Las autoridades de Aguascalientes que participaron en el enfrentamiento con estudiantes de la normal rural de Tiripetío, Michoacán el pasado 9 de junio habrían violado el debido proceso con su actuación e incluso cometido desaparición forzada.
De acuerdo con la versión que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Héctor Benítez, dio en la rueda de prensa del 12 de junio, los policías esposaron a los normalistas y los subieron a las patrullas, pero los liberaron en distintos puntos de la ciudad. Según el funcionario, no los pusieron a disposición de ninguna autoridad “por su propia seguridad”.
Newsweek Aguascalientes consultó al investigador Eloy Morales Brand, especialista en Derecho Penal y Sistema Acusatorio, si de confirmarse esa versión, habría desaparición forzada tal como la prevé el artículo 136 del Código Penal de Aguascalientes.
Ese ordenamiento marca define la desaparición forzada de personas como “detener o mantener oculta a una o varias personas” y/o “autorizar, apoyar o consentir que otro lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación o negar información sobre su paradero”. Además, puntualiza que solo puede imputarse a servidores públicos que lo hagan con motivo de sus atribuciones.
“Si se detuvo para eso (protegerlos) y no se puso a disposición de una autoridad, podría configurarse una privación ilegal de la libertad. Pero además, si en ese tiempo estuvieron incomunicados, no se le dio información a nadie sobre su paradero y no se le dio información a nadie sobre su paradero y nadie supo hasta que los fueron encontrando, posiblemente pueda configurarse una desaparición forzada de personas porque eso implica una detención o privación ilegal de libertad y negar información. O no entregar información sobre el paradero, simplemente privar de la libertad por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, explicó Morales Brand.
Las policías que participaron en el operativo -al menos una patrulla de la estatal aparece en los videos de ese día- también habrían sido omisas en cumplir su deber de proteger la salud de los estudiantes, al liberarlos en puntos distintos de la ciudad sin llevarlos a que un médico valorara sus lesiones. Con ello, violaron el debido proceso.
“Ellos no podían detener y luego dejar en libertad porque no forma parte del protocolo ni de la cuestión Constitucional”, explica el especialista.
Primero, señala, como la mayoría de los jóvenes detenidos presentaba lesiones, debieron haber sido trasladados a donde pudieran recibir atención médica y luego ante una autoridad.
“Si los habían arrestado, (los normalistas) estaban en un status o una circunstancia de detención y en consecuencia ellos no podían decidir sobre su libertad, sino que tenían que llevarlos ante la autoridad correspondiente. En caso de que consideraran que era un delito, ante la Fiscalía; en caso de que consideraran que era una infracción administrativa, ante un juez calificador”, puntualiza.
Finalmente, la manera en la que fueron retenidos, aun cuando hubiera sido por su seguridad, en realidad vulneró sus Derechos Humanos.
“Si supuestamente se les detuvo para llevarlos y cuidar su integridad de los ciudadanos, primero es una actuación indebida porque no tuvieron que haberlos detenido ni esposado, ni mucho menos trasladado en la caja de las camionetas. Desde ahí iba violándose su dignidad”, evaluó el también jefe del Departamento de Derecho de la UAA.