En la dependencia encargada de combatir la corrupción en el gobierno de Baja California, nadie sabe dónde quedaron 30 millones de pesos.
La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, que encabeza Bladimiro Hernández aumentó su presupuesto en un 102%. De tener 49 millones 588 mil 730 pesos en 2015, en 2016 subió a 100 millones 245 mil 945 pesos.
Ese aumento se concentró en la partida destinada a “Otros servicios profesionales y técnicos”, la cual recibió 42.5 millones de pesos y de acuerdo a una solicitud de transparencia, ese dinero se gastó en dos programas.
El primero es el programa de “Evaluación para la innovación y modernización de la función pública”, donde se gastaron 7.6 millones de pesos.
El otro programa se llama “Fiscalización y seguimiento de la inversión pública” y en él se gastaron 33.8 millones de pesos.
En la respuesta de transparencia, la dependencia detalla cómo se gastaron los recursos del primer programa. Pero al describir cómo gastaron los 33.8 millones de pesos del segundo, sólo comprueban el destino de 4.2 millones.
La contraloría no respondió a la solicitud de entrevista para explicar dónde están esos 29 millones 539 mil 764 pesos del programa de fiscalización y seguimiento de la inversión pública y de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, no cabe la posibilidad de un subejercicio.
La vida profesional de Hernández ha estado ligada a la del gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega De Lamadrid.
Desde la época en que este fue presidente municipal, el ahora contralor era su funcionario en la coordinación general del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tijuana.
Ese antecedente laboral de Hernández fue omitido en el currículum que aparece en la página web del gobierno estatal.
“La dependencia que supuestamente tendría que ser modelo en el uso de los recursos, no lo está siendo. Entonces, ¿cómo van a estar las demás? Pues van a estar peor”, dice Ignacio Anaya Barriguete, catedrático de la UABC.
Para Anaya, la contraloría estatal “está recibiendo recursos de manera exagerada”, situación que concuerda con “la poca claridad que hay al interior del gobierno del estado, en el manejo de los recursos”.
Luis Moreno Hernández, diputado local del PES, dice que “en Baja California existe un problema crónico de opacidad, de uso indiscriminado de recursos públicos”.
“Queda claro que un gran porcentaje del presupuesto de las dependencias gubernamentales tiene un destino incierto, que generalmente está vinculado a pagar favores políticos, a fortalecer aspiraciones electorales individuales o de partidos, y que en nada tienen que ver con los objetivos y metas que las instituciones plantean”, añade.
De hecho, 6.4 millones de pesos que comprobó la dependencia terminaron en las arcas de Grupo Consultor de Mercados S.C., razón social de la agencia de mercadotecnia e investigación Explora.
Entre los servicios que se le pagaron a Explora están los de “capacitación” y “asesoría”, así como una “evaluación de calidad de los servicios”, cuyo costo global fue de 791 mil 602.56 pesos.
“Te puedo asegurar que ni siquiera se hizo eso. Nada más se cobró. ¿Dónde está todo el soporte documental de que realmente se llevó a cabo ese servicio, que ya de entrada es escandaloso?”, dice Anaya, quien fuese candidato independiente a diputado local en las elecciones de 2016.
Explora le ha trabajado al Partido Acción Nacional y al poder Ejecutivo del Estado en anteriores ocasiones.
Otros 3 millones 190 mil pesos fueron para la empresa Estrategia Financiera Profesional S.C., dirigida por Emilio Ricardo Báez Magaña, quien le ha trabajado a gobiernos priistas, como los de Jalisco y Guerrero.
La respuesta de transparencia emitida por la Contraloría simplemente explica que se hizo un contrato con la empresa de Báez, pero no se explica el concepto del mismo.
Entre los beneficiados con dicha partida también saltan nombres conocidos. Tal es el caso de Marco Antonio Moreno Mexia, quien fue tesorero de Mexicali en el ayuntamiento de Jaime Rafael Díaz Ochoa. Moreno recibió un contrato por 928 mil pesos.
También aparece el coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas del Poder Judicial de Baja California, Mario Fibela Del Castillo, con un contrato por 162 mil 400 pesos.
Fibela confirma que sí cobró ese dinero siendo funcionario de otro poder, pero que esto no le genera conflicto de intereses de acuerdo a su análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dice que tenía una alianza con la empresa Explora, con quien desarrolló un programa para evaluar el desempeño de las dependencias centrales y paraestatales y él colaboró con “el diseño y video” del proyecto; también que todo lo hizo en horarios fuera de su labor pública y no asistió a reuniones institucionales.
Otro beneficiado fue Mauricio Javier Bustos Eguía, quien fuese vicepresidente de Secciones Especializadas en la Canaco Mexicali. Bustos recibió 84 mil 100 pesos.
