Dos poderosos funcionarios del gobierno de Javier Duarte, encargados de la coordinación general de Comunicación Social en Veracruz,figuran como probables responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos (mdp) de doce dependencias distintas.
Georgina Domínguez, exvocera de Javier Duarte en complicidad con Alberto Silva Ramos, ahora diputado federal, habrían armado una red para el desvío millonario de recursos del erario a empresas fantasmas.
Domínguez fue detenida y encarcelada este sábado por los cargos deenriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desvío de recursos. La exvocera se ganó el apodo de “vicegobernadora” por ejercer el control directo para exigir la salida de periodistas y marcar la línea editorial de diversos medios estatales.
LEE TAMBIÉN: El túnel de corrupción de Javier Duarte
Los periodistas y comunicadores enfrentaron la peor oleada de asesinatos y desapariciones durante la administración de Javier Duarte. Sin embargo, en diversas ocasiones, Georgina Domínguez dijo públicamente que esos reporteros estaban vinculados con el narcotráfico.
Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia estatal anunció que enviará la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del diputado federal del PRI, Alberto Silva, para poder proceder en su contra por irregularidades durante su gestión como coordinador de Comunicación Social.
La coordinación de Comunicación Social del estado, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, operaron un mecanismo donde la dependencia solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación, publicó Animal Político.
LEE TAMBIÉN: El uso político de Javier Duarte
El método se usó sin ningún dictamen que acreditara la solvencia para ejercer el presupuesto. Finalmente,el dinero iba a parar a compañías escogidas directamente por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
No obstante, la justicia veracruzana no puede dictar una orden de aprehensión contra Alberto Silva debido al fuero con el que cuenta como legislador.
Con información de Animal Político.