperar para obtener un mejor rendimiento de su inversión. Algunos
ayuntamientos, entre ellos, el de Barcelona, han respondido aplicando multas a
los bancos que mantengan propiedades vacías en sus registros con la esperanza
de que el mercado se recupere.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y exvocera de PAH, ha
tratado de poner en marcha otras medidas para dar vivienda a más personas.
Barcelona pretende aumentar el número de viviendas públicas de 3 por ciento a
alrededor de 15 por ciento de la existencia total de viviendas de la ciudad
durante la siguiente década, y ha otorgado subsidios para que los propietarios
renueven antiguos apartamentos, con la condición de que los alquilen a un precio
accesible. También ha creado equipos para detectar a las personas en riesgo de
desalojo y ofrece subsidios a los inquilinos insolventes que no pueden pagar el
alquiler.
El departamento que ocupó Verónica en agosto pasado ya lo
vendió el banco propietario. Sus nuevos propietarios dueños han anunciado
planes para convertir la propiedad en apartamentos de lujo, por lo que ella,
una vez más, busca un lugar para vivir. Aun así, se muestra agradecida con los
activistas locales por ayudarla a encontrar casa. “No me siento mal por haberlo
hecho —dice—. Ahora solo tengo que luchar para que me den una vivienda
pública”.
Verónica, madre soltera con hijos pequeños, podría colocarse
en el principio de la lista de espera. Pero otras personas no tienen tanta
suerte. Tendrán que buscar un apartamento vacío para ocuparlo ilegalmente.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in
cooperation with Newsweek