“Chiltepín” tenía una vida de lujos y tormentos en Tijuana. La mujer estaba casada con un exitoso hombre de negocios que le proveía todo, pero que también la golpeaba en arranques de ira.
En ocasiones la empujaba, o le jalaba el cabello. Apretaba y golpeaba sus brazos donde los moretones se cubrían fácilmente con prendas de manga larga.
Una vez, su marido usó una almohada para pegarle en rostro y cabeza para no dejar huellas de la violencia.
Chiltepín recuerda que la última agresión que tuvo fue precisamente así, una almohada en usada con violenta fuerza sobre su cabeza.
Chiltepín no llamó a la policía por miedo a su marido y porque se sentía avergonzada de ser golpeada.
Pero un día esperó a que sus hijas salieran de la escuela para cruzar la frontera y refugiarse en una casa albergue de San Diego.
A sus niñas les dijo que estaban de vacaciones y que rentaba la habitación de una casa para ahorrar dinero, aunque sus hijas no se convencían.
Lloraba porque vivía con sus niñas encerradas en un cuarto del refugio. “Pobres mis hijas, qué vacaciones son para ellas”, pensaba Chiltepín.
La víctima ha pedido proteger su identidad y ser nombrada Chiltepín para este reportaje.
Recuerda que de la noche a la mañana sus vidas cambiaron.
De vivir en una residencia, a dormir en un cuarto donde no podía recibir visitas. De tener una vida cómoda, a tener que buscar empleo. De viajar dos veces al año, a no tener dinero para el cine.
“Dejé todo eso porque yo ya no podía seguir sometida a una persona así”, dice la mujer que protege su identidad.
En San Diego hay varias asociaciones civiles que trabajan de la mano de la policía y que se dedican a proteger a víctimas de violencia que por lo regular son mujeres.
Estas asociaciones han instalado casas que funcionan como refugios anónimos, donde hospedan a las mujeres que son violentadas por sus parejas. Nadie, salvo víctimas y autoridades, saben dónde están estas casas.
Nadie, salvo las autoridades, saben cuántas casas son.
Lo que sí se sabe, es que la violencia doméstica no tiene fronteras, y muchas mujeres que en Tijuana eran víctimas, se refugian en estas casas en San Diego.
La paradoja es que mientras las mujeres mexicanas se refugian en California, los hombres estadounidenses que golpean a sus familias se esconden en Baja California.
El fenómeno de hombres que se refugian aquí existe, aunque es en menor proporción.
Apenas este mes, la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvo en Mexicali a un norteamericano buscado en Estados Unidos por violencia intrafamiliar.
Algunos agresores creen que cruzando la frontera gozarán de impunidad.
Rodolfo Luna Herrera, coordinador de enlace internacional de la PEP dice que entre 2002 y 2016, han detenido a mil fugitivos por delitos graves. De ellos, el 85 por ciento son ciudadanos estadounidenses, precisa.
“Chiltepín”, como muchas otras víctimas de violencia doméstica están dispuestas a empezar de cero con tal de vivir sin violencia.
“Eso nos habla de que hay mucha gente que cruza la frontera y piensa que ya se escapó. Pero no. Hay mucha colaboración e intercambio de información”, dice.
Hombres que golpean a sus mujeres y se esconden en México son “muy pocos”, pues por lo general huyen quienes cometieron delitos por los que pueden recibir cadena perpetua o prisión de más de cinco años.
Pero hay hombres que han asesinado a sus parejas, y esos son los casos que regularmente buscan esconderse en el país.
Cuando la violencia doméstica se convierte en homicidio, se desdibuja la estadística.
De sur a norte, existe el mismo acuerdo de colaboración.
Los refugios reciben a toda víctima, pero deben estar dispuestas a seguir un estricto régimen de seguridad: cumplir con un horario, no compartir la dirección y claro, no recibir visitas.
Aún con sus limitaciones, estas casas se han convertido en un oasis para las mujeres mexicanas violentadas que pueden cruzar la frontera huyendo de la violencia.
Las víctimas que pueden ingresar a Estados Unidos buscan refugio en albergues secretos que se encuentran en el condado de San Diego. Ahí no se investiga el estatus migratorio de las mujeres violentadas. FOTO: NEWSWEEK EN ESPAÑOL BAJA CALIFORNIA
Las refugiadas reciben atención psicológica y seguridad, asistencia legal y orientación para volverse independientes.
Chiltepín huyó de las agresiones de su esposo y de autoridades en las que no confiaba, pero su caso no es el único en esta frontera.
La última mujer mexicana que se refugió en San Diego, llegó hace un par de meses.
Este fenómeno ha sido identificado por la Fiscalía de San Diego y activistas. Y responde a que las mujeres confían más en la protección que pueden recibir en Estados Unidos que en México.
En Baja California, el sistema judicial ha orillado a víctimas de violencia doméstica a buscar refugio en California.
Las mujeres que llegan a San Diego buscaron primero ayuda en su país, y no encontraron apoyo o un castigo efectivo a sus agresores.
