El Partido Acción Nacional (PAN) ha responsabilizado al gobierno de Enrique Peña Nieto de estar detrás de los intentos de espionaje de algunos de sus líderes mediante el uso del programa “Pegasus”, el cual ha sido señalado en la presunta vigilancia de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, acusó este miércoles al gobierno de intentar espiarlo a él y a otros miembros del partido con el programa “Pegasus”, el cual es vendido únicamente por la firma israelí NSO Group a gobiernos con el objetivo de combatir a grupos criminales y terroristas.
El dirigente del partido opositor dijo que un equipo interno hizo una revisión del equipo de los miembros del blanquiazul y encontró la existencia de mensajes con vínculos de descarga del software espía “Pegasus”.
Anaya mostró en conferencia de prensa la captura pantalla de dos mensajes de texto, uno recibido en su celular y otro en el del secretario de comunicación, Fernando Rodríguez Doval. Las ligas, expuso, llevan al mismo sitio al que llevan los mensajes que recibieron los comunicadores y activistas.
Sin embargo, el panista dijo estar seguro de que ninguno de los teléfonos está intervenido debido a que, al no conocer el número desde dónde se envió el mensaje, omitieron ir a la página asociada.
“Irememos hasta las últimas consecuencias. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados… Y no nos referimos a los autores materiales, nos referimos a los funcionarios del más alto nivel que ordenaron la compra y el uso ilegal de estos equipos y programas”, advirtió el dirigente del PAN.
El partido político informó que se pusieron en contacto con R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) para que Citizen Lab haga la verificación correspondiente.
Por su parte, el diputado federal Jorge Ramos dijo que solicitó a la Comisión Permanente una comparecencia a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El objetivo, detalló el político, es que rindan cuentas sobre qué agencias gubernamentales han adquirido, directa o indirectamente, licencias de malware de vigilancia, la cantidad, a quiénes han espiado y si se contó con la autorización de un Juez Federal.