Por: Elaine C. Kamarck
En un maníaco intento de cumplir una
promesa de campaña hecha antes del final de sus primeros 100 días en el cargo,
el presidente Trump trató de convertir al financiamiento de su enorme y hermoso
muro en la frontera mexicana en una condición para mantener abierto al gobierno.
Su gobierno también ofreció un acuerdo
de dólar por dólar: un dólar para subsidiar Obamacare por cada dólar asignado
al muro.
Ese cálculo político nunca tuvo mucho
sentido. Como ha señalado mi colega Bill Galston, no se trata de una
transacción de bienes raíces. Para los demócratas, la atención a la salud para
millones de estadounidenses simplemente no es la misma moneda de cambio que el
muro de Donald Trump. Así, después de varios días, la Casa Blanca dio marcha
atrás.
Si
la idea de construir un muro tiene poco sentido político, la propuesta del
presidente de hacer realidad su promesa de campaña es aún más descabellada.
Para
empezar, México no pagará el muro. No lo hará ahora. No lo hará mañana. No lo
hará nunca. Y todo el mundo, excepto Donald Trump, parece saberlo.
Por
ello, la cuestión se convierte rápidamente en la siguiente: ¿existen mejores
usos para los aproximadamente 25,000 millones de dólares que se calcula costará
el muro? Además, ¿funcionará?
¿Es rentable en términos de negocios?
El
presidente tiene a su lado a su yerno, Jared Kushner, que es un líder
corporativo que podría calcular fácilmente un análisis de costo-beneficio del
muro y compararlo con otros usos para esos fondos.
Si
lo hace, no le vendría mal un poco de historia. En 2006, un Congreso demócrata
y el presidente George W. Bush acordaron crear una reforma migratoria
bipartidista.
Los
republicanos se mostraron escépticos de que la frontera fuera lo
suficientemente segura como para garantizar una reforma efectiva, y exigieron
la realización de cálculos para evaluar el nivel de seguridad de la frontera. Esto
llegó a conocerse como Índice de Condición de la Frontera. Inicialmente, el
Departamento de Seguridad Nacional prometió esos cálculos al Congreso, pero al
final admitió que no había logrado ningún avance.
Para
aplacar a los escépticos de su partido, el presidente Bush puso en marcha un
proyecto amplio, costoso y finalmente condenado al fracaso denominado SBINet, o
Red de la Iniciativa de la Frontera Sur.
Esta
fue planeada como una “cerca virtual” que detendría a los inmigrantes ilegales
en la frontera con una mezcla de torres de vigilancia, cámaras, sensores y otra
infraestructura que enviaría datos a un sofisticado sistema de tecnología de la
información para manejar ambas fronteras de Estados Unidos. Pero el sistema
estuvo lleno de problemas. Cuatro años y cerca de 1000 millones de dólares
después, SBINet había desaparecido.
La
muerte de SBInet es un ave de mal agüero de los problemas que vendrán para el
muro del presidente Trump. El primero de ellos es que cualquier barrera física
resuelve únicamente una parte del problema. Una amplia porción de los
inmigrantes ilegales entraron a Estados Unidos utilizando documentos
fraudulentos o llegaron legalmente y se quedaron más tiempo del indicado en sus
visas.
La
segunda es la enorme dificultad de construir barreras a través del escarpado e
inhóspito terreno que conforma gran parte de la frontera.Y desde luego, en todo
muro hay túneles.Estados
Unidos ha encontrado 150 túneles debajo de la frontera entre México y Estados
Unidos desde la década de 1990.
La
construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos también enfrentará
al presidente Trump contra algunos de sus más fervorosos partidarios en uno de
sus mejores estados: Texas.
Antes
de que la construcción siquiera comience, el gobierno deberá apropiarse de la
tierra fronteriza que se requiere para construir el muro. Cerca de dos tercios
de la tierra a lo largo de la frontera es de propiedad privada, y la mayor
parte de ella se encuentra en Texas. Eso significa que, para construir un muro
fronterizo, el gobierno federal tendría que ejercer su derecho a la
expropiación como lo hizo cuando adquirió los terrenos en los que se construyó
una cerca en algunas porciones de la frontera.
Y
en la revisión realizada por Associated Press de casos de expropiación de
tierras relacionadas con la frontera ocurridos en 2012, se encontró que “el
gobierno estadounidense gastó aproximadamente 15 millones de dólares para
adquirir 300 propiedades a lo largo de la frontera en Texas”. Y en un reportaje
publicado en el Washington Post y escrito por Karen Tumulty se muestra que hay poco
entusiasmo por el muro en el distrito del Congreso que alojaría una buena parte
del mismo.
Aunque
los precedentes legales están del lado de Trump, el hecho es que ejercer el
derecho a la expropiación siempre provoca controversias, especialmente entre
los conservadores del Partido Republicano.
Cuando
la decisión tomada en 2005 por la Suprema Corte en el caso Kelo v. New London reforzó el derecho del gobierno
a la expropiación, los miembros republicanos del Congreso despotricaron contra
ella e incorporaron leyes para disminuir su impacto.
En
2007, el grupo de analistas de derecha The Heritage Foudation publicó un
informe denominado “La decadencia y caída del derecho a la propiedad: El
gobierno como terrateniente universal”. Y en la campaña presidencial de 2016,
el senador Ted Cruz de Texas hizo público un anuncio de ataque en el que
criticaba a Trump por su uso del derecho a la expropiación.
Así,
en su deseo de cumplir su promesa de campaña, Trump podría acabar enfrentando
la ira de sus compañeros republicanos, quienes se oponen decididamente a que el
gobierno expropie la tierra.
Durante
la campaña, el muro se convirtió en una poderosa metáfora simbólica de una
postura más firme contra la inmigración. Pero el presidente Trump no es el
primer mandatario en descubrir que, en ocasiones, las mejores frases de campaña
acaban siendo proyectos fallidos en el Congreso.
¿Recuerdan
la promesa del Presidente Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo?
Eso tampoco ocurrió.
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Este artículo apareció originalmente en el
sitio web del Instituto Brookings.