Claudia García, abogada en derecho familiar, recuerda a una mujer que se presentó ante las autoridades mexicanas manchando el piso con su sangre y el esposo con los puños ensangrentados, sin que lo detuvieran.
Eventualmente, esta mujer también se refugió en San Diego.
La mayoría de las mujeres huye de un esposo maltratador, pero también huyen del sistema judicial.
Los albergues en San Diego reciben a mujeres sin cuestionar su estatus migratorio, aunque se sabe que muchas mujeres tienen hijos nacidos en Estados Unidos.
Algunas recurren a amigos o familiares, pero otras se acercan a organizaciones como el Family Justice Center, —entre otros— que las canalizan a albergues.
“Ya cuando vienen a este país es porque de plano intentaron en los ministerios públicos y sus peticiones cayeron en oídos sordos”, dice la abogada Claudia García, que ha representado decenas de mujeres mexicanas en San Diego.
“No hay ayuda en su país, en su sistema. El sistema no está ahí para ayudar a las víctimas de violencia doméstica”.
Tampoco hay una estadística de cuántas mujeres llegan a San Diego desde México buscando ayuda en los albergues, pero la abogada con más de veinte años de práctica dice haber visto “muchos, demasiados” casos.
Cuando la mujer se lleva consigo a sus hijos a Estados Unidos, es común que el marido las denuncie por sustracción de menores en el marco de la Convención de la Haya. FOTO: NEWSWEEK EN ESPAÑOL BAJA CALIFORNIA
La Fiscalía del Condado de San Diego coincide en que es un fenómeno “muy frecuente”.
García dice que ha representado a mujeres que vivían en colonias populares y en fraccionamientos lujosos de Tijuana.
“Las víctimas están en todos los círculos de sociedad”. Y los albergues reciben a todas.
“Yo he tenido víctimas que son esposas de sociedad, casadas con gente muy prominente en política, en el sistema judicial”.
La mayoría de ellas comprueba que emitió una denuncia ante el ministerio público, aunque muchas veces sus casos no prosperan y prefieren cruzar la frontera.
Pero la pesadilla no termina una vez que las mujeres llegan a suelo americano. Algunos agresores utilizan a los hijos para hostigar desde México a las víctimas.
Algunas mujeres han sido denunciadas por sustracción de menores en el marco de la Convención de la Haya.
Aunque nadie puede ordenar a un adulto dónde vivir, los jueces sí pueden emitir una orden para que los menores de edad regresen a México.
Un recurso legal usado frecuentemente por las mujeres es la apelación. Si ganan, la madre puede seguir viviendo con sus hijos en Estados Unidos y los padres podrán ver a los menores bajo supervisión.
“Yo he tenido víctimas que son esposas de sociedad, casadas con gente muy prominente en política, en el sistema judicial”, dice la abogada Claudia García.
Si pierden, la madre se ve forzada a regresar a México con sus hijos, lo que significa regresar exactamente al escenario del que alguna vez huyeron.
Este proceso legal puede extenderse por años. En el caso de “Chiltepín”, ocho años y contando.
Jesse Navarro, vocero de la Fiscalía de San Diego dice que siguen llegando mujeres mexicanas a refugiarse en el condado.
La última mujer mexicana que se refugió en San Diego, llegó hace un par de meses.
“Las autoridades mexicanas por más que quieran no han podido dar la protección adecuada a estas víctimas”, dice Navarro. Por eso encuentran apoyo en el lado estadounidense.
El Centro de Justicia Familiar (Family Justice Center) de San Diego, es uno de los organismos civiles de apoyo.
“Todas son bienvenidas, así vengan de México, con mucho gusto les ofrecemos nuestros servicios”, dice Misty Cedrun, teniente de la unidad de violencia doméstica de la Policía de San Diego, dependencia que opera el Centro de Justicia Familiar.
Poco más del 50% de las mujeres que reciben son de ascendencia latina, aunque muchas tienen residencia en San Diego.
Una de las principales razones por las cuales víctimas de violencia doméstica optan por salir de México es porque no consiguen órdenes de restricción para sus agresores.
Incluso la abogada Claudia García admite que hasta la fecha no conoce una sola víctima que haya obtenido una en Baja California.
En México esta figura legal existe con otro nombre y otras características.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, publicada en 2008 describe las denominadas órdenes de protección.
“Son actos realizados por las autoridades competentes, de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares, sobre hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia”, dice la ley.
De entrada, lo primero que las diferencia es la temporalidad.
Las órdenes de emergencia y preventivas duran hasta tres días, aunque pueden renovarse. La ley dice que se expiden dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud.
Las órdenes de restricción temporales de California pueden emitirse en un inicio hasta por 21 días y posteriormente, la corte determina si se requiere otra extensión.
Las órdenes de protección civil son tramitadas ante un juez, que debe valorar desde la suspensión temporal de visitas y convivencia entre el agresor y los hijos, hasta el embargo preventivo de bienes y la obligación alimentaria.