Los elegidos para recibir tales recursos fueron pocos. La lista es completada por Jeca Consulting de Mexicali S.D., que obtuvo 330 mil 600 pesos; Soluciones Norgo S. de R.L. de C.V., que recibió 295 mil 800; así como Jesús Ramón Sánchez Carrasco, beneficiado con 139,200 pesos.
Todo ese gasto, sin embargo, no se ha visto reflejado en un trabajo más intenso de la contraloría. El 2016 fue el año con menos sanciones (69) desde que se publican las mismas, en 2010.
Dos muestras del escueto trabajo de la contraloría en ese lapso son los casos de Carlo Humberto Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico, y Jorge Alberto Cornejo Manzo, exsubdirector de Imagen, Producción y Publicidad del poder Ejecutivo.
En octubre de 2016, a Bonfante se le abrió una investigación por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por una devolución ilegal de 239 millones 779 mil 316 pesos, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), efectuada a Industrias Zahori, empresa fundada por él, correspondiente a los ejercicios de 2003 a 2015.
Antes, el 14 de agosto de 2015, un trabajo periodístico de la revista Zeta dio a conocer que empresas propiedad de Bonfante, su esposa, Eva María Gallego Salas, y amigos del matrimonio, habían recibido 51 millones 935 mil 935 pesos en apoyos federales relacionados con programas del Conacyt, que eran coordinados por la Sedeco en territorio bajacaliforniano.
Por lo que respecta a Cornejo, periodistas locales denunciaron, primero en sus espacios y luego mediante un desplegado, publicado el 11 de noviembre de 2016, que el funcionario orquestaba una campaña difamatoria en contra de las comunicadoras Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortés Juárez, buscando silenciar investigaciones críticas sobre la administración de Vega.
Los castigos a funcionarios en esta administración han costado como nunca. En el gobierno anterior, cada sanción costaba 112 mil 745 pesos. El año pasado, el costo promedio fue de 1.4 millones de pesos. GRÁFICO: ÁXEL MÁRQUEZ /dato.mx
Bonfante ha continuado en su cargo sin problema, mientras Cornejo renunció al suyo, pero la contraloría no tomó ninguna acción punitiva en contra de ellos u otros funcionarios, en dichos casos.
También integrantes del sector privado han denunciado un incremento en los actos de corrupción.
El líder estatal de la Coparmex, Armando León Ptanick, expresó que han tenido denuncias de empresarios sobre “cuotas que les piden, en obras de licitación, que tradicionalmente eran del 10%, y ahora son del 20%, (que) es un dineral”, de acuerdo a la agencia Tijuanapress.com.
León dice que los afectados se abstienen de efectuar denuncias sobre esas conductas porque, con ello, se cerrarían las puertas para seguir trabajando en obras gubernamentales.
Anaya lamenta “el hecho de que tengamos una contraloría a la cual se le destinan tantos recursos y produce tan magros resultados”, puesto que únicamente “se ha dedicado a medio sancionar”.
Y la ineficiencia de la contraloría ha resultado ser cara. En 2013, último año del gobernador Guadalupe Osuna Millán, una sanción costaba en promedio 112 mil 745 pesos.
El año pasado, el costo promedio de la sanción fue de 1.4 millones de pesos.
En los últimos cuatro años del sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, las sanciones siempre fueron en aumento, pero durante el mandato de Francisco Arturo Vega De Lamadrid, la tendencia ha sido a la inversa.
Por eso el diputado Moreno dice que “urge convertir a las contralorías en organismos verdaderamente autónomos. Contralorías ciudadanas de vigilancia del gasto público, electas desde consejos técnicos integrados por grupos de la sociedad civil, colegios, instituciones académicas. Que sean un verdadero contrapeso al uso del recurso público”.
En Baja California, las iniciativas que crean un sistema estatal anticorrupción apenas fueron presentadas el pasado 6 de abril.
Sin prisa, el diputado local panista Raúl Castañeda Pomposo señala que “tenemos hasta junio” para concretar el tema.
Anaya dice que “hay una desviación escandalosa de los recursos públicos, particularmente en esta administración. Todos lo sabemos, lo hemos ido tolerando. Afortunadamente, con la labor que hacen los medios, empieza a salir todo esto”.
“El desvío de los recursos públicos por parte de cualquier gobierno es como el amor: No se puede ocultar, tarde o temprano florece. No nos extraña, porque hemos visto, en tres años de gobierno, cómo se han manejado los dineros, pero sí nos preocupa que se siga haciendo y que no se ponga un freno”, concluye.
ALZA DESCONTROLADA
Así varió el monto de recursos asignados a las partidas donde se concentró el incremento presupuesto a la contraloría bajacaliforniana:
