El juez Brian Cogan, de la corte de Brooklyn, ordenó una ligera flexibilización de las condiciones carcelarias a las que está sujeto el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, las cuales sus abogados afirman que violan sus derechos constitucionales.
El fallo del juez estadounidense, al que tuvo acceso la agencia AFP, permite que el capo que pueda “enviar mensajes previamente monitoreados a su esposa, sujetos a revisión de agencias de monitoreo o de un abogado que hace de intermediario, sobre su elección de un abogado privado, el pago del abogado privado y de naturaleza personal”.
No obstante, Cogan rechazó el pedido de sus abogados de transferir al capo a una cárcel con otros presos y negó el pedido de visita de la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional y desechó toda comunicación de “El Chapo” con potenciales testigos de su juicio.
A decir del juez, las estrictas condiciones de detención “son razonablemente necesarias para asegurar que el acusado no pueda coordinar ninguna fuga de prisión, liderar ninguna violencia contra gente que coopere (con la acusación) o administrar ningún aspecto del negocio del cártel de Sinaloa”
Los abogados de oficio de Guzmán Loera habían reclamado una mejora en las estrictas condiciones de detención del exjefe del cártel de Sinaloa, extraditado a Estados Unidos el 19 de enero y encarcelado desde entonces en casi total aislamiento.
Pedían que su esposa Emma Coronel pudiera visitarlo en persona o hablar con él por teléfono para “determinar la disponibilidad de fondos necesarios” para pagar una defensa privada.
Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas, “El Chapo” se declaró no culpable de los 17 cargos de los cuales le acusa la justicia estadounidense. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua. Su juicio aún no tiene fecha de comienzo.
La fiscalía sostiene que “El Chapo” está bien de salud, que 30 personas han sido autorizadas a visitarlo y que tiene en promedio 21 horas de reuniones semanales con sus abogados y asistentes legales.
—
Con información de AFP