Los refugios reciben a toda víctima, pero deben estar dispuestas a seguir un estricto régimen de seguridad: cumplir con un horario, no compartir la dirección y claro, no recibir visitas. FOTO: NEWSWEEK EN ESPAÑOL BAJA CALIFORNIA
Incluso, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California trajo reformas que también contempla la emisión de estas órdenes.
Tanto en California como Baja de California una orden de restricción puede obligar a que la persona restringida se aleje, no contacte, se mude, no posea una arma de fuego y/o pague la manutención del cónyuge, pareja e hijos.
En California, una orden de restricción también puede obligar a un agresor a tomar un programa para maltratadores de 52 semanas.
Pese a ello, víctimas de violencia doméstica dicen no confiar en la justicia mexicana.
Paulina Tinoco, jefa de zona del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal en Tijuana, dice que existe colaboración entre autoridades municipales y estatales para garantizar la protección de las víctimas y sus hijos.
—¿Considera que el sistema protege a las víctimas?
Chiltepín no llamó a la policía por miedo a su marido y porque se sentía avergonzada de ser golpeada.
—Sí, es decir, nosotros no podemos estar acompañando a todas y cada una de las víctimas, pero las herramientas jurídicas que existen ahorita nos ayudan más a nosotros como autoridad y al tener conocimiento de un hecho delictivo de esa naturaleza como lo es la violencia familiar. Sí tenemos más herramientas para poder brindar esa protección, definitivamente.
De enero a mayo, la PGJE ha emitido 852 órdenes de protección.
El alto número de casos de violencia doméstica en el estado impulsó cambios en las leyes.
En 2015 se implementó una ley propuesta por la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Baja California que faculta a jueces municipales para emitir las denominadas “órdenes de protección emergentes” con vigencia de 72 horas.
La ley busca agilizar la medida cautelar apoyándose de una autoridad “más cercana a la población”, pues el Ministerio Público puede resolver con más lentitud por su carga de trabajo, explica la exdiputada Rosalba López Regalado, quien presidiera dicha comisión.
“Estamos todavía con un reto muy grande aquí en México de que esa implementación se esté dando y aparte, que sea conocida por las víctimas, que la puedan hacer valer”.
Con esta modificación, la obtención de una orden de protección debe ser más accesible a diferencia de las órdenes que se solicitaban antes de 2015.
“Por ley está. Falta que en la práctica se esté dando”, dice la exdiputada.
Tanto en Tijuana como San Diego, el delito de violencia doméstica es uno de los más recurrentes pero también, uno de los menos denunciados.
En el pasado año fiscal, se registraron cerca de 18 mil casos de violencia doméstica en San Diego, un aumento del 6% en comparación al año fiscal 2014-15, señala un informe de la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag).
Aún así, autoridades estiman que solamente un 15% de las víctimas denuncia penalmente ante las autoridades.
Para Ana Laura Galicia, psicóloga especialista en violencia familiar, es “totalmente comprensible” que víctimas de violencia tomen una decisión drástica y busquen auxilio en otro país.
“Si otro país que no es el tuyo te ofrece protección a tus derechos humanos que no te ofrecen en dónde estás, pues lo tomas, más allá de los recovecos legales, por el simple hecho de proteger la vida”, considera.
Dice que la prioridad es protegerse y el castigo para la pareja pasa a un segundo plano.
Pero protegerse no es la única solución a la violencia doméstica. Una recuperación integral requiere que el agresor reciba terapia para prevenir que vuelva a atacar.
Óscar Salvador Cárdenas fue detenido por la Policía Estatal Preventiva en Mexicali, después de que huyera de la justicia de Estados Unidos por el delito de violencia intrafamiliar. Es común que hombres que violentan a sus familias en California, crucen la frontera para esconderse en Baja California. FOTO: NEWSWEEK EN ESPAÑOL BAJA CALIFORNIA.
La psicóloga dice que la protección de víctimas en México es “deficiente y arcaico”.
“En el papel sí (funciona), en instrumentación no”.
“El día que el sistema investigativo sea eficiente como para comprobar el delito y entonces pueda existir un castigo ejemplar, entonces los agresores se detendrían y las víctimas se atreverían a denunciar”.
“Chiltepín”, como muchas otras víctimas de violencia doméstica están dispuestas a empezar de cero con tal de vivir sin violencia.
Por lo pronto, logró calificar para obtener vivienda a bajo costo.
Su esposo la demandó por sustracción de menores, pero como ella ya le había dado permiso de visitar a sus hijas en San Diego, un juez rechazó que existiera rapto.
Su próxima batalla es obligar a su esposo a mantener a sus hijas, pues “Chiltepín” no encuentra empleo fijo desde noviembre.
El esposo le ha pedido llevar el caso de manutención en México, pero ella cuenta con residencia legal permanente y prefiere permanecer en Estados Unidos junto a sus hijas.
Y aunque en ocasiones duda si tomó la mejor decisión, cree que en un futuro será lo mejor para su familia.
“Sí vale la pena. No lo veo todavía claramente, pero sé que valdrá la pena”.